José Luis Escrivá , presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), organismo que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a crear por imposición de la Unión Europea como condición sine quanon para recibir ayuda económica contra la crisis económica.
AIReF, un ente creado para informar a la UE del déficit y del nivel de endeudamiento público de España
Los datos que facilitaban los organismos públicos en 2013 no eran rigurosos ni fiables
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16/12/2018 06:15
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Actualizado: 15/12/2018 18:56
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En 2013, en plena crisis económica, la credibilidad de los organismos españoles ante la Unión Europea estaba muy mermada. España había pedido ayuda pero en Bruselas no se creían las cifras que llegaban de Madrid. No eran fiables ni rigurosas.
La condición que se le impuso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy -y que este aceptó-, fue la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un órgano altamente tecnificado, con un personal cualificado –un 60% sus efectivos son funcionarios pertenecientes a cuerpos técnicos superiores- y lo menos politizado posible.
Fue la fuente a través de la que los «hombres de negro» se nutrieron a lo largo de su proceso de toma de decisiones.
Al frente de la AIReF se nombró, como presidente, a José Luis Escrivá, economista, experto en política monetaria, autor de numerosos trabajos sobre esta materia.
Escrivá había trabajado en el Servicio de Estudios del Banco de España; más tarde fue director del prestigioso Servicio de Estudios del BBVA y durante un tiempo sirvió en el Banco Central Europeo.
En todos sus trabajos había destacado su perfil como técnico riguroso. Al nombrarse a un técnico y no a un político se evitó la politización, desde el primer momento, de la AIReF.
Escrivá, además, ha dado muestras de su independencia frente a pretendidas injerencias políticas, lo que ha contribuido a prestigiar enormemente a este órgano de control.
Su mandato, al frente de la AIReF -no prorrogable-, es de seis años.
Independencia frente a clientelismo
Por comparación, el Tribunal de Cuentas, que sería el principal órgano de control del gasto público, de acuerdo con nuestra Constitución, es un órgano altamente politizado, donde los consejeros son nombrados por el Parlamento mediante un procedimiento falto de transparencia, donde los dos principales partidos (PP y PSOE) se los reparten.
Los consejeros que dirigen la institución son elegidos por un periodo de nueve años, siendo renovables indefinidamente, lo cual lleva a situaciones como la del recientemente fallecido ex presidente del Tribunal de Cuentas, Ubaldo Nieto de Alba, que ejerció de consejero del Tribunal de Cuentas durante 30 años.
Por establecer una curiosa comparación, la AIReF empezó su funcionamiento en 2014 con el nombramiento de su presidente y en 2015 aprobó su Plan Estratégico.
El Tribunal de Cuentas, que se regula en el artículo 136 de la Constitución y se puso en funcionamiento en 1982, con una nueva normativa acorde con la Constitución, aprobó su plan estratégico en 2018, y gracias al empeño de la consejera encargada del mismo, Enriqueta Chicano.
Sin embargo, desde hace muchos años se encuentra pendiente de aprobarse el reglamento de régimen interior.
Precisamente la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas de 1988 establecía (disposición final segunda) que “Dentro del plazo de tres meses, contados desde el día de la entrada en vigor de la presente Ley, el Pleno del Tribunal remitirá a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, para su conocimiento, un proyecto de Reglamento de Régimen Interior ”.
Dicho mandato legal, de hace 30 años, ha sido incumplido hasta la fecha.
AIReF, puntuado con 80,5 sobre 100
La AIReF ha sido, precisamente objeto de estudio y de evaluación por parte de la Fundación Hay Derecho, que este pasado jueves presentó ante el Congreso de los Diputados su informe en el que le dan una puntuación total de 80,5 sobre 100.
Se trata de una puntuación alta que indica que, aunque existen áreas de mejora, es una institución que funciona eficazmente y cuenta con instrumentos suficientes para generar confianza en los ciudadanos.
