Los más de 300 opositores de Gestión y Tramitación Procesal dentro del ámbito del Ministerio de Justicia que han superado lo que califican el proceso selectivo «más exigente en la historia de estas oposiciones, con notas de corte de más de 85 puntos» no salen de su asombro, disgusto y confusión al saber que el 70% de los puestos ofertados obligará a tener como primer destino juzgados de las Islas Baleares.
Si se aplican los mismos criterios, más de un centenar del cuerpo de Auxilio Judicial se encontrarían en la misma situación.
Las razones, diversas y parece que endémicas, según ha explicado una de las opositoras afectadas a Confielgal, y que tienen que ver con los retrasos en las diferentes convocatorias y la altísima temporalidad que existe en Baleares y que «el Ministerio quiere solucionar a nuestra costa».
La consecuencia, inmediata. Con un salario medio de 1.200 euros y un complemento de destino medio de 80 euros no pueden hacer frente a los costes que supone vivir en un lugar tan turístico como Baleares donde la poca disponibilidad de alquileres y su elevado precio hacen que tenerse que ubicar en un plazo de 20 días desde que se publique la resolución de destino definitivo sea todo un problema.
Tanto, que «si el proceso va como parece», alguno de los opositores, como es el caso de una madre con una hija, «se estarían planteando renunciar», señala nuestra interlocutora.
Este colectivo se ha organizado rápidamente gracias a las redes sociales y, entre otras medidas de presión, han presentado un escrito al Ministerio de Justicia para que se les oferten todas las plazas sobrantes del concurso de traslado de 2017 y que han sido incluidas en el concurso de traslado de 2018, y que tengan la oportunidad de elegir dónde quieren trabajar.
Sin embargo, fuentes del Ministerio de Justicia señalan a Confilegal que» es una oposición diseñada y cerrada por el anterior equipo», en referencia al dirigido por el exministro Rafael Catalá, y «en este momento ya no tenemos margen legal de maniobra».
‘Territorio Ministerio de Justicia’
Estas oposiciones, al ser en el ámbito del Ministerio de Justicia incluye 5 CC.AA y 2 Ciudades Autónomas, es decir, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, más Ceuta y Melilla que no tienen las competencias transferidas.
Las 12 Comunidades restantes tienen las competencias transferidas y los funcionarios. Por eso, en lo que coloquialmente se conoce como ‘territorio Ministerio’, los funcionarios pueden pedir el cambio a cualquiera de las 5 Comunidades. El resto, no tiene esa posibilidad.
Hoy un funcionario de Justicia de Cataluña no puede pedir su traslado a Andalucía. Uno de Baleares sí puede hacerlo a Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, o Extremadura.
Esta cuestión fue consecuencia de una sentencia del Constitucional en la que se fijó que la Administración de Justicia eran los jueces, pero que la Administración de la Administración de Justicia, es decir, los funcionarios -a excepción de secretarios judiciales, fiscales y jueces, que son cuerpos estatales o nacionales- eran transferibles. Por tanto, a esas 12 Comunidades Autónomas se ha transferido la Administración de la Administración de Justicia, es decir, recursos humanos y materiales.
Oferta de empleo público 2016
Los aprobados para los diferentes cuerpos mencionados que acaban de obtener su plaza en este año pertenecen a la convocatoria correspondiente a la oferta de empleo público para el año 2016 y coincide, además, con la convocada para el concurso de traslados 2018.
En el escrito que han dirigido al Ministerio de Justicia trasladan que «después de llevar ya un importante retraso en años de nuestra convocatoria real (2016) y habiendo ofertado durante ese periodo las plazas sobrantes -que, por cierto, también nos tenían que haber ofertado-, en concurso de traslado, promoción interna y turno libre, durante los años 2017 y 2018, no pueden pretender ahora decidir unas vacantes en los cuerpos de Gestión y Tramitación en las que del total ofertado, el 70% son de una misma CC.AA y , en este caso, Baleares».
BOE del 10 de agosto
El BOE del próximo viernes 10 de agosto publicará las vacantes con apertura del plazo para que los funcionarios que han obtenido su plaza en los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa y Tramitación Procesal y Administrativa por el turno de promoción interna puedan elegir destino.
Esta circunstancia supone, según el sindicato mayoritario CSIF «un obstáculo más del Ministerio a la promoción interna real y efectiva que comenzó hace tres años con la reducción de la reserva de plazas y continuó estos años sin que se haya realizado una oferta de promoción interna independiente».
