«La reforma de 2014 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la Jurisdicción Universal tuvo una consecuencia directa: varias decenas de narcos fueron excarcelados después de que dos jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional se declararan incompetentes para investigarlos», según explicó Claudia Cano, responsable del Departamento Legal de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), en el curso de su ponencia “La Jurisdicción Universal como Herramienta de Lucha contra el Narcotráfico”.
Fue en el marco de la Jornada sobre “Los Delitos de Narcotráfico: Cuestiones Controvertidas y Problemática de Aplicación” organizada por el departamento Derecho Penal de La Universidad de la Coruña y celebrada el pasado viernes.
Esa fue la consecuencia más importante de esta reforma, que tuvo un impacto sin precedentes en la persecución por España de los delitos relacionados con el tráfico de drogas cometidos en aguas internacionales.
Esto se debió a la falta de puntos de conexión entre el delito y nuestro país, “pues las personas apresadas no eran españolas, habían sido sorprendidas a bordo de barcos con banderas no españolas, fueron detenidas en alta mar y no se dirigían a España”, señaló la experta de FIBGAR.
Claudia Cano contó que, tras unas semanas llenas de incertidumbre y desconcierto, en las que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) de 28 de abril de 2014 ratificó las decisiones tomadas por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 3, y de Fernando Andreu, del 4, al considerar que la jurisdicción española ya no era competente para la investigación y enjuiciamiento de estos procedimientos en aplicación de la mencionada reforma.
En total se excarcelaron 49 narcotraficantes.
Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió, por unanimidad, el 23 de julio de 2014, que España era competente para apresar y perseguir a los narcotraficantes y los «narcobarcos» que pudieran ser detenidos en aguas internacionales, revocando, con ello, la decisión de la Audiencia Nacional.
El Supremo estimó que la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, firmado en Viena, otorgaba jurisdicción a nuestro país para apresar barcos que lleven droga en alta mar, devolviendo las cosas a su estado natural.
El objetivo de la jornada era el de “profundizar y reflexionar sobre la relevancia de la Jurisdicción Universal para la persecución este tipo de crímenes y otras cuestiones relacionadas con los delitos de tráfico de drogas desde una perspectiva jurídica”.
Por ello, el seminario contó también con la participación de estudiantes del grado de Derecho y de alumnos de la Universidad Senior.
El resto de la Jornada estuvo a cargo de Fernando Martínez Quiroga, fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga para Galicia en la provincia de La Coruña, que fue el encargado de abrir el acto con una ponencia sobre “La panorámica general de los delitos relativos al tráfico de drogas” a la que siguió la intervención de Juan Muñoz Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad De Málaga, que habló sobre “La relevancia penal de los clubs sociales de cannabis”.
