La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto este viernes diligencias de investigación por los mensajes independentistas grabados y emitidos por la megafonía ubicada en el Ayuntamiento de Vic (Barcelona) presidido por Anna Erra i Solà (PDeCat).
En el decreto de apertura de diligencias de investigación, el fiscal superior Francisco Bañares Santo describe que los hechos fueron denunciados telefónicamente a finales de agosto por un ciudadano que oyó a través de la megafonía instalada en el Ayuntamiento «mensajes que podían ser ofensivos».
Seguidamente, un agente que se encontraba el lugar de la denuncia oyó un sonido intenso de campanas seguido del siguiente mensaje: «No normalitzem una situación d’excepcionalitat i d’urgéncia nacional. Recordem cada día que encara hi ha presos polítics i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu, la independencia de Catalunya» («No normalicemos una situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña»).
Una vez que el agente puso en conocimiento de la Fiscalía estas consignas independentistas, el ministerio público indica en su escrito que es su función «velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas».
Bañares Santo solicita a los Mossos d’Esquadra que comprueben si la emisión de los mensajes -circunstancia que se produce diariamente a las 20:00 horas viene refrendada por acuerdo del Ayuntamiento, «debiéndose aportar copia de dicho acuerdo o, en su caso, del acto administrativo en virtud del cual viene autorizada dicha emisión», señala en su decreto.
Asimismo pide determinar si la emisión de los mensajes ha supuesto algún gasto para el Ayuntamiento, ya sea para la instalación de los megáfonos o altavoces o para la confección y edición de los mensajes emitidos, y si el consistorio ha tenido algún tipo de participación personal en su elaboración o bien de personas ajenas.
Finalmente, decreta que se practiquen diligencias para en el caso de que la edición o emisión de los mensajes implicase un coste o desembolso para las arcas municipales, se precise su importe «y aportar a esta Fiscalía la concreta identificación del funcionario o miembro de la Corporación municipal que autorizó los pagos».
