El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, canceló ayer una reunión que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García-Castellón, para hablar de por qué había ordenado intervenir telefónicamente las conversaciones del empresario Juan Miguel Villar Mir con sus abogados y las razones de por qué no sólo no había ordenado la destrucción de esas 11 horas de grabaciones sino que, además, había permitido que la Guardia Civil elaborara informes sobre la estrategia legal que estaban aplicando.
«En el estado actual de la situación había poco de lo que hablar», fue la contestación que le dio el decano al magistrado, según revelaron fuentes del Colegio a Confilegal.
El día anterior la Junta de Gobierno del ICAM había hecho público un acuerdo amparando a los abogados del despacho Business & Law, que defienden a Villar Mir, y condenando dichas intervenciones telefónicas, autorizadas en el marco de las investigaciones de la Operación Lezo y llevadas a cabo entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, que atentan contra la esencia misma de la Abogacía: el derecho de defensa.
Un derecho garantizado en el artículo 24 de la Constitución y en el artículo 118.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice literalmente «Todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial».
Alonso había sido invitado por García-Castellón a acudir a su despacho, en el nuevo edificio de la Audiencia Nacional, ayer a las 12 de la mañana.
El decano del Colegio, consciente de la importante representación que ostenta, como máxima autoridad de la Abogacía madrileña, que agrupa a 77.000 colegiados, tomó la decisión de no acudir.
Su Junta de Gobierno ya había hablado alto y claro sobre este asunto.
