Lo advirtieron el 25 de octubre: Si el 31 de ese mes el Ministerio de Justicia no movía ficha, convocarían una huelga. Y hoy, 5 de noviembre, las 7 asociaciones de jueces y fiscales han cumplido su advertencia convocándola para el próximo 19 de noviembre.
Así lo han comunicado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a los efectos de los artículos 3 y 4 del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de marzo, y en uso del derecho reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española.
«Las reivindicaciones que sustentan dicha huelga son conocidas sobradamente por nuestros responsables, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, a quienes se les efectúa en el día de hoy comunicación formal de la convocatoria, además de haber sido anunciadas por estas asociaciones de jueces y fiscales en redes sociales y prensa y haber sido trasladadas en las reuniones mantenidas al efecto en los últimos meses«, afirman las organizaciones convocantes en un comunicado.
Los objetivos de dicha huelga se concretan en cuatro grandes apartados: para reforzar la independencia judicial, para modernizar la Administración de Justicia, para mejorar las condiciones profesionales y, por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, para derogar los plazos máximos de instrucción, paralizar la implantación de la Justicia Digital, atribuir la formación a los fiscales, reforzar su independencia y darle autonomía presupuestaria.
Los máximos representantes de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, de Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Profesional de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales piden, en su comunicado, la «convocatoria inmediata y formal de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función, sin que la convocatoria ‘formal’ carente de contenido efectivo del pasado 27 de septiembre pueda ser considerada satisfactoria a los efectos de mejorar nuestras condiciones retributivas».
«Al contrario, se han remitido a la elaboración de un Reglamento de funcionamiento para ganar tiempo y desatender nuestras peticiones», afirman.
Sobre la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere -ahora en trámite parlamentario-, las asociaciones desconfían.
«Las enmiendas y demás circunstancias introducidas subrepticiamente en el proyecto hacen dudar del buen fin de la aprobación del texto», señalan. Por ello, reivindican la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente en 2012 así como el permiso de paternidad.
Otro de los puntos en litigio, es la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales. Algo que le correspondía hacer al actual Consejo General del Poder Judicial pero que en estos 5 años de mandato no lo ha hecho.
