Cristina Dexeus ante la puerta principal de la Fiscalía General del Estado, en la madrileña calle de Fortuny. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Cristina Dexeus: “Los fiscales tenemos reivindicaciones que se pueden hacer realidad ya, a coste cero”
Presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria
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07/7/2018 01:40
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Actualizado: 07/7/2018 01:40
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Nació en Barcelona en 1962, aunque estudió la carrera de Derecho en la Universidad Complutense. Entre 2014 y este año ha sido vocal del Consejo Fiscal. En el plano asociativo es la presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en esta carrera de defensores de la legalidad, y en el profesional, fiscal coordinadora de la Sección Territorial de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.
Dexeus es uno de los líderes de las 7 asociaciones -4 de jueces y 3 de fiscales- que han formado un frente común en defensa de sus reivindicaciones y que el pasado 22 de mayo convocaron una huelga que fue seguida por el 54 por ciento de unos y de otros. Todo un éxito.
Los acontecimientos que han conducido a la salida de Mariano Rajoy de La Moncloa y al PP del Gobierno y a la entrada de Pedro Sánchez y del PSOE, en su lugar, han dado lugar a escenarios y protagonistas que hace un mes y medio eran impensables.
Tres ejemplos: Tres compañeros de la asociación hermana, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con la que comparten objetivos muy estrechos de cara a la carrera, Dolores Delgado, Manuel Jesús Dolz y María José Segarra, son ahora la ministra de Justicia, el secretario de Estado del ramo y la fiscal general del Estado. Un giro del relato político digno de un buen guionista de Hollywood.
Sobre esto versa, precisamente, nuestra conversación. Compañeros que antes estaban a este lado de la trinchera ahora están en el otro lado. Personas que compartían objetivos y lucha, hombro con hombro, son hoy los interlocutores al otro lado.
¿Es mucho suponer que el hecho de que los máximos responsables al otro lado facilite la consecución de muchas de sus reivindicaciones ¿Cuentan con ello?
Eso esperamos. Todos ellos son miembros de la carrera fiscal. Tanto la ministra, como el secretario de Estado y la fiscal general del Estado. Por lo tanto muchos más sensibles a temas que hemos venido reivindicando y que todos ellos, personalmente, han reivindicado hasta hace unos días.
Bueno, hicieron huelga el pasado 22 de mayo…
Efectivamente. Están comprometidos con nuestras reclamaciones, que son las suyas. Ahora es el momento en que pueden hacer concesiones y luchar para la consecuención de estos objetivos.
María José Segarra dijo el otro día en el Parlameanto que era consciente de que llegaba a mitad de Legislatura y que se podían hacer algunas cosas y otras no. ¿Qué cosas se podrían hacer?
¿Cómo fiscal general del Estado?
Sí.
Puede abanderar nuestras reivindicaciones en cuestiones, no digo retributivas, pero a coste cero. Por ejemplo, la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Está acreditado que es un lastre para el actual funcionamiento de las Fiscalías. Paraliza, ralentiza e imposibilita, en algunos casos, continuar con la instrucción. No tiene ningún sentido.
Lo dijo ella en el Congreso el otro día.
Por eso: derogación absoluta e inmediata del 324. Esa lucha se puede hacer desde la Fiscalía General de forma muy eficaz.
¿Qué otra cosa podría hacer?
Paralizar de forma inmediata la Justicia Digital. Es un sistema que hemos denunciado repetidas veces. Ellos ya lo saben y lo conocen. No funciona. No está sirviendo para lo que debe de servir, que es para una mejor prestación del servicio público. Genera unas tensiones excesivas en los operadores y, de forma específica en los fiscales.
Y ahora, en verano, plantea unos problemas tremendos de plazas, de las certificaciones y de los expedientes que se tramitan ante las Fiscalías.
Los fiscales están de vacaciones. Los plazos precluyen. ¿Cómo se soluciona eso? No hay ninguna solución.
Por tanto, derogación. Y replanteémonos cuál es la situación.
La presidenta de la Asociación de Fiscales en el interior de la Fiscalía General del Estado. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Y entretanto?
Diseñemos un buen modelo. Y si este, en alguna medida es bueno, se aprovecha en lo que deba aprovecharse y se potencia la mejora del mismo.
Mientras tanto, paralización.
El otro día, Antonio Viejo, el nuevo secretario general, hasta hace unos días juez decano de Madrid, opinó que el modo con que se pasó del papel a lo digital quizá fue demasiado forzado. Que tal vez habría haberse planteado de otra forma. Por lo que veo, está en la línea de lo que dicen ustedes.
Por supuesto. Ahora mismo, paralización. No se puede continuar porque no tiene ningunos visos de prosperar adecuadamente.
¿Y mientras tanto?
Acompañamiento del papel, que es menos traumático para los que están experimentando la implicación de la justicia digital. Y es una manera más fácil de hacer las mejoras y de detectar los fallos. Y no impedir el buen funcionamiento de la Justicia.
