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La decana del Colegio de Barcelona, partidaria de una reforma organizativa de la justicia donde la tecnología sea clave

Es partidaria que se aclare la norma que obliga a los abogados a inscribirse en el Registro Mercantil porque ahora genera inseguridad jurídicaCristina Vallejo, diputada, Maria Eugenia Gay, decana y Jesús Sánchez, secretario. ICAB.
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La Administración de Justicia necesita de una reforma organizativa que se apoye en la colegiación de los magistrados y en el uso de la tecnología, es una de las conclusiones del ‘Informe de la Justicia 2018’.

Una publicación que realiza el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) para analizar el estado y funcionamiento de la Administración de Justicia, y especialmente la evolución en la demarcación territorial del ICAB -que incluye Barcelona y las 11 delegaciones.

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En este encuentro celebrado ayer,  y para analizar lo más importante de dicho informe, junto a la decana Maria Eugenia Gay,comparecieron el  secretario, Jesús Sánchez y la diputada responsable de la Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) Cristina Vallejo.

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Desde el ICAB consideran necesario que los responsables políticos de todas las administraciones con responsabilidades públicas en materia de justicia se planteen la necesidad de abordar una reforma organizativa de la justicia que incorpore criterios de colegiación entre jueces y magistrados para resolver los expedientes judiciales.

Junto a ello proponen la necesaria especialización en todos los órdenes jurisdiccionales. Estas medidas deberían ir ligadas a una efectiva implantación de las TIC con el fin de agilizar y coordinar las tareas de los diferentes profesionales que intervienen en la justicia.

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Sobre el uso de las tecnologías, la decana del ICAB explicó que un 59% de los letrados encuestados por esta Corporación considera  que no se han implementado correctamente las nuevas tecnologías en el ámbito de la justicia, pero también ha indicado que el problema más importante radica en la falta de un sistema que sea eficiente en la notificación de las resoluciones judiciales por vía telemática.

«Otra cosa debemos decir sobre la aplicación específica del sistema de videoconferencias en la relación abogado-cliente, que ha sido valorado como muy útil, aunque la todavía reducida utilización del sistema con los internos en los centros penitenciarios de Cataluña», afirmó Gay.

A su juicio, las TIC resolverían otro problema que, en este momento sigue siendo un incumplimiento flagrante de las garantías en el proceso penal español, como son las trabas que recibe la abogacía para acceder al atestado.

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Y afirmó «mientras no haya una digitalización efectiva, con garantías de acceso a los elementos de las actuaciones policiales y / o judiciales que sean esenciales para la defensa del detenido o preso, no podremos mantener que este tema se ha resuelto. Quién debe tener este acceso digital con garantías debe ser el abogado o abogada que ejerce la defensa de esta persona».

Desde el ICAB la falta efectiva de fiscales en expedientes y juicios en determinadas delegaciones, especialmente en Vilafranca del Penedès y Berga «preocupa a la Corporación porque hace entrar en crisis la tramitación de muchos expedientes, con demoras y en perjuicio de las garantías de las víctimas y de los menores».

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Para la decana, “de acuerdo con la ley del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal se deberían crear Fiscalías de Área y de Secciones Territoriales con las correspondientes plantillas de fiscales y con la dotación pertinente de funcionarios». Por este motivo, el ICAB reclama una mayor coordinación entre diferentes administraciones (Ministerio, Fiscalía General del Estado, Fiscalía Superior de Cataluña y Departamento de Justicia).

Respecto a la nueva obligación para muchos abogados de tener que inscribirse en el Registro Mercantil y dar cuentas una vez al año, tal y como señala la trasposición de la cuarta directiva sobre prevención de blanqueo de capitales, la decana señala que “defendemos (y así lo ha dicho también el CGAE) que el registro obligatorio y suficiente para el ejercicio profesional es el de los Colegios Profesionales y, por ello, no es necesario el establecimiento de ningún nuevo requisito registral para el ejercicio profesional”.

También señala que “lo que  sucede es que la actividad de prestación de servicios a la que se refiere la nueva norma no constituye ejercicio profesional en sentido estricto, en la medida en que tales servicios se pueden prestar y, de hecho, se prestan por otras profesiones o, incluso, por personas sin ninguna cualificación profesional”.

