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Opinión | Un abogado civil en la corte militar: el caso de Cerro Muriano
El abogado Luis Romero Santos, socio director de Luis Romero Abogados y doctor en derecho penal, relata en esta columna su odisea con la justicia militar. Foto: Confilegal.
22/4/2024 06:32
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Actualizado: 23/4/2024 11:01
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De repente me vi en una sala de vistas recibiendo una reprimenda del juez togado por haber sido entrevistado por Luis Herrero en su programa de radio días atrás,
-“¡No me ha gustado ni un pelo…!
-“¡Tomaré las medidas oportunas…!”
-“¡No voy a permitir que me torpedeen este procedimiento!”
El juez militar llevaba el uniforme de comandante y la fiscal sentada a mi izquierda lucía el de teniente coronel, quien tras la advertencia del magistrado, también mirándome directamente dijo:
-”¡…Sería una cuestión en la que yo tendría que intervenir de otra manera!…”
El día antes me llamó una abogada de mi bufete que me sustituía en la vista de diligencias testificales y periciales asustada porque Su Señoría le había conminado a no hacer ninguna declaración a los periodistas que esperaban fuera pues iniciaría acciones penales si se revelaba lo más mínimo del contenido de las declaraciones practicadas.
Días después, recibí una notificación de mi procuradora en la que aparecía un escrito de un abogado de la defensa en el que denunciaba que yo había emprendido una “operación de acción psicológica” contra las Fuerzas Armadas Españolas y pretendía abolir la jurisdicción militar en complot con alguna fuerza política ¡Yo solo, pretendía derrocar a los tres ejércitos! Entre otras graves afirmaciones como que todas mis manifestaciones a la prensa eran parciales y sesgadas y que yo seguía a Sun Tzu (“El arte de la guerra”) en mi estrategia.
Objetivo conseguido: el Juez Togado señala al comandante, teniente coronel y coroneles
Uno de los tres mensajes (“objetivos”) que yo lanzaba reiteradamente, según el abogado del capitán, era “implicar a la cadena de mando hasta el general”. Otro de los mensajes era referirme “a la falta de medios y procedimientos adecuados en la institución militar”.
A tenor del último auto dictado por el juez togado de Sevilla ¡Hemos conseguido nuestros objetivos! Éste se inhibe a favor del Juzgado Togado Militar Central por deducirse responsabilidad penal de “militares aforados”: el comandante, el teniente coronel y dos coroneles, tal como había solicitado esta acusación particular desde el inicio, parece que mis mensajes “sesgados” han conseguido “hacer mella” en la justicia militar. Igualmente, ha tenido éxito mi segundo “mensaje repetido” pues así se colige de la referida resolución judicial.
Con mi cliente en la Ciudad de la Justicia de Córdoba ¿Por qué nos tratan así?
Ahora viene a mi memoria el día en que me llamó el padre del soldado León pidiéndome ayuda, personándome en la Ciudad de la Justicia de Córdoba momentos después. Y cómo la funcionaria que llevaba el expediente en el juzgado de instrucción nos atendió desagradablemente sin ni siquiera dar el pésame al padre del militar fallecido veinticuatro horas antes y pretendió echarnos de la oficina judicial invitándonos a volver el lunes siguiente. Ante mi insistencia, minutos después se personó la letrada judicial sustituta que sí nos permitió acceder al expediente y obtener copia ya que misteriosamente “había aparecido” éste. Y agradecimos ambos sus condolencias.
Apercibimiento contra la libertad de expresión e información
He de decir que el comandante juez togado ha tenido un trato exquisito conmigo, hasta el detalle de no recordar yo a un juez que al entrar en su despacho se levantase, rodease la mesa y con una sonrisa y la mano extendida me saludase llamándome Don Luis. Tampoco viene a mi memoria que los abogados compartiésemos espacios cercanos con un juez o un fiscal en los recesos para tomar café o comer ¡Ah sí! ¡En Inglaterra! Y lo mismo he de decir de la señora fiscal.
Pero aunque otro de los autos notificados el pasado martes concluye que yo no he incurrido en ninguna conducta penal (delito de revelación de secretos) y respecto al expediente administrativo tan solo me impone un “apercibimiento”, entiendo injusta dicha resolución pues no soy merecedor de ella y por ese motivo la voy a recurrir.
