Vista panorámica de la Biblioteca del ICAM en los actos del VIII Día de la Justicia Gratuita.
¿Feliz Día de la Justicia Gratuita?
La vicedecana del Colegio de Madrid, Begoña Castro, junto al decano, ha actuado como anfitriona recibiendo a diferentes personalidades del mundo jurídico. Entre el público asistente, alguna abogada de ALTODO con sus camisetas azules en tono reivindicativo
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12/7/2018 15:07
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Actualizado: 12/7/2018 16:21
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Como cada año llegado el 12 de julio, y ya vamos por la octava edición, la abogacía institucional ha celebrado con diferentes actos el Día de la Justicia Gratuita como reconocimiento a un derecho fundamental recogido en la Constitución.
Además, en esta ocasión, ha coincidido con el 40 aniversario de la Constitución, hito que ha presidido los actos que el Colegio de Abogados de Madrid ha celebrado esta mañana en su sede ilustre de la calle Serrano, 9.
Pero ¿tienen estos actos reflejo de lo que pasa en la calle? Por si acaso, dentro, entre el merchandising producido al efecto, se repartían abanicos para aliviar el calor de fuera.
¿Sienten los más de 5.000 letrados madrileños que integran el Turno de Oficio que hay posibilidad de que sus problemas diarios se arreglen en Salones?
En la apertura y al lado de la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola , y de la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, el decano de Madrid, José María Alonso, decía que “el Turno de Oficio es uno de los servicios públicos que mejor funciona en España”.
Sin duda se debía referir a las mujeres y hombres profesionales que lo integran porque a las 12 del mediodía, la diputada Lola Fernández Campillo, como representación institucional del Colegio, se ha unido a la concentración ante la Consejería de Justicia del gobierno regional para reivindicar mejoras en las condiciones de los abogados que integran el Turno de Oficio.
Son reivindicaciones dignas, sí, pero que ponen de manifiesto que algo no marcha porque cuando se escuchan parece que el tiempo se hubiera parado.
El propio decano volvía hoy a la carga por las retribuciones dignas y recordaba las palabras de Pedrol pidiendo capacidad de respuesta cuando se tramitaba en 1992 la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dió a los Colegios la designación y facultad disciplinaria, y al Ministerio de Justicia, la intervención y control del servicio.
Y aprovechando que en la mesa redonda posterior tenía sentado a su derecha al magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Alonso ha recordado que un recurso de casación está retribuido con 250 euros y eso «es inadmisible».
Los males de la Patria
El magistrado Marchena ha valorado cómo se ve el trabajo de los abogados del Turno de Oficio desde el Alto Tribunal afirmando que es necesario tener una mirada crítica no con los abogados que «cumplen con una habilidad encomiable una función indispensable y ejercen con excesiva generosidad para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva» pero sí «con la situación de cicatería endémica que aplican los políticos a la Justicia».
Lo que está pasando ahora «es tracto sucesivo del origen hace 40 años», decía Marchena que ha recuperado para la ocasión el libro escrito en 1890 por Lucas Mallada, Los males de la Patria, un compendio de los problemas estructurales de España.
Cuando Mallada se refiere a la Justicia dice «la prevención cuando no prevención reparo, cuando no reparo odio, cuando no odio asco a la Administración de Justicia».
Por eso, para Marchena, es necesario salir de ese «espíritu reivindicativo contextualizado en una trayectoria histórica donde los políticos siempre han visto que la Justicia ha ido solventando las situaciones».
Fui abogado del Turno de Oficio Civil, recordaba el ahora magistrado, y por el hecho de «tener una clara conciencia social que te permitía como ilusionado abogado hacer algo por el que no tenía recursos, pensé que me habían retribuido de forma extraordinaria».
Sin embargo, «igual que en 1870 fue asunto de verdadera dignidad nacional que hubiera un Palacio de Justicia separado del sótano que el Tribunal Supremo compartía con los bombos de la lotería, es obligado reconocer la dignidad de un trabajo que no siempre se desarrolla en circunstancias fáciles».
Noches de insomnio por no entender una sentencia
Para la primera mujer en ser defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y poniendo voz a las quejas de los ciudadanos, lo que resulta preocupante es la demora en los procedimientos judiciales porque «es ahí donde vemos cosas muy dramáticas y desoladoras en la medida que produce un grave perjuicio en las familias».
En estos casos, ha recordado, que el Defensor del Pueblo actúa con una recomendación al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia e, incluso hay actuaciones de oficio.
Y ya cuando hay resolución, Becerril ha apuntado que los ciudadanos se quejan de que el lenguaje de las sentencias no se entiende.
«Me han llegado a decir que han estado días sin dormir hasta saber qué dice ese papel tan importante para su vida».
«El lenguaje de la abogacía española necesita un traductor. Hay que usar un lenguaje correcto pero común», un guante que ha recogido el decano Alonso.
En este punto ha estado de acuerdo el magistrado Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, que ha pedido que en todas las resoluciones «haya un fundamento de derecho vulgarizador porque el lenguaje jurídico es un drama difícil de resolver».
Para Rodríguez Arribas que ha vivido la Justicia desde todos sus enfoques, en España, después de la promulgación de la Constitución Española, «el derecho de defensa es sagrado y si cabe los que más lo ejercen son los Abogados de Oficio porque son los que están al pie del cañón en todas las medidas cautelares».
En referencia a la actualidad de Cataluña, el ahora abogado socio fundador del despacho Rodríguez Arribas , ha dicho estar «muy preocupado, al igual que el resto de abogados, por los derechos fundamentales y las garantías constitucionales».
La Constitución española es «sin disputa la más garantista del mundo occidental asumida por todos los que hacemos la Justicia. Por eso es lamentable que se haya puesto en entredicho recientemente por algunos colegas belgas y alemanes», ha subrayado.
Constitución sin derechos emergentes
Antonio Garrigues ha sido el responsable de cerrar esta mesa con la mirada puesta en el futuro donde habrá que «hacer un esfuerzo por parte del estamento jurídico de adaptarse a los tiempos».
La Constitución «no concede derechos sino que reconoce derechos existentes y, en este momento, la Carta Magna no reconoce derechos emergentes», ha manifestado este prestigioso jurista que ha repasado diferentes situaciones de las que vivimos en este momento y «no queremos afrontar».
Desde lo tecnológico, hasta la relación Justicia-medios de comunicación pasando por la desaparición del derecho a la intimidad y a la privacidad, Garrigues ha advertido que «en el mundo radicalmente nuevo en que estamos viviendo, si el estamento jurídico se queda donde está, no se habrá avanzado nada».
En cuanto a la revisión del lenguaje de la Constitución, ha apuntado que es normal que se haga.
«El lenguaje no es un tema menor. La realidad es que hay un lenguaje machista y los abogados debemos defender que se estudie esta cuestión».
Garrigues ha concluído advirtiendo de que «el estamento jurídico debe vigilar los cambios sociológicos con tendencias al populismo y el nacionalismo».
La jornada ha concluido con la entrega de placas a los abogados inscritos en el Turno de Oficio entre 1973 y 1975 , José María Escribano, Alfonso Álvarez Medrano y Juan Luis Ydoate.
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