La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha vuelto a rechazar la puesta en libertad de los 9 procesados por el ‘procés’ que se encuentran en prisión preventiva.
Se trata del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, y los exlíderes de las plataformas separatistas Òmnium Cultural Jordi Cuixart, y Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez.
La Sala de lo Penal del Alto Tribunal que enjuiciará el ‘procés’ ya denegó el pasado julio la libertad solicitada por estos nueve presos y rechazó sustituir esta medida por otras alternativas menos gravosas.
Responde ahora a las nuevas peticiones de libertad de las defensas, que alegaron que su permanencia en prisión vulnera sus derechos fundamentales a la defensa y a un proceso justo, y también que se estaba viendo afectado su entorno familiar y personal.
El Supremo destaca que el hecho de que continúen en prisión no afecta a ninguno de estos derechos y que «la dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia» están siendo debidamente garantizados.
Y es que el principal argumento de los abogados de los separatistas es el impacto que la cárcel tiene en el entorno familiar y personal de cada uno de sus clientes.
El Alto Tribunal tampoco admite la alegación de Dolors Bassa respecto a que ha abandonado la política y al clima político actual proclive al diálogo entre el Gobierno y el ejecutivo catalán.
El tribunal hace hincapié en que «ni las medidas cautelares vigentes respondieron, en el momento de su adopción, a un determinado clima político, ni su permanencia puede hacerse ahora depender de un contexto político diferente».
RIESGO DE FUGA Y REITERACIÓN DELICTIVA
Además, hace hincapié en que no se ha neutralizado el riesgo de fuga y de reiteración delictiva que llevaron al instructor, el magistrado Pablo Llarena, y a la Sala de Recursos a acordar la medida cautelar.
«Los fines del proceso y, de modo especial, las medidas cautelares que tienden a asegurar esos fines, no se desdibujan por los padecimientos que en el orden familiar puede acarrear la privación de libertad», subraya el alto tribunal.
Algunos de los procesados esgrimieron la vulneración de su derecho a la defensa y a un proceso justo si continúan en prisión durante la celebración del juicio.
Al respecto, la Sala de lo Penal del Supremo replica que «ni el contenido material del derecho a la defensa, ni, por supuesto, el derecho a un proceso con todas las garantías, están afectados por las condiciones que, en su caso, presidirán la celebración de las sesiones del plenario».
«La dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia, serán debidamente garantizadas por esta Sala», subraya.
Asimismo, rechaza las alegaciones referidas a la vulneración de los derechos a la libertad, a la presunción de inocencia y a un proceso público sin dilaciones indebidas realizadas por los procesados Jordi Turull y Josep Rull en sus respectivas peticiones de libertad.
Cabe recordar que el pasado 27 de septiembre, el Pleno del Tribunal Constitucional también decidió por unanimidad denegar la petición realizada por Forcadell de suspender su situación de prisión provisional, acordada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y confirmada posteriormente por la Sala de lo Penal del mismo tribunal.
LOS PRESUNTOS DELITOS POR LOS QUE ESTÁN PROCESADOS
En el Tribunal Supremo están procesados por presunta rebelión y malversación el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, y los exconsejeros catalanas Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Toni Comín, Dolors Bassa, Clara Ponsatí.
Por presunta rebelión, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, la ‘número dos’ de ERC Marta Rovira, el expresidente de la ANC y actual diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
También están acusados por supuesta desobediencia y malversación otros exconsellers como Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, y por supuesta desobediencia los exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet y las exdiputadas de la CUP en el Parlament Mireia Boya y Anna Gabriel.
El juicio se prevé que se celebre el próximo enero, aunque se deja en una pieza separada a los procesados que han sido declarados en rebeldía (Puigdemont, Comín, Ponsatí, Puig, Serret, Rovira y Gabriel) por lo que no se sentarán en el banquillo de los acusados, si bien no podrán regresar a España hasta que la causa prescriba y en el caso de regresar serán detenidos y juzgados.
