Lo que se suponía que iba a ser una de las grandes novedades e iniciativas estrellas de este Ministerio de Justicia ha sido abortado.
El consejo asesor nombrado para revisar, «desde un enfoque de género», el proyecto de reforma de la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) -una fusión del anteproyecto de Ley del Gobierno del PSOE de 2011 y el borrador del Gobierno del PP de 2013-, ha cambiado su cometido de forma radical.
En vez de eso, sus cinco miembros -cuatro mujeres y un hombre- se dedicarán a analizar, «desde un enfoque de género», la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882 y enmendada innumerables veces desde aquel entonces.
Así lo decidieron el pasado miércoles sus componentes, Ana María Ferrer García, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala del Supremo de Criminalidad Informática; María Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y vocal permanente de la Comisión General de Codificación; María Durán i Febrer, abogada del Colegio de Abogados de Baleares; y Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia y presidente de la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, en la reunión que celebraron el miércoles por la tarde en el Ministerio.
Pocos días después de que fuera nombrada ministra de Justicia, Dolores Delgado, declaró: «No voy a hacer borrón y cuenta nueva. Voy a aprovechar lo que se ha hecho hasta ahora”, en referencia al trabajo realizado por su antecesor, Rafael Catalá.
El exministro encargó a cuatro expertos la fusión de ambos borradores de iniciativas legislativas: Víctor Moreno Catena, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III de Madrid y abogado; Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado; y Pedro Crespo Barquero, fiscal de sala del Tribunal Supremo y miembro de la Unión Progresista de Fiscales,.
Entonces escribimos desde Confilegal que «El hecho de que Delgado haya dado luz verde al proyecto fusionado de LECRIM tiene los mejores augurios para que finalmente pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados ya que es imprescindible el consenso básico, al menos, de los dos principales partidos, PSOE y PP, que juntos suman 218 diputados, de los 350 que conforman la Cámara Baja».
Este giro de 180 grados supone el abandono de ese objetivo y, por lo tanto, de la posibilidad de aprobar una futura LECRIM de forma consensuada, a corto o medio plazo.
Habrá que esperar a que un futuro gobierno, con mayoría parlamentaria suficiente y voluntad política clara lo haga realidad.
