Dos días después del acuerdo adoptado por el juzgado hipotecario de Valencia, el de Primera Instancia número 25, el magistrado Tomás González Marcos, titular del Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria, también ha tomado la decisión de «suspender la emisión de sentencias en todos aquellos pleitos en los que se discute el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales».
El acuerdo del juzgado unipersonal se mantendrá hasta la celebración del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Adminsitrativo del Tribunal Supremo el próximo 5 de noviembre para unificar doctrina respecto a quién corresponde el abono de esta tasa.
Este órgano judicial encargado de la resolución inicial de los asuntos relativos a las condiciones generales de contratación bancaria en la provincia cuenta con una juez de refuerzo.
Así lo ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, en referencia a los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife señala que si bien no hay una decisión consensuada y oficial sobre la suspensión de litigios «no quiere decir que, de forma puntual, no se esté paralizando la emisión de este tipo de demandas a la espera de conocer el criterio a seguir».
La AP de Las Palmas y los pleitos hipotecarios sobre IRPH
Por su parte, la Sección Cuarta de la Audiencia de Las Palmas que preside el magistrado Juan José Cobo Plana tomó este martes la decisión de suspender las deliberaciones sobre litigios en los que se discute el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales.
A esto hay que unirle el Auto que dictó el pasado 1 de octubre el primero que acuerda la suspensión de un procedimiento en el que se demandaba el presunto carácter abusivo de la cláusula de Indices de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).
En este caso, se acordó suspender la tramitación de todos los proceso vivos en Las Palmas contra la cláusula IRPH, que podrían superar el centenar, hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado de Primera Instancia número 38 de Barcelona.
Se trata de concluir si la decisión del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017, en la que eximía la cláusula IRPHde todo control de transparencia, es ajustada al derecho comunitario.
La Comisión Europea informó al TJUE a favor de que se declare la nulidad de esta cláusula, por considerarla “abusiva”.
El auto de la Audiencia Provincial fechado a 29 de septiembre recuerda que el juzgado elevó el 16 de febrero pasado al TJUE tres cuestiones prejudiciales sobre la abusividad de la cláusula IRPH Cajas.
Y, en consecuencia, pone de manifiesto que «la excepcionalidad de esta situación, unida al hecho de que la Comisión Europea haya informado a favor de que se declare la nulidad, por abusiva, de dicha cláusula, y teniendo en cuenta la total vinculación que la decisión de dicho tribunal habrá de tener sobre las resoluciones dictadas por todos los órganos judiciales de este país, obligan, en virtud del principio de seguridad jurídica y con la finalidad de evitar resoluciones con el mismo objeto y contradictorias entre sí, a la suspensión de la tramitación del presente procedimiento”.
