La importancia de una buena defensa cuando la presunción de inocencia no es igual para todos

La semana pasada el titular del juzgado de instrucción nº 20 puso fin a una de las peores pesadillas vividas por las familias de varios inocentes, que fueron encarcelados por un error policial en relación al ‘Caso Jimmy’, la muerte del hincha del Deportivo de la Coruña hace casi cuatro años sin hallar a ningún autor o autores del crimen.

El instructor dictó auto de sobreseimiento y archivo al entender que no resultaba debidamente acreditada la perpetración del delito, ni  la  participación de 87 de los 97 investigados por el delito de riña tumultuaria.

Con carácter previo éste mismo Instructor, en éste  mes de julio, dictó Auto sin procesamiento en relación con el delito de homicidio/ asesinato, ante la falta de indicios que permitieran mantener la autoría contra persona concreta.

Ambas resoluciones suponen el carpetazo a la “caza de brujas” iniciada en el año 2014, cuando la necesidad de encontrar un culpable que justificase el éxito de la lucha policial contra la violencia en el deporte finalizó con la identificación, según dijeron “sin lugar a dudas”, de un muerto que estaba vivo y 4 imaginarios agresores que fueron encarcelados, tras ser reconocidos por varios agentes, que nunca fueron testigos directos, y que en un difuso vídeo doméstico del que la policía científica aseveró que su baja resolución impedía identificar a nadie, señalaron al denominado “Núcleo homicida” en un precipitado atestado plagado de errores.

ILP y SSM, fueron detenidos en su casa, delante de sus padres e hijos, sus ropas y enseres incautados, los ordenadores, discos duros y teléfonos de toda la familia aprehendidos y destrozados hasta el punto de que el hermano menor de SSM perdió los trabajos y apuntes del curso escolar y los pequeños hijos de ILP insultados en el colegio y obligados a abandonar el domicilio familiar por miedo a ser represaliados.

Durante los días siguientes su casa y su barrio fueron fotografiados y publicados, acechados en la calle y vituperados allá donde fueron reconocidos, sin derecho a la presunción de inocencia porque alguien había filtrado esos informes policiales y nadie creyó su versión, con un secreto de sumario que impedía a los abogados conocer la investigación policial y comenzar a diseñar la estrategia defensiva.

Cuatro inocentes estuvieron privados de libertad, hasta que 6 meses después, tras una dura labor de investigación de las defensas llamaron a declarar al único testigo real y probado de lo ocurrido, un agente de movilidad que afirmó que el muerto estaba muy vivo y salió del agua por su propio pié.

Ese día 23 de mayo de 2015, tras 6 meses de prisión clasificados como presos peligrosos, el juez los dejó en libertad y nadie pidió perdón a aquellas familias que habían sido arrolladas por un estado de derecho a la información, que les condenó de forma anticipada, policial y socialmente, en base a la intuición de quienes creyeron reconocerlos “sin lugar a dudas”, pero cuya palabra valía más que la de los “presuntos inocentes”, porque la igualdad de armas es una ficción del Estado de Derecho que se mantiene a duras penas gracias al heroico esfuerzo de los abogados y los jueces.

De ahí la importancia de contar con una defensa expeditiva en este asunto.

Los abogados de este asunto “nos quitamos la toga y bajamos al ruedo” teniendo que demostrar lo que al parecer no era tan obvio, la inocencia de nuestros clientes; e interrogando durante más de cinco horas  a aquellos que les habían estigmatizado, no quedó lugar a dudas de que todo había sido un error, ordenando el Instructor la inmediata puesta en libertad.

UNA LABOR PACIENTE

Ese día 25 de mayo de 2015, los diarios publicaron que: “la policía no ha variado la versión sobre este asunto”, y el jefe superior de policía “ha aseverado que todas las pruebas evidencian el mantenimiento de la misma actuación y que han sido puestas ante el Juez”, con lo que se vulneró por segunda vez el principio de presunción de inocencia, ante una policía que hablaba de sus investigaciones cuando la ley obliga a guardar silencio.

En este caso nuestra labor fue paciente y certera, a sabiendas de que si luchas contra el sistema te arrolla, y teniendo en cuenta que la carga de la prueba se había invertido, hicieron  hicimos esa labor de investigación que los  mal llamados “investigadores” no habían hecho, porque investigar no es “creer sin lugar a dudas” que alguien es culpable sino demostrarlo, y cuando se elevan las creencias subjetivas a la categoría de certezas probatorias, el estado de derecho se convierte en la dictadura de la sinrazón.

Las abogadas que llevamos este asunto buscamos expertos peritos que midieron metro a metro la distancia de los árboles, las farolas y la corriente del río Manzanares ese día, y estudiando en conciencia esos mismos videos que había  visionado la policía, y aquellos que los medios de comunicación repetían sin parar, descubrimos la verdad que estaba delante de todos y nadie había visto, que el muerto estaba muy vivo y salió nadando por el otro extremo del rio, cuando el verdadero muerto quedó atrapado cerca de la presa nº2 y salió a espaldas de un bombero que le ayudó a nadar a la otra orilla.

La verdad que nadie ha contado sobre la causa de la muerte, por encima de farsantes testigos protegidos y filtraciones de la propia autopsia, instrumentalizados con una absoluta falta de respeto y pundonor a la dignidad del fallecido, sirvieron para apuntalar una endeble acusación policial que había sido devastada por las dos incisivas letradas, es porque Jimmy falleció a consecuencia de un golpe seco mortal de necesidad,  sin que la caída al río tuviera nada que ver.

Que no vuelva a ocurrir que una madre tenga que enterrar a su hijo por violencia en el deporte, ni que otra madre tenga que visitar a su hijo inocente en prisión. La presunción de inocencia, debe primar por encima de todo, porque el fin no justifica los medios y, los abogados somos el último bastión en la protección del Estado de Derecho.

Casos como este nos demuestran la vital importancia de una buena defensa y, la emergente proyección de boutiques de litigación en las que el trabajo directo y personal izado del abogado defensor, que acompaña a su cliente y a sus familias en el duro trance que supone un proceso penal, marcan la diferencia entre lo que es y lo que parece ser.

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