Yo le he expresado al juez militar en las tres ocasiones que me ha advertido para que no hable con los medios que seguiría atendiendo a los mismos tal como he hecho siempre cuando la opinión pública muestra su interés por un caso que produce alarma social y además los medios están interesados. En primer lugar, haciendo uso de mi derecho constitucional a la libertad de expresión, opinión y correspondiendo a la libertad de información de los medios de comunicación, tal como se recoge en el art. 20.1 de la Constitución Española y en el art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En segundo lugar, porque no se ha dictado ningún auto que acuerde el secreto de las actuaciones. Y si bien el artículo 301 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal consideran el sumario materia reservada para las partes, y el equivalente 147 de la Ley Procesal Militar, hay que interpretar dichos preceptos de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que prevalece la libertad de expresión frente a los derechos de los investigados. Y más aún cuando quien informa del procedimiento es abogado de las víctimas, pues éstas son las que han de estar más protegidas.
Igualmente, mencioné en mis alegaciones el ejemplo del Juicio del Procés en el que el Juez Llarena no sancionó a los abogados de las acusaciones cuando tras las declaraciones éstos se dirigían a los medios narrando lo sucedido en sede judicial. También me referí a la Instrucción 3/2015 (7 de abril) de la Fiscalía General del Estado y hasta al Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central (17 de mayo de 2016), Instrucción 2/16.
¿Debería integrarse la jurisdicción militar en la ordinaria?
Además, es un caso prácticamente sin precedentes que se pretenda sancionar a un abogado no por revelar el expediente completo a la prensa sino por hacer declaraciones muy generales sobre la marcha del procedimiento o por conceder una entrevista a Luis Herrero sobre la diligencia pericial realizada el pasado 19 de marzo en el lago artificial de Cerro Muriano sobre la flotabilidad de las mochilas.
En tercer lugar, cuento con la autorización de las víctimas de los delitos que hemos denunciado, quienes me han requerido para que no se olvide esta tragedia e informe a los medios. Es más, soy su portavoz pues ellos no desean hablar.
Quizás Su Señoría reciba presiones de sus jefes y de los abogados militares de las defensas, pues no hay que olvidar la dependencia jerárquica de los jueces militares, tanto funcional como orgánica. Deben cumplir órdenes y sus ascensos en su carrera pueden peligrar. Por eso habría que preguntarse si no es hora ya de integrar la jurisdicción militar en la jurisdicción ordinaria, como ha ocurrido hace tiempo en Alemania, Francia, Holanda y Portugal. Nuestra Constitución lo permite.
Es anacrónico y contrario al estado de derecho que la justicia militar la ejerzan unos militares que no tienen la independencia que tienen los jueces y fiscales de la jurisdicción ordinaria. Hay aforamientos y privilegios ya desfasados en una democracia.
La justicia debe ser igual para todos.
Oscurantismo y 35 preguntas sin respuesta.
El caso es que a los altos mandos de la base militar de Cerro Muriano no les interesa que salgan a la luz tantas negligencias, la falta de medidas de seguridad, la ausencia de medios, la desorganización, las imprudencias de sus oficiales y la falta de control y supervisión de sus jefes.
El Ministerio de Defensa tampoco ha de ver con buenos ojos que, día sí día no, el caso esté en los medios. Por eso quizás, la señora ministra no ha contestado a mis 35 preguntas en nombre de los familiares del soldado León que le formulé hace tres semanas. Entre otras cosas, aún no sabemos si el teniente ha sido apartado de su destino ni si aún sigue dando órdenes a militares testigos del día fatídico.
Al capitán se le ha apartado recientemente, quizás por estas preguntas tan incómodas.
Tampoco sabemos por qué no había más que una ambulancia en Cerro Muriano el día de autos y ésta y unos sanitarios, que no médicos o enfermeros, se encontraban junto al campo de tiro donde ese mismo día se practicaban unos ejercicios. No se ha respondido a qué se debe el recorte de presupuestos que repercuten en que las mejores mochilas y otros materiales lleguen a los mandos e instructores pero no a la tropa.
No ha respondido el ministerio por qué no se respetaron las medidas de seguridad e higiene y un plan de prevención del riesgo para evitar accidentes como el producido; aún menos se ha contestado si se siguen estos planes y medidas en todos los cuarteles del ejército español. Igualmente, no sabemos qué expediente se le había abierto antes al capitán, en su caso, y si es común castigar con minas simuladas, etc.
¿Y el General de brigada?
Desde el día 21 de diciembre, hemos conseguido mis compañeros de la acusación particular en nombre de la familia del Cabo Jiménez y yo una serie de victorias por la que estamos agradecidos a la jurisdicción militar y sus representantes.
El caso lo investigará a partir de ahora el Juzgado Militar Central de Madrid y hemos llegado hasta el coronel que ejercía el día de autos y hasta el coronel que le precedió en el mando del regimiento, pero este lunes presentaré recurso contra el auto mencionado porque entiendo que el general de brigada también debe declarar como imputado debido a su responsabilidad.
Amparo al Colegio de Abogados
De la misma forma, pediré el lunes el amparo de mi Colegio de Abogados de Sevilla y posteriormente al Consejo General de la Abogacía porque cuando a un abogado se le reprende por hacer uso de la libertad de expresión es como advertir a todos los abogados de España que tengan cuidado porque a ellos también les puede pasar.
¡Cuidado, que os podemos multar con hasta 10.000 € por hacer declaraciones a los periodistas!
Y no es agradable que un compañero defensor se refiera a nuestras manifestaciones calificándolas de “bastardas” y otro defensor me llame “vocero habitual” y “grotesco”, siendo éste último “amigo de la prensa” en juicios conocidos que ha llevado en Córdoba y además ejerce un cargo público de la Junta de Andalucía.
En adición, el primero publicó un artículo en mi contra por exigir la grabación de la imagen y el sonido de los juicios con Jurado que en determinada audiencia provincial nunca se habían filmado.
Para que no vuelva a ocurrir un desastre como el de Cerro Muriano
Todos los días aprendemos algo los abogados, en cada defensa que asumimos extraemos consecuencias y vivimos experiencias que nos sirven para los próximos litigios, pero hay algunos casos como el de Cerro Muriano en los que se dan un cúmulo de circunstancias que los hacen merecedores de servir de precedentes para que no vuelvan a ocurrir ciertos sucesos.
Espero que a partir de ahora entiendan en la jurisdicción militar que no son “un mundo aparte” y que nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho permiten a los abogados hacer uso de su libertad de expresión sin intimidaciones de ninguna clase, pues se puede impartir justicia sin miedo a que el pueblo conozca lo que ocurre en las salas de vistas instaladas aún en los cuarteles.
Entiendo que en este caso, las luces y taquígrafos han servido para que el procedimiento avance y cada vez se perfilen más las responsabilidades de los oficiales y los jefes militares por las que pudo suceder un grave suceso que se llevó a dos servidores de España y pudo haber costado la vida a al menos cuatro militares más.
Así como también conozcamos que no en todos los cuarteles se respetan las medidas de seguridad para salvaguardar la vida y la integridad física de sus hombres, ni hay plan de evaluación del riesgo laboral.
Eran las cinco de la mañana.
Eran las cinco de la mañana cuando a tiros despertaron a los que iban a cruzar el lago pero antes había que realizar otros duros ejercicios con un clima gélido. A las nueve de la mañana, con poca visibilidad y ninguna protección, cargados hasta arriba, con unas mochilas que no flotaban, les hicieron entrar en un lago que cubría y cuya agua helaba la sangre.
Con las botas, el uniforme, el casco y el fusil ¡Todos adentro! ¡Mi capitán creo que deberíamos dejar este ejercicio para otro día! ¡Me suda la polla, todos al agua!
No importaba que los primeros en adentrarse hubieran tenido que recular, que a uno se le hubiese perdido el fusil, que se constatase que el agua estaba helada ¡Os vais a mojar! Y así, minutos después intentaban muchos agarrándose a una cuerda inservible salvar su vida pero se hundían, unos de nuevo emergían…, otros no volvieron a salir y se quedaron allí.
¡Que lo ocurrido en Cerro Muriano sirva para evitar otras tragedias en nuestras Fuerzas Armadas!
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