El Consejo Fiscal estudiará mañana la petición de los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) Concepción Talón, Juan Andrés Bermejo, Juan Francisco Ríos, María Rosario Lacasa y Rosa Rubio, de reclamar al Ministerio de Justicia la demanda presentada en Bélgica contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, su traducción al castellano, los dictámentes realizados por la Abogacía del Estado y la resolución final de la ministra de Justicia, “así como cualesquiera otras resoluciones o documentos aptos para que el Consejo Fiscal tenga completo y cabal conocimiento” de todas las decisiones adoptadas sobre este asunto.
Una petición que realizaron los vocales citados a la fiscal general del Estado, María José Segarra, el pasado mes de agosto.
La fiscal general del Estado decidió no dar curso a esta petición y llevar el asunto al Consejo Fiscal, que estudiará la «procedencia y admisión» de dicha petición de los vocales conservadores.
En la misiva exponen que la intención de esta demanda no es otra que “someter a inquisición de los órganos judiciales de un Estado extranjero, Bélgica, la legítima actuación de los tribunales españoles, arrojando dudas y tachas sobre España y su Estado democrático de Derecho”, lo que a su juicio requiere del Estado español todas las actuaciones adecuadas para su defensa ante la comunidad internacional, “tanto la jurídica como la representada por la opinión pública”.
Y añaden que la demanda contra Llarena, al afectar al instructor del caso en el Tribunal Supremo español y cuestionar los derechos fundamentales de los investigados “supera notoriamente los límites de una demanda personal”, y supone un “ataque intolerable a la democracia española, a la integridad jurisdiccional y competencia de los tribunales de España”.
El Consejo Fiscal está formado por 12 miembros, 9 electos (actualmente 5 representan a la Asociación de Fiscales y 4 a la Unión Progresista de Fiscales) y 3 miembros natos: el fiscal jefe de la Inspección fiscal, Fausto José Cartagena, el teniente fiscal del Tribunal Supremo -número 2 de la Fiscalía General del Estado-, Luis Navajas, y la fiscal general del Estado, María José Segarra.