La mayoría de los aspirantes de promoción interna ven plazas vacantes en su provincia o incluso en su localidad que no forman parte de esta oferta mientras que sí se han incluido otras, lejos de sus lugares de residencia y hasta un 70% en las Baleares. De esta forma, para CSIF, «el propio Ministerio está provocando que cientos de plazas queden sin ocupar al optar sus adjudicatarios por permanecer en excedencia en el Cuerpo al que han accedido tras el proceso selectivo por no poder asumir el coste económico, familiar y personal del traslado».
Por eso, los opositores «exigen» al Ministerio que se publiquen las vacantes ampliadas en todos los cuerpos (incluido el de auxilio judicial) «con las vacantes que nos pertenecen, provinientes del concurso de traslado 2017 y que sin embargo, sí han sido incluidas en el concurso de traslados que actualmente está en marcha y no en nuestra oferta de destinos como corresponde», según recoge el escrito.
También le instan a buscar una solución alternativa y «nos ofrezcan aquellas que están ocupadas actualmente por interinos», algo que recuerdan ya se hizo en el año 2017 para la convocatoria del 2015 en Cataluña, «precisamente por una protesta generada por los sindicatos y funcionarios de nuevo ingreso que se encontraron un oferta ridícula de destinos sin razón legal alguna».
Concluyen sus peticiones solicitando que igual que ocurre con las vacantes dejadas en Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público por los funcionarios que han accedido por el sistema de promoción interna, «se oferten en este caso también a los propios funcionarios de nuevo ingreso por el turno libre, las vacantes en excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público que dejen aquellos funcionarios que por el sistema general de acceso libre han obtenido en la actual convocatoria más de una plaza en los diferentes cuerpos a la Administración de Justicia».
La temporalidad de Baleares y el plus
«Otros años no había ocurrido esto. Es la primera vez que tratan de cubrir las plazas de Baleares a costa de la vida de cientos opositores que se presentaron por ámbito Ministerio y no un especifico ámbito Balear», explica nuestra interlocutora, que con el resto de afectados le pide a la Administración que «haga un convocatoria informando previamente de este hecho y entonces el que oposite ya sabe a lo que se atiene».
Pero al ser una convocatoria de ámbito Ministerio «tienen la obligación de ofertar vacantes en todos estos ámbitos y no obligarnos a irnos a una determinada CC.AA donde además de estar fuera de la Península es inviable con un sueldo que va desde 1.139 € en auxilio, 1.250 € en Tramitación y unos 1.350 € en el cuerpo de Gestión más el irrisorio plus de destino que cobraremos (60€-80€ como máximo), desarrollar una vida digna».
Además, tal y como precisan en su escrito, «esta situación generaría unas consecuencias nefastas para los concursos de traslado posteriores, al haber tantas personas desplazadas fuera de sus casas a miles de kilómetros y para más remate, en una Isla».
El complemento de destino en Mallorca es de 75 euros para un tramitador procesal, 90 si es en las restantes islas, mientras que en lugares como Ceuta o Melilla alcanza los 670 euros, pasando por Canarias, donde se cobra un plus de hasta 400 euros. Para los funcionarios de gestión procesal, estas cantidades se incrementan. En Mallorca un gestor cobra un plus de 93 euros, mientras que si su destino fuera Melilla cobraría 899 euros y si fuera una isla de Canarias 409 euros.
Denuncia desde el CSIF
El sindicato también se ha dirigido por escrito al Ministerio de Justicia reclamando que reconsidere la distribución y amplíe la oferta de plazas para Gestión y Tramitación dentro de su ámbito.
Y le pide que acometa «de una vez por todas», el incremento de las retribuciones en dos conceptos:
Uno general que afecta a todo su ámbito competencial «que no es otro que incrementar el complemento específico transitorio para eliminar la grave discriminación salarial que afecta a los funcionarios destinados en el ámbito del Ministerio respecto de los del resto de CC.AA realizando las mismas funciones y asumiendo idénticas responsabilidades y que se cifra en un máximo de 600 euros y eliminar las diferencias entre los grupos de población del complemento general del puesto igualando este concepto al alza».
Y otro específico de las Baleares ya que «es imprescindible el incremento del complemento de insularidad que atienda las peculiaridades de la vida en un lugar tan turístico como las Baleares, los altos precios o los problemas de vivienda de los que se hacen eco los medios de comunicación un día sí y otro también».
