658 periodistas de toda España han presentado hoy una carta ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informando al órgano de gobierno de los jueces de «la insólita e injustificable intromisión en los derechos que protege el artículo 20.1.d) de la Constitución» que ha conllevado la incautación de los teléfonos móviles de dos periodistas de Mallorca que investigaban el llamado «caso Cursach».
Ayer este colectivo entregó una carta a la fiscal general del Estado, María José Segarra, que también hicieron llegar al Consejo Fiscal, denunciando que uno de los fiscales hubiera avalado el auto del titular del Juzgado de Instrucción 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, ordenando la incautación de los móviles de dos periodistas, así como sus ordenadores y la documentación que pudieran tener sobre el mencionado caso.
«En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos», dice la misiva.
«El propósito de esa insólita actuación -el ‘volcado y estudio’, dice la resolución judicial, de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones- nos parece del todo injustificado: el secreto profesional de los periodistas es el único secreto constitucionalmente protegido y su sacrificio para perseguir un delito de relevación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas. Sin ellas, la libertad de información, fundamento del sistema democrático y de una opinión pública libre, simplemente desaparece», añaden.
Y terminan apelando a que el CGPJ se exprese en apoyo del derecho fundamental a la información.
«Creemos que el Consejo General del Poder Judicial, una de cuyas misiones esenciales es procurar que los órganos judiciales actúen de forma que merezcan la confianza de los ciudadanos, no puede permanecer ajeno a este despropósito. Apelamos, por ello, a su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas», concluyen.
Europa Press, la agencia de noticias para la que presta los servicios una de los dos periodistas a la que se le incautó el teléfono móvil así como un ordenador portátil y documentación del caso en cuestión, anunció ayer que hoy presentaría una querella contra el magistrado Florit Mullet por los supuestos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, así como por cuantos otros presuntos delitos puedan resultar conexos con los anteriores.
