El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), reformado recientemente para poner plazo a la instrucción de las causas penales.
Se trata de una reivindicación de las asociaciones de fiscales.
«La necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala de la impunidad», ha dicho en el Congreso, durante la presentación de sus planes de Gobierno.
La reforma estableció que en las causas no complejas las diligencias de instrucción se deberán practicar en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.
Respecto a las causas complejas, se prevé un plazo de investigación de dieciocho meses.
La complejidad puede declararse por diversos motivos, entre ellas que la causa recaiga sobre grupos u organizaciones criminales.
SEGARRA PIDIÓ DEROGAR LOS PLAZOS MÁXIMOS DE INSTRUCCIÓN
La fiscal general del Estado, María José Segarra, abogó por una reforma «integral» de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por derogar su artículo 324, que fijó en 2015 los plazos máximos de instrucción y «aboca las investigaciones a un callejón sin salida».
Lo hizo en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, antes de su nombramiento.
Segarra reconoció la dificultad, en el actual contexto parlamentario, de consensuar un nuevo modelo de proceso penal que supere los defectos del actual sistema.
Pero consideró que hay un problema que «no admite mayor dilación» y pidió derogar el artículo 324 o, al menos, adecuarlo a las actuales circunstancias.
Aseguró que comparte la necesidad de acelerar los procesos, pero subrayó que hay que hacerlo dentro de «una reforma coherente e integral que no dé lugar a espacios de impunidad» y con los medios necesarios.
DELGADO RECLAMÓ A LOS DIPUTADOS SU COLABORACIÓN
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, reclamó el pasado 11 de julio a los diputados su «colaboración» para derogar la «justa» reclamación de los operadores jurídicos de derogar el límite temporal a los plazos de instrucción penal que aprobó el anterior Gobierno.
En su comparecencia ante el Congreso para presentar sus líneas de actuación, Delgado consideró que este límite no solo no ha agilizado la justicia penal, sino que, al contrario, «se ha mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el tiempo de espera para el enjuiciamiento».
Recordó que este límite ha «merecido numerosas críticas» porque, entre otras cosas, estipula que son los fiscales los que deben establecer este control de las causas, cuando no son ellos, sino los jueces, los que dirigen las investigaciones.
Delgado dijo que esto ha provocado que los fiscales deban acudir a los juzgados, donde se guardan las causas, para «abrir sus armarios, literalmente, para comprobar el estado de los procedimientos judiciales y anotar en un simple papel la causas cuyos plazos están próximos al vencimiento».
«Esto es incongruente y se le añade, además, la falta de medios para controlar la duración de los casos, con lo que se genera un riesgo de impunidad inaceptable con el que es necesario acabar«, sentenció.
