Un juez estrella fue condenado por el Tribunal Supremo en 2012 y fue apartado definitivamente de la judicatura. Ese mismo año se dio de alta en un colegio de abogados y como tal continúa.
Su condena lo fue por delitos de prevaricación y contra las libertades constitucionales, constando como hechos probados que había mandado grabar las conversaciones entre abogados defensores e imputados.
Hoy día siguen dándose de alta como abogados algunos jueces y magistrados de la jurisdicción penal que no han tenido el respeto y la consideración debidos con sus ahora compañeros.
No hablemos ya del trato a los ciudadanos.
Algunos de esos magistrados en excedencia se permiten incluso dar lecciones a los abogados sobre la actuación en sala, cuando ellos a veces infringían su deber de imparcialidad objetiva.
Unos se dedican a redactar dictámenes, otros a dirigir departamentos de penal de importantes firmas, otros a llevar la defensa en macro causas penales.
Bienvenidos sean esos compañeros pues la mayoría de ellos han tenido un trato adecuado con los abogados cuando ellos eran jueces e impartían justicia.
Un día decidieron solicitar la excedencia pues recibieron una oferta generosa de un bufete, otros acabaron estresados por la sobrecarga de trabajo con un exiguo sueldo, otros vieron un horizonte ilusionante en la abogacía.
Algunos porque se han jubilado.
ALGO TENDRÍA QUE DECIR LA ABOGACÍA EN CUANTO A LAS NORMAS DE ACCESO A LA PROFESIÓN
Recuerdo que en el año 2009 me visitó un ciudadano extranjero en mi despacho de Madrid en su condición de portavoz de un compatriota en prisión provisional en una importante causa en la audiencia nacional.
Ostentaba su defensa un ex fiscal muy conocido y yo fui recomendado por un compañero al decidir cambiar de defensor.
Pocos días después me dijo este colega que habían resuelto encargar la defensa a un ex juez célebre pues los imputados de esa nacionalidad “prefieren a jueces y fiscales” en excedencia en la creencia que así influirán en las autoridades para obtener libertades provisionales, sobreseimientos y sentencias más favorables.
Yo no digo que eso sea así pues confío en la independencia e imparcialidad de la judicatura y en que los fiscales no harán informes y peticiones en los que se dejen influir.
Sin embargo, una abogada amiga me contaba un día cómo un exfiscal que saludó muy efusivamente a una “compañera” magistrada con la que se quedó charlando largo rato consiguió que una defensa que hasta aquel momento le iba muy mal tomara un camino frontalmente opuesto.
Así conozco muchos más casos.
Para colmo, algunos de esos altos funcionarios que decidieron acceder a la abogacía en ocasiones vuelven de nuevo a estrados solicitando el reingreso.
¿Serán entonces igual de justos?
Si un ciudadano toma la decisión de encargar su defensa a un abogado que antes ha ejercido como juez o fiscal y tiene en cuenta para ello su experiencia en la carrera judicial o fiscal se trata de la libre competencia.
Si el motivo para contratarlo es que tiene la certeza de que influirá en el juez o el fiscal, podría estar equivocado o le han informado mal.
Pero si finalmente esas autoridades favorecen de algún modo a esos abogados frente a otros que no han llevado las puñetas, eso sería ciertamente inquietante.
Si una firma de abogados contrata a un juez o a un fiscal por sus amplios conocimientos jurídicos y su experiencia en estrados, será libre competencia, pero si le hacen una suculenta oferta porque están seguros de su influencia en quien ha de impartir justicia será una competencia desleal.
Algo tendría que decir la abogacía institucional en cuanto a las normas de acceso a la profesión, sobre todo cuando esos juristas van a ejercer en la misma ciudad donde días antes administraban justicia.
