El despacho Navas & Cusí ha advertido de que más de 900.000 hipotecas se encuentran en un «limbo jurídico» por haber sido constituidas en un régimen legal no vigente, desde que el 21 de marzo de 2016 terminó el plazo de trasposición de la directiva hipotecaria.
Este bufete, dirigido por Juan Ignacio Navas, señala que, según el INE, desde abril de 2016 hasta mayo de 2018 se constituyeron 886.384 hipotecas, a las que hay que sumar las firmadas desde mayo de este año y las de los últimos días de marzo de 2016.
Navas asegura que todas esas hipotecas «tienen vicio de nulidad por haber sido constituidas sin aplicarse el sistema de garantías y protección al consumidor que establece la directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014″.
Explica que la directiva hipotecaria establece 7 días de reflexión antes de la firma de la hipoteca, elimina los recargos por amortización anticipada y obliga al banco a informar de todas las ofertas existentes en el mercado.
Además, limita severamente las ventas cruzadas de seguros de vida u otros productos, elimina los bonus bancarios ligados a la colocación y establece criterios de formación para los profesionales que intervengan.
“Nada de esto se ha cumplido en las más de 900.000 hipotecas y el consumidor español no tiene por qué ser responsable de los retrasos injustificados de trasposición de las autoridades españolas”, denuncia.
LUXEMBURGO PROPONE UNA SANCIÓN DE 105.991 EUROS POR CADA DÍA DE RETRASO
Navas alerta que por cada día de retraso en la trasposición de dicha directiva, Luxemburgo propone una sanción de 105.991 euros, lo que elevaría la multa a más de 90 millones de euros.
Este despacho de abogados recuerda que la doctrina de Luxemburgo es clara sobre el principio de primacía y efectividad del derecho europeo.
Destaca que “las directivas europeas son plenamente vigentes y plenamente invocables desde el momento en que se aprueban y su trasposición no puede afectar a los principios de primacía y efectividad del derecho europeo, como señala la sentencia Francovich y otras”.
Asimismo, indica que el Tribunal Constitucional también reconoce la preeminencia o prioridad del derecho comunitario.
No es la primera vez que el despacho Navas & Cusí lanza esta advertencia.
Cuando hace dos veranos Economía abrió el anteproyecto de Ley Hipotecaria a consultas, este bufete ya advirtió de «las contingencias que una trasposición parcial -como se pretendía- podía tener en el consumidor bancario y en el sistema financiero».
También lo advirtió en abril de 2016, justo al finalizar el plazo de trasposición; y lo reiteró en noviembre de 2017, cuando la Comisión decidió denunciar a España ante Luxemburgo por el retraso indebido en la trasposición.
El director de Navas & Cusí lamenta «el retraso irresponsable de las autoridades españolas», que tiene «impactos muy negativos para la economía española, el sistema financiero y sobre todo para el consumidor bancario, despojado ilegítimamente del sistema europeo de protección».
