El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que investiga los atentados terroristas de hace un año en Barcelona y Cambrils fue advertido por los Mossos d’Esquadra el pasado mes de junio de movimientos sospechosos por parte de Hicham Abouyaaqoub, hermano del conductor de la furgoneta de las Ramblas y uno de los terroristas abatidos en Cambrils, respectivamente, y dos de sus amigos por comprarse en febrero tres disfraces de Policía en una tienda de Vic (Girona).
Abouyaaqoub seguía siendo observado por las fuerzas y cuerpos de Seguridad por orden de la Audiencia Nacional. En cumplimiento de esta orden los agentes aportaron prueba fotográfica de cómo el pasado 2 de febrero Abouyaaqoub fue recogido por un amigo y, tras encontrarse con un tercero fueron a una tienda de «disfraces y petardos» en Vic donde se les vio probarse los disfraces de policía «con chaleco que simulaba ser antibalas».
Y como «se desconoce el motivo por el cual adquirieron los disfraces de policía o si éstos serán utilizados en el futuro», dicen los Mossos, optaron por poner los hechos en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 4.
Con esta información, Andreu dictó una providencia el pasado 8 de junio, según consta en el sumario del caso, para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional «a los efectos que considere oportunos».
Dispositivo para garantizar la seguridad colectiva
Los agentes siguieron todos los movimientos de los sospechosos en las fiestas de Carnaval los días 11 y 17 de febrero y concluyeron que no se les observó disfrazados de policías ni realizando ningún ilícito penal o acto preparatorio de atentado alguno, pero mantuvieron sus sospechas.
En el informe que los Mossos remitieron a la Audiencia Nacional indican que «el dispositivo llevado a cabo por agentes adscritos a esta Área Central de Información Exterior tuvo como finalidad tener vigilados a los investigados, prestando especial atención a los días de celebración de carnaval y a las poblaciones a las que pudieran dirigirse donde se celebraran carnavales y calles con gran afluencia de público».
Concluye que «el dispositivo garantizó la seguridad colectiva y los investigados estuvieron vigilados ante el riesgo de una posible amenaza que finalmente no se consumó».
