La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha puesto todo su peso en la defensa del abogado del despacho Business & Law, representante legal de José Miguel Villar Mir, de 87 años, con quien fue grabado telefónicamente por espacio de 10 horas y media, a lo largo de varias conversaciones, hablando de la estrategia de defensa a aplicar en los casos Púnica y Lezo, en los que el conocido empresario figura como investigado.
Dichas grabaciones, llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fueron autorizadas por el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón; sus transcripciones fueron incorporadas a la causa y, conocidas, por lo tanto, por el propio magistrado y por la fiscal del caso.
Para esta corporación de derecho público que representa y agrupa a 77.000 abogados, es inevitable la reminiscencia del caso Baltasar Garzón, entonces magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 5, quien ordenó grabar las conversaciones, en la cárcel, de los imputados por el caso Gürtel y sus abogados. Un caso que terminó con una condena de 11 años de inhabilitación al conocido juez, impuesta por el Tribunal Supremo.
Ante dicha situación, la Junta de Gobierno, que preside el decano José María Alonso, ha dado amparo al letrado en lo que, a todas luces, parece una vulneración de los artículos 18 y 24 de la Constitución y del 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el cual dice que «Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial».
Las grabaciones al abogado y a Villar Mir se llevaron a cabo entre diciembre de 2017 y febrero de 2018.
«La vulneración del secreto profesional del Letrado nº 123.074 es notoria», dice un comunicado del Colegio.
«Figura en un informe policial incorporado a las actuaciones con quiénes se reúne profesionalmente o con quién habla telefónicamente. Con ocasión de la captación de una conversación telefónica entre los investigados y el citado Letrado, el Oficio policial relata el contenido de la charla y deja claro que el colegiado se va a reunir con las dos personas mencionadas, clientes suyos, a la sazón».
«Se llega a destacar en ese mismo Oficio policial que este Letrado ha llamado telefónicamente a su defendido para darle cuenta de la próxima declaración de un investigado, lo que lejos de ser considerado como algo normal por inherente al deber de información sobre la marcha de las actuaciones que pesa sobre el Letrado en relación con el cliente, se plantea como algo ‘sospechoso’, generando así una indebida e ilícita intromisión en el secreto profesional y en los contenidos propios y ordinarios del derecho defensa», constata el ICAM.
LA SALA DE LO PENAL NO AVALA LAS GRABACIONES
La Junta de Gobierno del Colegio cita, de forma expresa, el auto de 19 de junio de 2018 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que respondía al recurso de apelación presentado por la defensa de Villar. Mir.
Dicho recurso de apelación «no avala la conformidad a derecho de la intervención, grabación y escucha de las conversaciones mantenidas entre el investigado y su abogado (no investigado), y prueba de ello es que habiendo solicitado el abogado la nulidad de dichas grabaciones la Sala recuerda en el párrafo segundo del fundamento de derecho tercero de su referido auto que ‘no consta que la petición de nulidad haya sido resuelta ni menos aún en qué sentido, con lo que a merced de su pronunciamiento se tendrá que volver en la instancia sobre lo que en esta otra resolución se acuerda, sea para materializar o no lo acordado en el auto de 17 de mayo pasado'».
Para el ICAM lo sucedido es muy grave.
Por ello, adoptará «las medidas que juzgue adecuadas para la efectividad del amparo colegial», sin especificar cuáles, como por ejemplo, la interposición de una querella, como proponía hoy el exvicedecano del Colegio, Manuel Valero.
El comunicado termina demandando la aprobación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