¿Qué más tenemos?
Hay que hacer una presión tremenda desde la Fiscalía General del Estado para conseguir que la formación continuada de los fiscales y la inicial dependa exclusivamente de la Fiscalía General del Estado. Es el momento oportuno para hacer esa presión
Mientras eso no se consigue, lo que debiera de hacerse es pelear para conseguir que el director del Centro de Estudios Jurídicos, ahora dependiente del Ministerio de Justicia, tenga categoría de director general.
Cristina Dexeus con el Tribunal Supremo al fondo. Carlos Berbell/Confilegal.
¿Por qué es esto importante?
Porque eso permitiría que fuera director un fiscal. Mientras tenga la categoría de subdirector general la Dirección General no puede ser asumida por un fiscal.
¿Por qué razón?
Es una cuestión de categoría funcionarial. Ahí debe dirigir un fiscal.
¿Alguna cosa más?
Reclamar la cabecera del BOE para el Ministerio Fiscal.
El Centro de Estudios Jurídicos tendría que tener categoría de Dirección General y su máximo responsable debería ser un fiscal
¿Por qué es tan importante la cabecera del BOE?
Porque determina, de una forma visual, para empezar, la diferencia entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado.
Si nosotros tuviéramos un apartado en el BOE que pusiera Ministerio Fiscal, Fiscalía General del Estado ya no aparecemos dentro del Ministerio de Justicia. Podríamos hacer publicaciones nosotros. A partir de ahí se reclama que los concursos los puedan resolver la Fiscalía, directamente, y, publicar todas las incidencias de la carrera en el BOE sin tener que pasar por el Ministerio de Justicia.
Es una manera muy limpia de empezar a visualizar la separación entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público.
¿La siguiente reclamación?
Que las dietas de la formación continuada se revisen. Para eso, los vocales de una y otra asociación han presentado varias propuestas para ampliar las dietas de asistencias a los cursos de formación, que ahora son muy mínimas y que no permiten acudir en condiciones a los cursos en ciudades como Madrid o Barcelona.
La Asociación de Fiscales va a presentar otra propuesta más, otra vuelta de tuerca, para superar esas dificultades de cumplimentación de las dietas o de ampliación de las dietas para asistir a los cursos.
¿Qué dietas tienen a día de hoy?
Son 60 euros al día. Con eso es muy difícil aquí en Madrid concertar con un hotel la pernocta y la dieta del asistente. Nos llevan a ciudades dormitorio , fuera de Madrid, o a un hotel en la M-50, alejados de todo.
¿Y cómo se desplazan?
En taxi, y, a veces, en autobús.
O sea, que pierden dinero.
Sí. Por ejemplo, el desayuno no se nos cubre.
El periodo que se presenta es de expectación, para la presidenta de la Asociación de Fiscales.
A los jueces, sí.
Los jueces complementan la dieta que tienen con el complemento del Consejo General del Poder Judicial. Asistimos a un mismo curso y ellos van a un hotel en el centro de Madrid , magnífico y estupendo, y nosotros estamos en un hotel en la M-50, fuera de Madrid, junto al Tanatorio, e incomunicados.
Eso nos lleva a la reivindicación estrella: un presupuesto propio para la Fiscalía General del Estado.
Por supuesto, eso se resolvería con un presupuesto propio. Que nosotros nos administráramos nuestro dinero y que dejara de hacerlo el Ministerio de Justicia.
Mientras eso no sucede, habría que ofrecer fórmulas al Ministerio para ampliar la dotación de las dietas.
Para ello, tendría que presionar la Fiscalía General del Estado. O bien posicionarse y decir, no se van a cursos. Adoptar medidas contundentes. Eso lo puede hacer la nueva fiscal general del Estado.
María José Segarra identificó una de sus objetivos en la forma de renovación del Reglamento del Ministerio Fiscal, que es de los años 60.
Todas las leyes orgánicas tienen una reglamentación que las desarrolla. El Estatuto está desarrollado en un Reglamento que es preconstitucional y muy anterior al propio estatuto. Está muy bien desarrollarlo.
Lo que importa es entrar de lleno en la modificación del Estatuto, o mejor, hacer un Estatuto nuevo y luego desarrollar su Reglamento.
Es una cuestión ya de Estatuto. No tanto de reglamento, que también.
El Estatuto es un producto parlamentario…
Yo ya no he llegado ahí porque son palabras mayores, es complicado y debería ser consensuado entre todos los grupos políticos.
Bueno, el consenso puede producirse. El otro día la ministra de Justicia anunció que había dado luz verde al trabajo de fusión de los proyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal del PSOE y del PP, que Catalá había encargado. Y que después de someterlo a una lectura, por parte de tres juristas, desde el punto de vista de género, va a intentar que se apruebe. Y a eso tendría que ir unido el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.
