«No va a ser un proceso rápido. Que nadie espere una decisión en la vista preliminar de hoy ante el juez de la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia Francófono de Bruselas». De esta forma tan tajante fuentes jurídicas de ese país explicaron a Confilegal lo que se debe de esperar.
El abogado que representa a España, el doctor Hakim Boularbah, socio del despacho Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick -equivalente a un Garrigues, Uría Menéndez o Cuatrecasas en España- casi con toda seguridad argumentará una excepción legal de admisibilidad porque la demanda supone una cuestión de Estado al infringir la integridad y la soberanía jurisdiccional española.
El principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados, entendido como deber de los Estados de no enjuiciar a ningún Estado extranjero y derecho de los Estados a no ser sometido a juicio por otros Estados extranjeros, comporta que los tribunales de un Estado no pueden asumir ni ejercer jurisdicción sobre otro Estado. Los tribunales de un país no deben juzgar los actos de la justicia de otro país tomados en su propio territorio porque su jurisdicción es exclusiva y absoluta.
En virtud de este principio, un Estado no puede ser demandado ni sometido a juicio ante los tribunales de otros Estados, salvo que haya aceptado su jurisdicción expresamente, que no es el caso.
Una estrategia estudiada y coordinada con la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y su equipo, con quienes han estado preparando el asunto durante los últimos días.
Los demandantes -los fugados Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig-, representados por sus abogados belgas, Christophe Marchand, Michèle Hirsch, Paul Bekaert y el chileno Gonzalo Boyé, con despacho en España, tratarán de convencer a Su Señoría que no es una cuestión de Estado sino que, por el contrario, es un asunto privado del que debe responder personalmente el magistrado del Tribunal Supremo, e instructor de la causa del procés, Pablo Llarena.
Una causa en la que los 5 huidos han sido procesados y en la que están declarados en rebeldía, por lo que no pueden poner el pie en territorio español porque serían detenidos de inmediato.
Éstos argumentan que Llarena vulneró su presunción de inocencia por unas declaraciones realizadas el pasado 22 de enero en Oviedo, al término de una conferencia.
Y piden un euro de compensación, más las costas procesales, que podrían elevarse a varias decenas de miles de euros.
En aquella ocasión, Llarena manifestó: «No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados».
La traducción al francés modificó la frase en negrita, “si es que ha sido así”, expresada en condicional, por la de “como en efecto sucedió”, lo que cambió por completo el sentido de las manifestaciones del magistrado.
De acuerdo con el abogado chileno Boyé, se debió a un error de traducción, lo que pondrá de manifiesto ante el juez belga.
«No afecta a la esencia de la demanda», ha repetido varias veces.
Un punto de vista con el que buena parte del mundo jurídico español discrepa porque consideran que esa es, precisamente, la almendra central de la demanda presentada.
LO QUE PROBABLEMENTE OCURRA
«Lo normal es que el juez del caso -casi con una seguridad de un 99 por ciento- permita que la parte que representa a España presente un escrito de inadmisibilidad, y a los demandantes, otro, a su vez, combatiéndolo. Con ese fin, fijará una fecha para la próxima vista en la que valorará si el caso cumple los requisitos», añaden las mismas fuentes.
Cabe la posibilidad también, que el doctor Boularbah solicite al magistrado que el asunto no lo dirima él solo sino que sea un tribunal colegiado formado por tres jueces.
Y también que tenga que, antes de hacer un pronunciamiento previo sobre la inadmisibilidad, se entre, siquiera un poco sobre el fondo del asunto.
Todas las posibilidades están abiertas en esta fase del procedimiento.
Lo que sí ha chocado ha sido que, en esta ocasión, los abogados de los demandantes fugados hayan elegido un tribunal francófono en vez de uno valón, como venía siendo habitual hasta ahora en las acciones legales presentadas.
¿Duración? Hasta la próxima vista podría pasar entre un mes y mes y medio. Llegado a ese punto habría que hacer nuevos cálculos.
