El magistrado del Juzgado de Instrucción Nº7 de Barcelona, Francisco Miralles Carrió, ha procesado a 45 policías por las cargas del día 1 de octubre de 2017 en la ciudad tras investigar durante cinco años las denuncias por lesiones presentadas por una “pluralidad de personas” contra los agentes del cuerpo. Asimismo, ha archivado el caso para 20 de ellos.
Según un auto al que ha tenido acceso Confilegal con fecha de 20 de enero, el 27 de septiembre de 2017 se comunicó a los Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil que impidiesen, hasta el 1 de octubre, la utilización de locales o edificios públicos para la preparación del referéndum o su cierre.
Asimismo, también les solicitaron que requisasen el material relacionado con el referéndum y que debían actuar de forma conjunta para la efectividad de lo ordenado.
En el marco de la actuación policial del día 1 de octubre de 2017, los funcionarios del CNP actuaron en un total de 27 colegios, describe el auto. Y en cada uno de esos centros, al haber denuncias presentadas por diversos ciudadanos, se tramitó una pieza separada con un número de diligencias previas diferente, siendo unificado todo el procedimiento posteriormente.
Tras diversas investigaciones, el instructor ha determinado que en 13 centros hubo lesiones “no compatibles con una actuación policial proporcionada» que se hicieron de forma directa hacia la multitud y que, además, en ocasiones no mediaron palabra con los allí presentes. Por lo que ha considerado que hubo unos claros déficits respecto a los protocolos y un uso innecesario de la fuerza”
Tuvieron reuniones días antes para ver cómo actuar
Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron diversas reuniones operativas, como mínimo el viernes y el sábado 29 y 30 de septiembre, en el que se distribuyeron los diferentes grupos y las zonas en las que se debería actuar en caso de que fuera necesario.
Durante el sábado 29 los funcionarios del CNP designados como jefes de grupo habrían inspeccionado personalmente los colegios de su zona asignada, para conocer su disposición y accesos.
En el auto se ha analizado una circular emitida por la Dirección General de la Policía de 2013 sobre el empleo de material antidisturbios y los protocolos dentro del Cuerpo Nacional de Policía con respecto a la utilización de instrumentos como la defensa o el escudo.
Dicho texto exige que la actuación policial ante una congregación de personas no tendrá que basarse sólo en el uso del material antidisturbios, sino también de la negociación. Y en todo caso, la actuación individual de cada agente deberá ser proporcional y deberá impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
El abogado Antonio Suárez-Valdés, que defiende a varios de los agentes imputados, ha manifestado que “resulta inconcebible en un estado de derecho que los golpistas que han intentado subvertir el orden constitucional vayan a ser declarados inocentes de todos los cargos que se les imputaban por vía de modificaciones legislativas y qu, en cambio, a los policías que siguieron órdenes expresas para preservar el orden constitucional y que fueron agredidos por ello, corran el riesgo de ser condenados por cumplir con su trabajo”.
