La ‘Operación Enredadera’ que investiga el presunto amaño de contratos de servicios para la regulación del tráfico y la gestión de multas en ayuntamientos gobernados por el PP, el PSOE y Ciudadanos, se ha saldado con al menos 39 detenidos, 18 de los cuales pasarán a disposición judicial.
Así lo han informado fuentes de esta investigación en la que se han practicado 92 registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares, y 21 requerimientos de información en una cuarentena de municipios, además de en la Diputación de Alicante.
Entre los detenidos hay políticos del PP, el PSOE y Ciudadanos.
Entre ellos está, por ejemplo, Carlos Ruipérez, alcalde de Arroyomolinos (Madrid), el municipio más grande donde gobierna Cs. Es el primer regidor de Ciudadanos arrestado por un caso de supuesta corrupción.
Otros cargos de la formación de Albert Rivera arrestados son Sadat Maraña, asesor en la Diputación de León, y el portavoz en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo (León) y diputado provincial, Juan Carlos Fernández.
También se ha detenido al empresario José Luis Ulibarri, investigado dentro de la trama del ‘caso Gürtel’.
POLICÍAS DETENIDOS
Entre los policías detenidos se encuentra José Francisco Cano, jefe de Policía Local de Fuenlabrada, al que el Ayuntamiento le ha abierto un expediente disciplinario tras su arresto. Cano también es el secretario de Unijepol, una organización que reúne a los jefes de las diferentes policías municipales del país.
Otros arrestados son los jefes de la Policía Local de Oviedo y Pinto (en Madrid), el subinspector de ese cuerpo en Plasencia (Cáceres) o la concejal de Seguridad de Villanueva de la Cañada (Madrid), Julia Tortosa. Asimismo, ha sido llevado a declarar el jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga.
APLICACIONES GESPOL, EN EL EPICENTRO
Al frente de esta investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se encuentran la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona). También investiga un juzgado de León.
El citado juzgado de Badalona ordenó los registros para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., dedicada al mantenimiento informático para la gestión de infracciones de tráfico y seguridad vial.
Esta mercantil, supuestamente epicentro de la trama, pertenece desde 2016 a Valoriza, del grupo Sacyr, que ha anunciado una investigación interna sobre lo ocurrido.
Dos responsables de Aplicaciones Gespol han sido detenidos.
«PRESUNTAS COMISIONES A CARGOS PÚBLICOS Y A POLICÍAS LOCALES»
Según Anticorrupción, esta empresa «habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local».
Fuentes de la investigación han informado que la investigación se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
Indican que los hechos presuntamente delictivos se remontan a 2012 y 2013, cuando se habrían amañado los pliegos de los contratos municipales adjudicados a Aplicaciones Gespol.
Los investigadores sospechan que se manipulaban los datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no hacían falta, con finalidad recaudatoria.
La empresa pagaba presuntamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales.
Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, estas mismas fuentes indican que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de forma desproporcionada.
Los hechos investigados en la ‘Operación Enredadera’ podrían constituir presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
