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Un astronauta en la Universidad Española

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No es casual que se haya encargado a un astronauta la gestión de las universidades. La galaxia de centros superiores de estudio en España está compuesta por infinidad de planetas necesitados de exploración y conocimiento. Todos ellos, además, cuentan con diferentes condiciones y naturaleza, pese a que compartan una misma constelación. En ellos habitan, también, seres de muy diverso tipo, difícilmente clasificables. El reto para el astronauta es, por ello, de dimensiones cósmicas.

Ninguna de nuestras universidades forma parte del hall of fame del principal ranking académico internacional, el ARWU de Shanghai. Hay que descender hasta las primeras trescientas para encontrar a la primera española. Apenas once logramos colocar entre las quinientas mejores, de las ochenta y tres que operan en el sistema educativo nacional. Indudablemente, este panorama es desolador para una nación ubicada entre las veinte más prósperas del mundo.

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Aunque sea cierto que estas clasificaciones no contemplan necesariamente algunos elementos básicos de la calidad universitaria, como el esmero en la docencia o la atención personalizada al alumno, lo que certifican es un escenario que no cuesta calificar como decadente, y todo ello pese a suponer un colosal gasto público que sin duda precisaría de mucha mayor optimización de recursos.

No es tarea sencilla la de descubrir las causas de este fracaso. Quizá pueda apuntarse el abandono del elitismo intelectual propio de estas instituciones, sustituida aquí por la formación en masa de gran parte de la población. La atención a multitudes por el profesorado impide que este se aplique a labores investigadoras, de ahí que los resultados científicos y la propia excelencia académica se resientan. Si a esto unimos el tiempo que se consume por los cuerpos docentes en funciones de gestión universitaria, tanto en centros públicos como privados, el balance no puede ser peor.

No hay tampoco especialización en nuestras universidades. Nuestros numerosos campus ofrecen por regla general el mismo producto, sin destacar en ámbitos determinados en el contexto nacional o internacional. Las privadas, que bien podrían hacerlo, tampoco e salen de este menú del día, salvo en el precio.

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Otro de los dilemas es el referido al gobierno universitario, bautizado ahora por los modernos como gobernanza, que se mantiene encerrado en un régimen asambleario genuinamente vintage, en el que el populismo campa a sus anchas y en el que se sigue disparando con pólvora del rey porque el presupuesto público lo aguanta todo y no hay temerario que ose desafiar tal statu quo.

Al hilo de esto, recuerdo de mis años de pertenencia al máximo órgano de gestión de una universidad pública una anécdota que lo resume todo. Quisimos conocer el número de alumnos y de empleados de la facultad con menor número de matrículas. Al facilitársenos los datos, descubrimos con sorpresa que duplicaban los funcionarios a los estudiantes. Tras indagar sobre la universidad internacional más prestigiosa en esa materia, hicimos unos cálculos verdaderamente sorprendentes: cerrar el centro permitiría enviar al alumnado a esa universidad californiana y costear su matrícula, estancia y dos viajes al año a España, en clase preferente. Y aun así se ahorraría dinero.

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A este despilfarro de recursos, que algunos calificarán de gran inversión en formación y que incluso merecerá el calificativo de austericidio para los de siempre, se suma el importe de las tasas académicas, que no constituyen ningún acicate al progreso del estudiante en sus carreras, porque vamos camino del gratis total aunque el pagano de la situación sea el ciudadano anónimo que paga sus impuestos mientras ve por el rabillo del ojo a jóvenes a los que les da lo mismo agotar convocatorias, porque el Estado del Bienestar les provee de un generoso maná celestial en forma de fondos públicos sin tasa.

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La selección del profesorado, además, continúa también anclada en el pasado. Podrían mencionarse aquí infinidad de temas. Desde los procesos selectivos con candidato predeterminado, en donde la justicia no interviene como tan ardorosamente observamos que hace en otros procedimientos administrativos de similar naturaleza, hasta las célebres acreditaciones, con sus súbitos cambios de criterio, los toscos enchufes entre miembros de la misma casta gremial, o las diferencias entre resultados de las agencias calificadoras, que permiten que alguien esté acreditado en unas zonas de España y no en otras, como si ya viviéramos en las taifas que tanto ansían algunos.

Todos estos elementos, y alguno más, contribuyen al naufragio universitario español. Las plazas docentes universitarias, una vez alcanzadas tras sistemas pensados para beneficiar al aspirante ungido por el trío, se tornan a menudo en auténticas sinecuras razonablemente pagadas para lo poco exigentes que son, como dejó escrito aquél gran jurista. Y los que de verdad tienen vocación, cumplen y valen para el oficio, que existen, deben compartir pasillo con trepas y aprovechateguis que a diario no se les ve el pelo, porque están trabajando fuera de la universidad, pero conservando su complemento de exclusividad.

En lo tocante a universidades privadas, también procede poner en guardia al astronauta. Si la gestión académica pública no es razonable entregarla a los docentes, por su palmaria incapacidad para hacerlo adecuadamente, lo propio cabría decir de las instituciones privadas. No es infrecuente que los patronatos de estos centros, la mayor parte de las veces con dedicación no retribuida a tiempo parcial y nutridos por personas bienintencionadas pero sin la necesaria preparación en la materia, provoquen severos problemas al elegir desacertadamente a profesores como máximos responsables de las universidades. He sido testigo personal de alguna catástrofe en este tema, que el tiempo dirá si tiene o no remedio.

En suma, la reforma que debiera afrontar el nuevo responsable universitario español pasa por distintos ámbitos. Sin duda, deben cambiar los modelos de gestión universitaria, encomendándose a cuadros con conocimientos técnicos y despojándolos de las manos de los académicos y del modelo asambleario adolescente, como se ha dicho. Así sucede en el país que lidera todos los rankings universitarios mundiales, con pleno éxito.

Igualmente, debiera articularse un acceso a la función docente al estilo MIR, objetivo y erradicador de fulanismos y que además permita la movilidad docente. En Estados Unidos también se obliga a tales traslados forzosos de profesores entre Estados y universidades a lo largo de la carrera académica. Las acreditaciones, por su parte, debieran contemplar parámetros estables en el tiempo e iguales en todo el territorio español estableciendo reconocimientos mutuos entre agencias.

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Y, en fin, procede especializar a los campus para que compitan internacionalmente y se optimicen los recursos, mirando por cada céntimo de dinero público que se destine a la enseñanza superior.

De no hacerse así, la burbuja universitaria corre peligro de salir al espacio y ni con una legión de cosmonautas podremos recuperarla.

por Javier Junceda.

Es un prestigioso jurista y escritor, autor de más de un centenar de publicaciones jurídicas. Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Compagina el ejercicio de la abogacía con la docencia del derecho administrativo en universidades de Madrid, Barcelona y Oviedo. Es también el presidente de la Comisión de Español Jurídico de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, con sede en NY.