Si Zaplana muriera en la cárcel, ¿los jueces del caso podrían ser acusados de homicidio en comisión por omisión?

Eduardo Zaplana, en una fotografía tomada unas semanas antes de ser detenido.
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Eduardo Zaplana, 62 años, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, exportavoz del Gobierno y expresidente de la Generalitat valenciana, padece una leucemia desde 2015. Ese mismo año fue sometido a un transplante de médula.

En su historial médico figura un rechazo localizado en el estómago, una neumonía vírica en diciembre de 2016, una trombosis venosa profunda en enero de 2017, y una bronquiolitis aguda en marzo de 2018. Está confinado en la cárcel de Picassent, Valencia, desde el pasado 24 de mayo, tras ser detenido en la Operación Erial por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos y prevaricación.

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Desde entonces ha perdido 8 kilos, está muy demacrado y sufre una fuerte depresión.

Podría morirse en la cárcel.

Y si Zaplana muriera en la prisión, ¿los jueces del caso, María Isabel Rodríguez Guerola, del Juzgado de Instrucción 8 de Valencia, y los magistrados de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, María Begoña Solaz Roldán, José Antonio Mora Alarcón y Alicia Amer Martín, que han actuado como tribunal de apelación, podrían ser acusados de homicidio en comisión por omisión?

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Hasta ahora se le ha denegado cinco veces la solicitud de poder cumplir la prisión preventiva en arresto domiciliario en su casa de Valencia, realizada por su anterior abogado, Santiago Milans del Bosch, ahora sustituido por Daniel Campos, quien dejó de ser fiscal de la Audiencia Nacional en 2017, ahora socio de Cortés Abogados.

Milans del Bosch aportó, a lo largo del procedimiento, hasta cuatro informes. Los dos últimos alertaban del “deterioro acusado del estado general” del paciente, y de la probabilidad “de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses cercana al 100%”.

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Dos médicos forenses, por encargo del tribunal de apelación, analizaron todos los dictámenes médicos sobre Zaplana y concluyeron, en un segundo informe, que no corría peligro. Por lo que el tribunal optó por mantenerlo en prision.

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Sin embargo, la medicina no es una ciencia exacta. Y, contra todo pronostico, la salud de Zaplana podría seguir empeorando.

OPINIONES NO UNÁNIMES

La opinión entre los cuatro penalistas consultados la opinión no es unánime, lo que induce a pesar que habría espacio para una acción legal ante los tribunales contra los magistrados, si eso se produjera.

“La comisión por omisión se produce cuando, a pesar de tener conocimiento de la situación de hecho que genera el deber de actuar y de su capacidad de realizar la acción, esta no se realiza”, explica el doctor y abogado penalista, Jose María Garzón, socio director de Garzón Abogados.

“Es lo que dice el Supremo en la sentencia 358/2010 de 4 de marzo”, añade.

“Si la situación de hecho genera el deber de actuar y no se actúa, es una acción con dolo. Se produce un delito de comisión por omisión. Es cierto que los magistrados han solicitado a dos médicos forenses un informe sobre el estado de salud de Zaplana y que estos han concluido que, de momento, los resultados muestran que el hecho de seguir en prisión no hace que su vida corra peligro, y con ello se han cubierto. Pero si, por la circunstancia que sea, Zaplana muere en prisión, desde mi punto de vista, hay espacio para iniciar una acción legal”, opina. 

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Este abogado recuerda que una de las funciones de las penas es la reinserción social, pero para reinsertarlo primero hay que condenarlo y Zaplana se encuentra en prisión preventiva.

“Lo único que, constitucionalmente, justifica su permanencia en prisión es el riesgo de fuga, la reiteración delictiva o la destrucción de pruebas”, añade.

“Después de cinco meses de instrucción bajo secreto de sumario es improbable que se cumpla, a estas alturas, ninguna de esas condiciones. Zaplana podría seguir su confinamiento en su casa por motivos de salud”, señala.

Marcos García Montes, socio director del Bufete Jurídico Marcos García Montes, por su parte, cree que en un escenario hipotético como el descrito al comienzo de este artículo, lo que afloraría, de una forma más evidente, serían los supuestos delitos de “prevaricación, negligencia e, incluso, homicidio involuntario”. 

“La prisión preventiva está para lo que está. Jamás puede suponer el cumplimiento anticipado de una pena”, cuenta.

Para la también doctora Emilia Zaballos, socia directora de Zaballos & Laborda Abogados, en un escenario como ese “sería necesario demostrar que el resultado ha sido la consecuencia de estar internado en prisión. Si se muere es fundamental que se acredite que las condiciones que existen en la prisión han agravado su estado de salud. Hay que demostrar que el resultado del fallecimiento ha sido consecuencia de haber estado internado. Ese es el meollo de la cuestión”.

En la misma línea de Zaballos se expresa Jaime Sanz de Bremond, socio director de Sanz de Bremond Abogados: “Si estando en la cárcel no se le diera el tratamiento preciso y, como consecuencia, se produjera el daño, podría ser atribuible. Si no es así, sería difícil articular un delito de comisión por omisión. Habría que saber qué clase de cáncer tiene, que tratamiento le están dando, si lo están haciendo… Habría que establecer un nexo de causalidad”.

“En cualquier caso”, añade, “lo que es una barbaridad es el abuso de la prisión provisional que se hace en este país. Este es el tema”. 

BOLINAGA, SÍ

Precisamente “por razones humanitarias” fue puesto en libertad en septiembre de 2012 el etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga debido a un cáncer avanzado.

Murió en enero de 2015.

Bolinaga cumplía la pena máxima, 30 años, por varios delitos, entre ellos los asesinatos de tres guardias civiles y por ser el carcelero del exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el más largo de la historia de la banda terrorista.

 

por Carlos Berbell.

Carlos Berbell es director de Confilegal. Periodista, consultor internacional en comunicación y escritor, está especializado en el campo de la justicia, la investigación criminal y la comunicación institucional.