Desde su punto de vista “evidentemente esta situación crea inseguridad jurídica por la ambigüedad de los términos que se utilizan en la norma y, por ello, creemos que es necesario proceder su clarificación”.

Atasco judicial

Uno de los aspectos más preocupantes que se han detectado y que recoge el Informe de la Justicia 2018 es el colapso de la jurisdicción civil en la demarcación territorial del ICAB, ya que en todas las jurisdicciones se reduce el número de asuntos pendientes, mientras que en la jurisdicción civil se incrementa en un 17%.  Procedimientos de familia, sobre estado civil o incapacitaciones han crecido de forma notable

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En cuanto a los otros indicadores como la litigiosidad, que es el número de expedientes judiciales por cada mil habitantes, la decana ha expuesto que se ha incrementado en todas las jurisdicciones (excepción hecha de la jurisdicción contencioso-administrativa), y que este dato pasa a ser preocupante si tenemos en cuenta el incremento del volumen de asuntos ingresados en la jurisdicción civil (un 10%) y en la jurisdicción social (un 6%).

En cuanto a la duración media de los procedimientos, Gay ha indicado que el tiempo de resolución de los expedientes judiciales, la llamada tasa de pendencia   ha empeorado, lo que puesto en relación con la tasa de congestión (número de expedientes ingresados más los pendientes al inicio del año dividido por los resueltos), nos lleva a una duración media de los procedimientos que difícilmente puede mejorar en determinadas jurisdicciones y expedientes.

La percepción de los abogados consultados por el ICAB sobre esta jurisdicción es que entre un 89% y un 93% de los profesionales, según primera o segunda instancia puede empeorar. Lo mismo sucede en la jurisdicción social,  la percepción es peor en los procedimientos de reclamación de cantidad (salarios, etc.) y en los procedimientos contra la Seguridad Social; y así lo perciben los profesionales en un 96% en la generalidad de los asuntos de la primera instancia y en un 78% en la segunda.

Gay explicó que desde el Colegio se considera que la falta de medios y de una organización eficiente,  provoca que la situación no mejore, pese esfuerzo de los funcionarios, los Letrados de la Administración de Justicia y de los magistrados.

Jurisdicciones como la civil y laboral han repuntado y con ellos procedimientos de familia, incapacitaciones, reclamaciones de salarios o procesos contra la Seguridad Social

Juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo no funcionan

Desde el ICAB se muestra la disconformidad a mantener los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo, en marcha desde junio del 2017, tras un acuerdo entre el CGPJ y el Ministerio de Justicia. Ahora se han prorrogado hasta finales de este año. Pero se cree en la entidad colegial que no son útiles porque no resuelve la avalancha de demandas presentadas contra las entidades bancarias.

Para Maria Eugenia Gay “ni los medios, ni la organización de estos juzgados ha sido la adecuada, por lo que -desde buen principio- han colapsado ante el elevado número de reclamaciones de los consumidores».

Los datos así lo demuestran, pues según el propio CGPJ, la tasa de resolución (que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de los asuntos ingresados) en este tipo de juicios desde el segundo trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018 es del 6,6% -aunque el primer trimestre del 2018 ha mejorado-, es decir, «una de las más bajas de toda España».

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona también ha afirmado que «si tenemos en cuenta los datos del propio CGPJ, estos indican que el 98,3% de las sentencias han sido favorables a las reclamaciones de los consumidores durante el 2017; este porcentaje resulta claramente ineficaz, desde el mismo momento que obliga a los consumidores a esperar toda la tramitación hasta sentencia. En este momento se puede estimar una espera entre 2 y 3 años hasta llegar a sentencia».

Por estos motivos, el ICAB considera que el CGPJ y el resto de administraciones con competencias en materia de administración de justicia elaborarán coordinadamente un plan que tenga en cuenta una efectiva protección de los consumidores y usuarios, aplicando criterios de proximidad de la justicia a la ciudadanía y teniendo e n cuenta la implantación de la mediación extrajudicial y intrajudicial en este tipo de asuntos.

En este sentido, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se propone modificar el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, a fin de implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias.