La semana pasada el juez titular del Juzgado de 1ª Instancia número 50 de Barcelona Miguel Ángel Chamorro ponía de manifiesto el colapso de este órgano uniprovincial dedicado a las cláusulas suelo acordando no señalar más juicios más allá de un año vista «hasta que se afronten medidas de refuerzo para este juzgado», como recogía un acuerdo gubernativo.
Este Juzgado de Barcelona dispone de dos Letrados de la Administración de Justicia, cinco funcionarios, un auxiliar y un gestor y debe hacer frente a más de 12.000 reclamaciones judiciales.
Una demanda de 2017 se señala para el 2020
A modo de ejemplo de cómo es la situación en este juzgado que se suma a los 53 especializados en toda España es que una demanda interpuesta el día 4 de octubre de 2017 es repartida con número de procedimiento y sección en el mes de marzo de 2018.
A fecha de hoy no ha sido admitida a trámite y, en consecuencia, la entidad bancaria aún no la ha recibido.
Con estos plazos, la demanda no tendría juicio señalado hasta pasado un año, como mínimo, dado que ya señalan el 2020 y, en estos momentos se han suspendido los señalamientos.
Como denuncia ante esta situación, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) dice apostar por reformar el Real Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo con el fin de implementar una vía que conduzca a la mediación «y no tener que esperar un mínimo de dos años para tener sentencia mayoritariamente favorable a los intereses del consumidor».
A través de un comunicado, el ICAB reivindica que la solución al acuerdo adoptado por el juez Chamorro «pasa por una estructura judicial adecuada y una organización eficiente y eficaz. Es necesario que no sólo los medios sean proporcionales al número de demandas que hoy se tienen que resolver sino que, además, la organización de los medios sea la adecuada para asuntos que están siendo estimados en un 98,3% de los supuestos«.
Situación límite
Sobre la cuestión de que se refuerce personal, que el ICAB demanda «con carácter inmediato y urgente», recuerda que afecta al Ministerio de Justicia en cuanto a los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y a al Departament de Justícia en cuanto a los funcionarios.
«Necesitamos una coordinación en materia de Justicia, de medios y de organización para poder salvaguardar a los consumidores de un colapso que hoy es insostenible», señalan.
Denuncian que «esta situación límite» a la que ha llegado el Juzgado de 1ª Instancia 50 de Barcelona «es un reflejo más de la disconformidad a mantener y prorrogar el actual plan de los juzgados en materia de cláusulas suelo».
Este órgano judicial «no puede resolver la avalancha de demandas presentadas, lo que provoca frustración en el ciudadano que lee los datos del propio CGPJ que indican que el 98,3% de las sentencias han sido favorables a las reclamaciones de los consumidores».
