La Audiencia Nacional ha propuesto ampliar sus competencias para reforzar la lucha contra el narcotráfico transnacional y otras formas de criminalidad organizada con dimensión internacional.
La iniciativa, aprobada por la Sala de Gobierno del tribunal a propuesta de su presidente, Juan Manuel Fernández, incorpora además aportaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Antidroga.
El objetivo de la propuesta es actualizar el marco competencial de la Audiencia Nacional para dotarla de una mayor capacidad de respuesta frente a las nuevas formas de delincuencia organizada y criminalidad compleja.
Entre las principales medidas planteadas figura la posibilidad de que la Audiencia Nacional pueda investigar delitos de tráfico de drogas sin necesidad de que concurra el requisito de la multiprovincialidad —es decir, que los hechos afecten a varias provincias— cuando existan circunstancias de especial gravedad o complejidad.
Con ello, la Sala de Gobierno respalda una reivindicación que la Fiscalía viene defendiendo en los últimos años, al considerar que algunos juzgados provinciales carecen de medios suficientes para afrontar procedimientos de gran complejidad relacionados con el narcotráfico.
Las competencias a asumir por la Audiencia Nacional
La propuesta también plantea atribuir a la Audiencia Nacional la investigación y enjuiciamiento de delitos de blanqueo de capitales, tráfico ilícito de bienes culturales y trata de seres humanos en todas sus modalidades de explotación cuando estén vinculados a organizaciones criminales transnacionales o presenten una dimensión internacional.
En materia de trata de seres humanos, el tribunal propone asumir competencia en aquellos casos en los que las redes criminales actúen en un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma.
Asimismo, la Audiencia Nacional solicita incorporar entre sus competencias los delitos de ciberseguridad que afecten a infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras.
La Sala de Gobierno elevará ahora el documento al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que valore la conveniencia de promover una reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de ampliar las competencias del tribunal.
La iniciativa se enmarca además en el 50 aniversario de la Audiencia Nacional, que se celebrará en enero del próximo año. Según el propio tribunal, la efeméride constituye “una oportunidad idónea para abrir este debate y adaptar la institución a los retos del siglo XXI, garantizando su eficacia en la defensa del Estado de derecho”.
