Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda cifra en 812.624,78 euros el gasto previsto por la Generalitat para la organización del 1-O y que solo ha quedado probado que pagó 196.906,90 euros que corresponderían a los desplazamientos de observadores internacionales.
Este documento ha sido elaborado a petición de la Subsecretaría de Hacienda como informe pericial encargado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga la logística del 1-O bajo el refuerzo integral de Sergi Gustau Casares Zayas tras el fallecimiento de su titular Juan Antonio Ramírez Sunyer.
Concluye que, de los 812.624,78 euros de gastos para realizar el referéndum, quedaron por pagar 615.717,88.
En concreto, los departamentos responsables fueron Diplocat y la Conselleria de Presidencia de la Generalitat: el primero pagó 19.602 euros por la traducción al inglés de la web ‘www.cataloniavotes.eu‘ (quedaron pendientes de pagar 13.068) y 177.304,90 euros por el coste de honorarios y desplazamientos de los observadores internacionales.
En cambio, el Departamento de Presidencia previó destinar 336.143,34 euros a la inserción en medios de comunicación de una campaña institucional para impulsar el civismo y la de las ‘vías del tren’, y 266.506,54 euros a la campaña de publicidad para el registro de catalanes residentes en el exterior, que no se abonaron.
En sus conclusiones, los autores del informe avisan de que para elaborarlo han analizado expedientes administrativos remitidos por la Intervención de la Generalitat al Ministerio de Hacienda.
Entre la documentación analizada están los certificados mensuales remitidos por la Generalitat correspondientes al periodo entre enero de 2017 y febrero de 2018 y los certificados semanales reclamados a partir del 21 de julio de 2017, a las puertas de la celebración del referéndum.
Asimismo, constan los requerimientos del Ministerio de Hacienda emitidos a la Intervención General de la Generalitat sobre pagos vinculados con la logística del 1-O.
El Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona solicitó el 13 de septiembre de 2018 al Ministerio que determinara la cuantía de fondos públicos que fue «empleada» para la celebración de dicha consulta, según recoge el informe. /EP/.
