Mohamed Attaouil, que en la actualidad es Imán de la mezquita de Salt (Gerona), será expulsado de España una vez que la investigación iniciada por el ministerio del Interior cuando este marroquí de 44 años comenzó a ejercer como «líder salafí de Cataluña» y referente en la Comunidad musulmana en esa región, ha permitido probar que su actividad es un riesgo para la seguridad nacional y aumenta el riesgo de “atentados terroristas”.
La mezquita se construyó gracias a la financiación de Arabia Saudí y Kuwait, países que Attaouil visitó en varias ocasiones.
Así lo recoge el expediente de expulsión al que ha tenido acceso Confilegal donde también describe en los hechos probados que Attaouil tenía buenas relaciones con miembros en Europa de la ONG Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), “principal financiadora de centros islámicos desde los que se expande el salafismo por toda Europa”.
Organización prohibida
Fruto de estas relaciones, habría organizado y participado en congresos religiosos junto a predicadores de la RIHS, una asociación que está considerada «la primera organización salafista estructurada a nivel mundial que subvenciona actividad de ideología salafista-wahabí”.
Muchos de sus partidarios justifican la lucha armad y su propósito es «la instauración del califato regido por la ‘sharia’ [ley islámica]”.
En 2002 fue prohibida en Pakistán y Afganistán por su apoyo a los talibán y en 2008, según explica el escrito de Interior, fue incluida por el Departamento del Tesoro estadounidense en su listado de asociaciones que financiaban actividades de Al-Qaeda.
La ONU también la incluyó en ese mismo año en la lista de entidades asociadas a Al-Qaeda y al DAESH por considerarse una organización que financiaba a los yihadistas.
Amistades peligrosas
Según recoge el expediente, además de sus relaciones con RIHS, el imán tenía entre sus afines a Tarik Chatlioui, predicador salafí arrestado en Birmingham (Reino Unido) en el marco de una operación coordinada por la Audiencia Nacional el verano del año pasado y que se saldó con otras dos detenciones en Mallorca, así como una cuarta persona en Alemania.
Chatlioui era un predicador muy reconocido entre la comunidad salafista europea. Entre sus discípulos estuvo Omar Mostefai, uno de los terroristas que entró en 2015 en la sala Bataclán de París.
Alto nivel de radicalidad
Durante los últimos años han sido “numerosas las manifestaciones públicas de Attaouil que muestran su elevado nivel de radicalidad, por ejemplo, las vertidas en abril de 2012 tras las detenciones del grupo salafí Forzane Alizza en Francia, cuando Attaouil calificó a las autoridades francesas como ‘unos infieles enemigos de Dios’. En el año 2010, hay informaciones que le vinculan con la creación de unidades de policía religiosa islámica en Salt”.
Y si bien en los últimos tiempos «ha rebajado mucho su nivel de radicalidad en público», precisa Interior, «no ha sido así en su círculo privado» en el que llega a defender incluso el concepto de Yihad e ideas como la discriminación de la mujer o la contaminación de la comunidad musulmana por parte de los occidentales, especialmente entre los jóvenes y los niños.
Tampoco permite, por ejemplo, que la comunidad musulmana adquiera ninguna propiedad a través de un préstamo en el que haya que pagar intereses argumentando que el Corán lo prohíbe expresamente.
‘Amenaza real’
Estos comportamientos de Mohamed Attaouil, entiende el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, suponen una «amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional, concurriendo motivos imperiosos de seguridad pública» que justifican «su expulsión preferente».
“La naturaleza y gravedad de los hechos por los que está siendo investigado demostrarían que existe una clara tendencia del interesado a proseguir esa conducta en el futuro», añade.
Para Interior, este proceso administrativo es una medida “proporcionada al legítimo fin de evitar la comisión de atentados terroristas”.
La propuesta de expulsión y prohibición de volver a España o a cualquier otros país del espacio Schengen por un periodo de 10 años, se basa en la infracción prevista en el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que sanciona “participar en actividades contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves”.