Si se consigue ese pacto sería fundamental. Partimos de dos proyectos de LECRIM ya estudiados y bastante consensuados por el Gobierno anterior, habría posibilidades. Yo eso no lo pido para hoy porque quiero ser posibilista. Para que salga son necesarias unas mayorías parlamentarias difícil de conseguir hoy en día.
También hablaban de las Circulares, como la de los delitos de odio, por citar una de ellas. Eso está bien, ¿no?
Está bien. Aclarar las cosas siempre ayuda.
Tenemos ahora mismo pendientes determinados temas en los tribunales contencioso-administrativos de reclamación de los fiscales frente al Ministerio de Justicia. Como es el reconocimiento y pago de las 11 horas de descanso entre guardia y guardia, o el tema del día saliente de la guardia.
Esas reclamaciones están en los tribunales y el abogado del Estado no está aviniéndose a nuestras peticiones.
Lo lógico es que si ahora está al frente del Ministerio una mujer que ha sido fiscal y compañera nuestra, diera orden a los abogados del Estado para que se allanaran en esas reclamaciones. Y que, además, el Ministerio asumiera esas declaraciones como propias y dijera, “voy a reconoceros estos derechos y os los voy a pagar para no pleitear”. Y eso sí que está en su mano.
Sería un cambio sustancial, no tener que pelear.
Hay 15 categorías de guardia. Y están tan mal pagadas en los últimos tramos inferiores, el Ministerio tendría que ponerse manos a la obra para solucionar eso
¿Qué más cosas?
Hablando de derechos, no tenemos un estudio de cargas de trabajo. Y eso el Ministerio lo puede hacer, y es un coste mínimo. Se tiene que hacer. Tampoco funciona una Comisión de riesgos laborales y enfermedades laborales. Tendría que crearse.
Nuestro patrono es el Ministerio. Eso también se puede poner a funcionar ya hoy, y se puede empezar a dar pasos.
Bueno, eso también lo ha apuntado la fiscal general del Estado.
Desde otro punto de vista, retributivo. Aparte de la convocatoria de la mesa de retribuciones, que tendría que estar convocada para después de agosto, hay algo tan evidente como la mala distribución de las guardias.
Hay 15 categorías de guardia. Y están tan mal pagadas en los últimos tramos inferiores, el Ministerio tendría que ponerse manos a la obra para solucionar eso.
¿Y la devolución de los permisos y las vacaciones?
Todavía está en el parlamento, sí. Esa ley tenía que haber salido para el verano. Al fastidiarse el pacto por la justicia lo que hizo el gobierno del PP fue introducir en esa proposición de ley, que era una cosa muy pequeña, introdujo 50 enmiendas, y el PSOE metió algunas también. Enmiendas de calado de la Ley de Enjuiciamiento criminal en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esa ley ha quedado atascada.
Ahí tendría que hacer presión el Ministerio de Justicia para que PP y PSOE limpiaran esa proposición de tanta enmienda y así pudiera salir en breve aprobada.
Sin olvidar la ampliación de plantilla. Desde 2015 no se ha hecho nada. La gente se ha ido jubilando y las responsabilidades incrementando. Por ejemplo, con la orden europea de investigación nosotros seremos los que tendremos que colaborar en las investigaciones cuando seamos requeridos por oro país de la comunidad, asumiendo las instrucciones y las peticiones a los órganos jurisdiccionales para que realicen determinada investigaciones.
El fiscal va a tener un incremento de trabajo.
Lo que nosotros reclamamos es estar al mismo nivel que el resto de los países europeos. Y es asumir la investigación penal. Para eso tenemos que acreditar, en este ámbito, que somos capaces de hacerlo. Pero tendrán que darnos medios.
Y más ahora cuando se está hablando de la existencia de una fiscalía europea.
El cambio de política en lo que a los políticos presos se refiere puede dar lugar a que las reclamaciones por parte de los independentistas aumenten al convencerse de que ellos tenían derecho a hacer todo lo que han hecho
¿Qué le ha parecido la declaración de la fiscal general del Estado sobre Cataluña?
No me sorprende. Legalidad, Constitución y Estado de Derecho. Las premisas esenciales. Estuvo muy bien el recuerdo que tuvo, durante su comparecencia ante el Congreso, de todos los fiscales que trabajamos en Cataluña.
¿Qué opinión tiene de la decisión de trasladar los políticos presos a Cataluña?
Ya se lo avancé hace unos días. Se iba a producir una peregrinación a los centros penitenciarios. Hoy tenemos todas los caminos empapelados de amarillo. Dejar que los presos estén en cárceles catalanas que controla la Generaliat tiene sus partes negativas. El cambio de política en esta materia puede dar lugar a que las reclamaciones por parte de los independentistas aumenten al convencerse de que ellos tenían derecho a hacer todo lo que han hecho.
¿Cómo contempla este periodo?
Con expectación. Es un peridoo muy extraño. Corto en el tiempo, con muy poco apoyo parlamentario, y con una crisis del Estado de Derecho en Cataluña muy imporante y que puede determinar la continuidad del Gobierno.
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