El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que el traslado de políticos catalanes procesados a cárceles de esta comunidad autónoma es «simplemente cumplir» la legislación penitenciaria, pero que no tendrá «ninguna consecuencia más allá de esa» ni ninguna «implicación política».
Sánchez se expresó así en rueda de prensa en Lisboa cuando fue preguntado sobre si espera algún gesto del presidente autonómico catalán, Quim Torra, en respuesta a esta decisión, y si teme que los presos reciban algún trato de favor por parte de las autoridades penitenciarias catalanas, que tienen la competencia transferida.
Después de que Instituciones Penitenciarias anunciaran ayer el traslado inminente de los primeros seis presos, Sánchez lo justificó afirmando que su Gobierno ha sido «muy transparente desde el primer momento», diciendo que una vez «sustanciada» la fase de instrucción de los delitos que se les imputan «se tiene que aplicar la legislación penitenciaria».
Y esta, remarcó, señala que los presos deben estar «cerca de donde se cuenta con arraigo social, de sus familias y de sus abogados para poder plantear sus defensas».
«Simplemente cumplimos la legislación penitenciaria y no hay ninguna consecuencia más allá de esa», insistió Sánchez.
El anuncio del traslado se produce una semana antes de que el jefe del Ejecutivo reciba en la Moncloa a Quim Torra, pero el Gobierno siempre ha desvinculado ambos asuntos alegando que siguen cauces distintos.
El presidente del Gobierno, que compareció junto a su homónimo portugués, Antonio Costa, en el marco de una reunión bilateral entre ambos, dejó sin responder una pregunta sobre si es posible que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda disfrutar de un servicio de escolta mientras está en el extranjero, huido de la justicia.
UN PAGO AL INDEPENDENTISMO, SEGÚN ARRIMADAS
La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, por su parte, criticó la decisión de trasladar los presos separatistas a cárceles catalanas calificándolo como un «nuevo pago» del presidente del Gobierno al independentismo a cambio de haber votado a favor de la moción de censura que lo invistió.
En un tuit recogido alertó de que es «increíble que el control penitenciario de encausados por rebelión se deje en manos de quienes siguen amenazando con saltarse las leyes y dar otro golpe», en referencia al gobierno autonómico de Torra, que tiene las competencias sobre las cárceles catalanas, la única autonomía española que las tiene transferidas.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trasladará al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al diputado de JxCat Jordi Sànchez, al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y al exconseller Raül Romeva a la cárcel de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).
