La Plataforma del Tercer Sector (PTS) ha pedido a la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados que continúe mejorando la protección social y económica de las personas vulnerables y en situación o riesgo de pobreza y/o exclusión.
Y lo hace a través del documento que ha presentado de enmiendas al Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
La PTS considera que este Proyecto de Ley es un buen marco normativo para luchar contra la pobreza energética en la que se encuentran una de cada cinco personas en nuestro país, y garantizar que personas en situación vulnerable tengan acceso a servicios básicos como la electricidad y la calefacción.
Desde el Observatorio Europeo de Pobreza Energética, se explica que “la pobreza energética se produce cuando un hogar sufre una falta de servicios adecuados de energía en el hogar”. Se consideran servicios esenciales -para garantizar un nivel de vida digno y saludable para los ciudadanos- tener acceso al calor y al enfriamiento adecuados, iluminación y energía para utilizar los electrodomésticos.
Según Eurostat, los principales indicadores para medir la pobreza energética son el porcentaje de población que tiene atrasos en el pago de sus suministros energéticos y que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
En España, estos porcentajes son aproximadamente de entre un 9 y 10%, respectivamente. Eso significa que aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética, según recogía el Real Decreto de 897/2017, de 6 de octubre, que establecía las condiciones para optar al bono social.
El perfil de las personas que sufre pobreza energética es el de un “hogar con el sustentador principal desempleado y con personas dependientes a su cargo”, explican los profesores Efraim Centeno y José Carlos Romero Mora, desde la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas. Sin embargo, advierten de que “hay hogares en pobreza energética incluso de rentas medias y altas”.
Para acabar con este grave problema social, estos profesores señalan que “se debe ir de las medidas paliativas (bono social y similares) a las estructurales” y destacan la necesidad de “una estrategia nacional para la lucha contra la pobreza energética”.
En este contexto, la PTS pide que sea mejorado con medidas que hagan la norma más inclusiva y eficaz, asumiendo una concepción global en la que se afronte la necesidad de crear un bono social energético, ya que únicamente el 62% del gasto energético de los hogares proviene de la electricidad.
Entre las medidas, destaca que se incluya en la definición de consumidor vulnerable a las personas en situación de dependencia grado I o familias con todos sus miembros en paro, e incluirles en la prohibición de corte de suministros que incurran en impago de la factura eléctrica, ya que el 44,6% de la población desempleada se encuentra en situación de pobreza en España.
Y ello pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó recientemente un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.
El RDL hace extensiva esta medida de prohibir el corte de luz para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior y, de igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.
Mejorar protección personas vulnerables
Las propuestas presentadas por la Plataforma tienen como finalidad hacer la norma «más inclusiva y eficaz» y afrontar la necesidad de crear un bono social energético, ya que únicamente el 62% del gasto energético de los hogares proviene de la electricidad.
Además, la PTS plantea que se ponga freno a los retrasos injustificados en la tramitación de las solicitudes por parte de las comercializadoras, que se aborden las situaciones de endeudamiento en las que incurren las familias, o que se contemple y reconozca a los consumidores vulnerables en régimen de alquiler.
Asimismo, solicita que se ponga atención a la revisión de la inclusión o no de cuantías a las familias numerosas.
Con este conjunto de enmiendas la Plataforma del Tercer Sector espera que la nueva ley garantice una “mejora sustancial” para las condiciones de vida de muchas personas, garantizando el acceso a servicios básicos como la electricidad y la calefacción.
