Cualquier incremento de medios sería papel mojado sin una nueva organización de las Fiscalías

La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, con motivo del inicio de su andadura en el más alto puesto de nuestra carrera, remitió a todos los Fiscales una amable carta de saludo. En dicha carta hacía referencia a que “nuestro mejor valor es el capital humano, los 2.477 compañeros que cada día defendéis la legalidad y los derechos de los ciudadanos”.

Agradecí sinceramente estas estimulantes palabras, ante todo porque conociéndola se que así lo siente, que no son “palabrería”.

La afirmación de la nueva fiscal general trae a mi cabeza dos consideraciones que se entrecruzan.

Todos, empezando por quienes tenemos más o menos relevantes funciones de mando en la carrera fiscal, debemos aprender a descubrir y valorar el llamativo caudal de valía que se esconde en la persona y el trabajo de tantos y tantas fiscales de a pie, en esos fiscales que entre bastidores y en términos coloquiales solemos llamar “de trinchera”.

Por otra parte, me planteo en qué medida estamos siendo capaces de promover y encauzar inquietudes entre ellos, de ofrecer incentivos a un trabajo que ni siempre es grato, ni suele ser valorado, e incluso a veces ni siquiera es respetado.

Hace unos pocos meses un compañero, que entre otros dones tiene el del equilibrio y la sensatez, me comentaba que percibía un ambiente general de desánimo entre los fiscales, que se palpaba una llamativa falta de motivación.

A él y a muchos les desanimaba “andar más preocupados y estresados por Lexnet, las aplicaciones informáticas, el artículo 324 de la Ley penal procesal y los palotes de la productividad” que por el fondo y la justicia de los asuntos.

Pienso que no le faltaba razón.

Las Fiscalías necesitan más medios materiales y personales

Es una exigencia mantenida y reivindicada durante años por activa y por pasiva.

Pero cualquier incremento de medios sería papel mojado sin una nueva organización de las Fiscalías, una Oficina Fiscal moderna y racional, una redistribución del trabajo que sirva para aprovechar mejor ese capital humano –fiscales y funcionarios de gestión, tramitación y auxilio- que ya existe.

Un esfuerzo que muchos ya incoan y proponen y que exige de todos tanta valentía como generosidad.

Es posible que debamos aprender a ceder criterios que nos parecen irrenunciables y tal vez no lo son, a romper con rutinas, fijaciones y puede que hasta algún privilegio escalafonal.

Sepamos mantener las ventajas de nuestras estructuras, pero andemos ágiles y audaces para dar pasos adelante, aunque alguno tenga precio.

Es imprescindible vencer la revolución digital, es bueno incentivar el trabajo con productividad, toda empresa necesita su tramoya administrativa, pero por encima de todo ha de prevalecer la función constitucional que el artículo 124 de nuestra Carta Magna nos otorga, algo que eleva la importancia de la actividad de los Fiscales por encima de datos, gestiones y estadísticas.

La configuración del Ministerio Fiscal como órgano de relevancia constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial y su misión de defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos y el interés público protegido por la ley da fuerza y brillo a la función de los fiscales, y cada uno de ellos tiene derecho a ejercerla con los medios y garantías pertinentes y el respeto del quienes también participan de un modo y otro en el trabajo de administrar justicia.

Sacar petróleo

En ocasiones pienso que perdemos la oportunidad de sacar petróleo de lo que tenemos.

A lo mejor nos falta capacidad de ilusionar, de fomentar la capacidad de activar iniciativas que desempolven funciones esenciales de defensa y protección, de emplear cada vez mejor las Juntas de Fiscales como órgano de deliberación y de control democrático de la Jefatura, de que el desempeño de las distintas especialidades se convierta en trabajo ilusionante y no en carga añadida, que el trabajo de la Fiscalía sea un ejercicio común, coordinado y engrasado, ajeno a los vaivenes erráticos y la improvisación en el que al mando de un “primum inter pares” se sepa extraer de cada cual sus mejores capacidades.

En una ocasión escuché definir al fiscal, con una de esas frases de autoría incierta y soltada sin excesiva oportunidad, como “un abogado sin pasión y un juez sin independencia”.

No es más que el recurso a tópicos injustos, una valoración frívola y superficial que esconde desconocimiento.

Claro que nos apasiona nuestro trabajo, aunque necesitemos que nos impulsen e incentiven…, el convencimiento de la importancia de nuestra función ya lo tenemos y no hay nada que apasione más que la seguridad de estar desempeñando una misión de altura.

En cuanto a la independencia…, los principios de legalidad e imparcialidad nos bastan y sobran para servir honestamente al justiciable, la unidad y dependencia jerárquica no son más que exigencias de eficacia al servicio de los dos anteriores…, no suspiramos por privilegios ni etiquetas, ni necesitamos hacer ostentación de cualidades…, porque las nuestras no son un prurito, sino una forma de servir al ciudadano.