La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha emitido un contundente comunicado institucional bajo el título «Por una Justicia de consenso», en el que manifiesta su “extrema preocupación” ante el agravamiento del conflicto que enfrenta al Gobierno con la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, en el marco de la huelga de tres días convocada por estas últimas.
Según el comunicado, esta protesta “tendrá un impacto muy perjudicial en el funcionamiento ordinario de una justicia a la que no le faltan problemas que sortear”, subrayando así las consecuencias que una paralización del sistema judicial puede tener tanto para los operadores jurídicos como para la ciudadanía.
Ante esta situación, la Abogacía Española llama al entendimiento, instando a las partes a “seguir dialogando para llegar a un modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal que sea apoyado por una amplia mayoría de las fuerzas políticas de nuestro país y por una mayoría de consenso entre los propios profesionales de la judicatura y la fiscalía”.
Es el operador jurídico más numeroso
El Consejo General de la Abogacía se posiciona como actor clave en este escenario, recordando que es el operador jurídico más numeroso del sistema judicial español.
En este sentido, advierte que “ni el Gobierno debería acelerar los plazos en una situación política como la que estamos viviendo, ni las asociaciones judiciales y fiscales deberían dejar de valorar otras alternativas distintas a la huelga que están planteando y que tantos y tan irreparables perjuicios pueden causar a la justicia y a la ciudadanía”.
Además, la Abogacía reclama su participación y la de otros operadores jurídicos en la fase de debate y elaboración del texto legislativo que la Comisión de Justicia del Congreso tiene previsto someter a votación.
“La agilidad no está reñida con la cantidad ni con la calidad de las aportaciones”, afirma el comunicado, advirtiendo de que una reforma de tal calado “no debería completarse sin haber intentado, al menos, escuchar a todos los operadores involucrados, entre ellos a la propia abogacía”.
Se ofrece como mediadora
En su papel institucional, la Abogacía reitera su disponibilidad para colaborar activamente en la resolución del conflicto, ofreciéndose como mediadora para alcanzar un pacto duradero y de amplio respaldo social y profesional.
Así lo resume el documento al señalar que “reitera su ofrecimiento a todas las partes afectadas en este conflicto para colaborar en la búsqueda de un acuerdo que respete el principio de mérito y capacidad como la mejor fórmula para conseguir una Justicia de calidad”.
El comunicado llega en un momento de máxima tensión institucional, con una convocatoria de huelga que ya parece inamovible y una reforma en ciernes que ha generado fricciones entre el Ejecutivo y los cuerpos judiciales.
