Si una persona va a las instalaciones de Desguaces La Torre, en la localidad de Torrejón de la Calzada, al suroeste de la Comunidad de Madrid, cualquier día de la semana –domingos incluido- se va a encontrar con una actividad frenética de público que va a buscar repuestos para sus automóviles.
Es el mayor desguace de Europa. Y da trabajo a 500 familias, mayormente de la localidad.
La empresa, propiedad al 50 por ciento de Luis Miguel Rodríguez, al que algunos medios han apodado “El chatarrero”, es viable y solvente.
En 2017 su volumen de negocio fue de 26.203.248,47 euros, con una tasa de crecimiento, en los últimos del 3,11 por ciento. El beneficio neto, después de impuestos, fue de 1.063.651,03 euros.
Y el beneficio bruto de explotación, calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros, es de 2.735.154,96 euros.
Estas cifras son totalmente incompatibles con una situación de insolvencia.
De eso no le puede caber la menor duda a nadie.
Entonces, ¿Por qué el concurso contra Desguaces la Torre?
Entonces, ¿cómo es posible que el magistrado Moisés Guillamón Ruiz, de 40 años, titular del Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid haya decretado concurso de acreedores a Desguaces La Torre?
Eso es lo que es difícil de explicar.
La empresa debe a Hacienda 21.940.694,41 euros; al Santander 4.419.088,37 euros; a Norton Edificios, 412.317,91; hasta un total de casi 44 millones de euros. Con todos ellos Desguaces La Torre tiene estructurada los pagos de la deuda.
Entre los acreedores también se encuentra Slomber Holdings Limited, un fondo de inversiones internacional que tiene su base en Chipre y que dirige Idan Moskovich.
En 2013 Slomber le prestó a Desguaces La Torre 5.300.000 euros a un interés remuneratorio del 18 por ciento y moratorio del 25 por ciento.
La deuda con el citado fondo, ha pasado, por ello, a 11.289.000 millones de euros (5.300.000 euros de principal y 5.989.000 en intereses).
¿Fueron términos de usura?
Rodríguez pidió ese préstamo para construir su Museo de Automóviles, ahora paralizado, frente a los edificios del Desguace.
Slomber instó el concurso contra Desguaces la Torre
Ha sido, precisamente, Slomber –solo el fondo de inversiones- el que instó, en solitario, el concurso de acreedores.
Y para ello contrató nada que menos que al conocido despacho Uría Menéndez.
Este bufete asignó el asunto a uno de sus abogados, Javier Yáñez Evangelista, magistrado en excedencia, y titular del Juzgado de lo Mercantil 9, hasta hace cuatro años.
Un letrado que conoce bien el funcionamiento de los mercantiles de Madrid.
Guillamón, en su auto del pasado 10 de julio, declaró en concurso a Desguaces La Torre y nombró, como administrador concursal, a DLM Insolvia SLP, una sociedad en la que figura como administrador único Gregorio de la Morena Sanz y cuya cifra de negocios, en 2016, fue de 1.314.933 euros.
En opinión del magistrado, que sacó la especialidad hace dos años, se dan las circunstancias para dicho concurso.
Basa su criterio en dos informes de peritos de parte, por un lado, y en el hecho de que considera que, por otra parte, “hay pluralidad” de acreedores. Aunque esa “pluralidad” se circunscribe sólo a una sociedad: el fondo de inversiones Slomber.
500 empleos en peligro
El representante legal de Desguaces La Torre y Luis Miguel Rodríguez no es el segundo despacho de abogados en facturación de España (235 millones de euros en 2017) sino uno pequeño, pero aguerrido, Garzón Abogados.
Y su socio director, José María Garzón, no tiene un pasado de magistrado de lo mercantil, como su contraparte.
A él le ha correspondido elaborar el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Lo que está en juego es un negocio con una gran proyección que podría irse al traste si Slomber se sale con la suya, y con ello los empleos de 500 familias.
En dicho recurso, Garzón impugna los dos, a su juicio, seudo informes periciales, que aporta Uría Menéndez para instar el concurso, y en los que se basó Guillamón, porque, considera, no tienen la consideración de dictamen pericial.
“Son meras opiniones, según refieren los propios informes”, dice en su recurso.
Los informantes manifestaron “que sus conclusiones no tenían la consideración de un dictamen pericial y que por tanto no asumían ninguna de las responsabilidades que atañen a cualquier perito”.
Además, estuvieron basadas en información suministrada por Slomber Holdings Limited.
“Desde este punto de vista, el juramento o promesa que se prestó por el emisor de ambos informes en el acto de la vista” pudo constituir “un delito de falso testimonio”.
La pelota en el tejado de la Audiencia Provincial
El segundo punto que los abogados de Rodríguez alegan es el hecho de que quien insta el concurso es un “acreedor hipotecario, que, por esencia, tiene garantizado su crédito con una garantía inmobiliaria”.
“Es evidente que la Ley Concursal no estaba pensando en el acreedor hipotecario como uno de los legitimados para solicitar el concurso con independencia del deudor”, añade.
“El derecho a la ejecución separada del que goza el acreedor hipotecario supone una excepción al principio de la ‘par conditio creditorum’”, que es la garantía que tienen los demás acreedores para cobrar su deuda.
Traducido: Es totalmente anormal que un acreedor que tiene garantizada su deuda con propiedades hipotecadas inste el concurso de acreedores.
Y también que se admita el concurso a solo una de las partes acreedoras, alejándose de la doctrina, que establece que tienen que ser dos o más.
La pelota queda ahora en el tejado del tribunal de apelación, que tendrá que tomar la difícil decisión de dar futuro a Desguaces La Torre, o no.
