Con el debate vivo por su regulación tanto en Europa como en EE.UU, y países como Suiza abriendo este mercado financiero alternativo, las criptomonedas siguen en el punto de mira no solo para hacer negocios lícitos, sino como una oportunidad para que los delincuentes usen la tecnología blockchain como forma de saltarse la ley.
En nuestro entorno, hace ahora más de un año, la Comisión Europea lanzó un proyecto en la dark web, es decir, en la parte de internet que está fuera del alcance de Google y otros motores de búsqueda, con el que se busca frenar este uso delictivo.
Titanium, que así se llama el proyecto, responde al nombre completo ‘Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets’ (Herramientas para la investigación de transacciones en mercados negros) y supuso la primera gran respuesta de la Unión Europea al ciberataque que en mayo de 2017 afectó a compañías y organizaciones de 150 países con el secuestro de equipos y la petición de un rescate.
El objetivo, por tanto, es desarrollar soluciones técnicas para investigar y mitigar la delincuencia y transacciones en monedas virtuales asociadas a conductas ilegales.
Con una duración de tres años y una dotación presupuestaria de 5 millones de euros, Titanium nació impulsado por el Instituto AIT de Tecnología de Austria con el apoyo de un consorcio de siete países europeos, entre los que se encuentra España que aporta al proyecto cuatro organismos y empresas.
De hecho, junto con Alemania y Austria lidera la investigación.
Así, nuestro país está representado por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, una startup y una fundación de investigación.
A nivel global, en el proyecto también está la Interpol y otros servicios policiales (law enforcement agencies -LEAs-), tanto del ámbito físico como virtual, de países como Finlandia, Holanda o Alemania.
Estos investigadores desarrollan e implementan herramientas forenses para seguir el trazado que dejan las transacciones criminales con este tipo de divisas, revelar sus características y patrones comunes, detectar anomalías en su uso e identificar las técnicas usadas para blanquear.
La idea es probar y validar estas herramientas y servicios en las instalaciones de los LEAs para evaluar su efectividad e impacto general en los resultados del proyecto que concluirá en mayo de 2020.
