Núria Llorach, presidenta en funciones de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que comprende TV3 y Catalunya Radio, ha sido citada como investigada para declarar mañana martes ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la logística del 1-O.
Será al tercera vez que declarará. La segunda ante el magistrado; la anterior fue como testigo y explicó al juez cómo se produjeron las campañas divulgativas que lanzó la Generalitat para apoyar el referéndum ilegal. En ambas ocasiones Llorach defendió su trabajo y el hecho de que TV3 y Catalunya Ràdio difundieran los anuncios institucionales del 1-O.
Llorach también ha sido interrogada por la Guardia Civil.
Al parecer, las indagaciones del magistrado van por la campaña “Civisme” y un anuncio que llevaba el logotipo de la Generalitat. La imagen mostraba unas vías que se separaban sobre la que después se desplegaba el eslogan “Has nacido con la capacidad de decidir. ¿Renunciarías?”.
La presidenta de la CCMA se escudó en la existencia de una ley del Parlament, cámara de la que dependen los medios públicos catalanes.
El magistrado Ramírez Sunyer también ha citado para ese mismo día a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, al exjefe del Gabinete técnico de la Conselleria de Economía Daniel Gimeno; la exjefa del Área de procesos electorales y consultas populares Montserrat Vidal, y el director del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), Frederic Udina.
En el caso de Rosa Vidal, ya fue citada en el juzgado una primera vez como investigada, después de que la Guardia Civil apuntara en un informe que omitió información sobre el gasto relativo a la celebración del 1-O, aunque su comparecencia se aplazó hasta ahora.
Según señaló la Guardia Civil, Vidal omitió información relativa a la consulta, participó en un acto de compromiso con el referéndum y no denunció lo que puede ser un intento de «estafa».
Ella misma envió, a requerimiento del Juzgado, una información explicando el sistema de pago que utilizan todos los departamentos de la Generalitat pero aunque hacía referencia a un anexo con todas las facturas emitidas por Unipost a la administración catalana, no adjuntó ninguna información relativa a las facturas de la empresa Unipost.
En otro escrito diferente y también remitido al juzgado, Vidal certificó que, consultados los datos relativos al ejercicio de 2017, no consta que ningún departamento de la Generalitat ni organismos autonómicos administrativos del sector público catalán hayan concendido ni pagado ninguna subvención a Òmnium Cultural ni a ANC.
Respecto a Daniel Gimeno, según un informe de la Guardia Civil que está en la causa, supuestamente fue el encargado de la gestión de las bases de datos usadas en el referéndum, en base al registro de catalanes en el exterior y el registro de población de Cataluña. EP.
