El Gobierno también apuesta por limitar los aforamientos de jueces y fiscales

El Gobierno no sólo aboga por suprimir el aforamiento de ministros, diputados y senadores cuando se trate de asuntos que no tengan relación alguna con el ejercicio de su cargo, también tiene la intención de «precisar» el alcance del aforamiento de jueces, fiscales, el Defensor del Pueblo o miembros del Tribunal de Cuentas, para lo que sería necesario la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Dicha ley ya fue modificada en 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos, para garantizar su aforamiento y el de doña Sofía. También están aforados el Rey, la Reina, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Moncloa hizo ayer este anuncio después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informase de que pretende reformar la Constitución para limitar el aforamiento. Sánchez lo comunicó en el acto organizado con motivo de los primeros 100 días de su Ejecutivo. Avanzó que se suprimirá para miembros del Gobierno, diputados y senadores cuando se trate de asuntos que no tengan relación alguna con el ejercicio de su cargo.

Para eliminar ese aforamiento sería necesaria una modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.

Desde el Ejecutivo han indicado que «próximamente» se presentará en el Consejo de Ministros la Ley de reforma constitucional para recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

El anteproyecto será debatido en el Congreso y el Senado con el objetivo de lograr «el mayor consenso» del arco parlamentario.

La reforma se realizaría por el procedimiento ordinario y requiere la aprobación de tres quintas partes del Congreso y del Senado.

El objetivo del Gobierno es que pueda estar lista en un plazo de 60 días.

ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

La modificación de la Constitución no afectaría, en principio, a los cargos públicos de las comunidades autónomas, pero el Gobierno considera que, una vez limitados los aforamientos en el texto constitucional, no tiene sentido que se mantengan en las autonomías.

En el caso de los presidentes autonómicos y sus consejeros, así como de los miembros de los Parlamentos regionales, el fuero está regulado en los respectivos Estatutos de Autonomía, que establecen que deben ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.

En España hay unos 250.000, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos; cinco de la Familia Real, y otros 17.603 pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, según la última información aportada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

No se prevén cambios en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuyos miembros tienen una condición especial de aforamiento, que implica que deben ser juzgados por las Audiencias Provinciales en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.

EL CONGRESO DEBATE HOY UNA MOCIÓN DE CIUDADANOS PARA SUPRIMIR LOS AFORAMIENTOS

El Pleno del Congreso de los Diputados tiene previsto debatir hoy una moción de Ciudadanos que urge a reformar la Constitución para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.

Según los datos que maneja Cs, los aforamientos de tipo político afectan en España a cerca de 2.000 cargos públicos, frente a los 10 cargos públicos aforados de Francia, uno en Italia y Portugal y ninguno en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.

El texto consta de dos puntos. El primero pretende que el Gobierno se comprometa a proceder «en el plazo máximo de tres meses a la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objeto de promover la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno».

El segundo persigue el mismo objetivo, pero para despojar del fuero a los parlamentarios y miembros de Gobiernos autonómicos. Para ello, Ciudadanos aspira a que el Congreso emplace a los Parlamentos regionales en los que todavía no se ha acordado esta medida a cambiar sus Estatutos de Autonomía para dar ese paso.

Precisamente, el Pleno del Congreso aprobó el pasado jueves, para su remisión al Senado, el nuevo Estatuto de Canarias, que contempla desaforar a los diputados de las islas, y están en tramitación las reformas estatutarias de Murcia y Cantabria, que recogen la misma medida.

La moción podría salir adelante con los votos de Cs, el PSOE, Unidos Podemos, y del PP.

CASADO: ‘LA REFORMA CONSTITUCIONAL BUSCA LA IMPUNIDAD TOTAL PARA LOS SEPARATISTAS’

El líder del PP, Pablo Casado, considera que el presidente del Gobierno busca la «impunidad total» para los separatistas con su propuesta de reforma ‘express’ de la Constitución para retirar los aforamientos.

«Blanco y en botella, van a hacer un marco para que la impunidad de los que quieren romper España sea total, vamos a estar en contra de eso», ha asegurado hoy Casado en COPE.

Ha recordado que Sánchez primero planteó que la comunidad ahonde en su autogobierno con un nuevo estatuto, luego dijo que las palabras «amenazantes» de Torra eran «frases desafortunadas» y que ahora propone un cambio constitucional para quitar los privilegios.

Además, en su intervención en un debate organizado ayer por ‘La Razón’, expresó que se trata de un «señuelo» por parte del Ejecutivo para tapar su incapacidad para gobernar el país, y que lo único urgente para Sánchez «es tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno u otro miembro del Gobierno».

Para Casado, la inicitiva del Ejecutivo es un «globo sonda», y ha rechazado abrir este debate asegurando que en la actualidad no hay «mimbres» y no se cuenta con los interlocutores políticos que hubo durante la Transición.

No obstante, ha informado que el PP está abierto a debatir en el Congreso sobre la moción de Ciudadanos.

Por su parte, el vicesecretario de organización del PP, Javier Maroto, ha señalado que los populares apoyarán esta moción, pero ha afeado a Ciudadanos que mantenga los aforamientos en Andalucía, donde ha gobernado junto al PSOE de Susana Díaz, y ha denunciado el doble discurso del partido de Albert Rivera: «depende de para con quien y depende de para que foto».

Para Maroto, este debate no es urgente y la propuesta de Sánchez no es más que «otro anzuelo» que en el PP no piensan «morder. Ha hecho hincapié en que la mayoría de los españoles «tiene otras preocupaciones» y esto es una estrategia del Gobierno para desviar la atención de otros asuntos de la agenda del Ejecutivo «porque cada semana hay un escándalo» en el gabinete de Sánchez.