La presentación se llevó a cabo de la mano del diputado de Ciudadanos, y portavoz de esta formación en la Comisión de Economía, Toni Roldán, quien introdujo a la abogada del Estado y secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, al patrono de la Fundación, Rafael Rivera, y a Jaime Castellano, investigador «Pro Bono» de la misma Fundación, para que explicaran los pormenores del informe.
Antes de entrar en materia, Roldán destacó la importancia de la calidad institucional y del capital humano como elementos clave para asegurar el desarrollo económico en una democracia.
«Son precisamente aquellos países que tienen mejores indicadores de calidad institucional y de capital humano aquellos que tienen a su vez menores índices de corrupción», afirmó.
«Las instituciones y órganos de control están en España enormemente politizados», añadió. «Y es la politización uno de los factores que originan un mal funcionamiento de las instituciones de control, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas; un órgano altamente politizado».
Elisa de la Nuez, Rafael Rivera, Jaime Castellano y Toni Roldán. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Protección a los «alertadores» o denunciantes de corrupción
El diputado de Ciudadanos señaló la necesidad de tener evaluadores de las políticas públicas y de proteger adecuadamente a los denunciantes de corrupción, «alertadores» o, como se les conoce en Europa, los «whistleblowers». Y subrayó las dificultades para aprobar una ley contra la corrupción y la protección de los denunciantes de la misma.
Precisamente en estos momentos la Union Europea está gestando una Directiva de protección a los «alertadores».
Como anécdota, Roldán señaló que era curioso que en los primeros 10 años de funcionamiento de la red de corrupción Gürtel (financiación ilegal del Partido Popular) los órganos de control públicos no hubieran detectado ninguna irregularidad.
Proyecto de mejora institucional
De la Nuez, por su parte, se refirió al Proyecto de ranking institucional de Hay Derecho como instrumento de mejora. Y destacó la novedad y la importancia de este proyecto de evaluación del funcionamiento de diversos órganos e instituciones de control, como la misma AIReF.
El informe sobre la AIReF fue elaborado bajo por De la Nuez, Rivera, Castellano y Carlota Tarín, como directora del mismo.
Su objetivo principal fue el de valorar el funcionamiento de la AIReF incluyendo indicadores de capacidad y confianza de la institución, distinguiendo entre los que dependen del diseño institucional y los que son responsabilidad de los gestores a través de 29 indicadores.
Se evaluaron cuestiones tales como la adecuada dimensión de la plantilla, los perfiles del equipo, el presupuesto, los procedimientos de contratación, los contrapesos en la toma de decisiones, la transparencia, las evaluaciones externas, etc.
Todos estos indicadores partieron de los existentes a nivel internacional en el ámbito del Buen Gobierno.
Rivera introdujo el informe, explicó su enfoque y la metodología empleada y Castellano centró su intervención en el análisis de la AIREF.
Los dos expertos explicaron que se había producido un deterioro de la calidad institucional en España.
Hace 20 años estábamos en situación análoga en calidad institucional a países de nuestro entorno y actualmente se ha producido por ese deterioro una falta de confianza en las instituciones. En la última y profunda crisis económica ha puesto de manifiesto los fallos de los órganos de control y reguladores.
La AIReF destaca, según el estudio, por su personal altamente cualificado y su sistema de rendición de cuentas.
El presidente de la AIReF realiza comparecencias en sede parlamentaria más veces de las previstas estatutariamente.
La alta puntuación obtenida también se debe a la existencia de contrapesos internos en la toma de decisiones (Consejo Asesor de expertos independientes).
Plano general de la Sala donde se explicó el informe. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Transparencia
En materia de transparencia la evaluación es positiva, poniendo como ejemplo la publicación de las actas del Comité de Dirección, la aprobación del código ético y la existencia de un buzón de denuncias anónimas.
Como cuestiones a mejorar estarían en el aumento de las retribuciones fijas y la reducción de las retribuciones variables ya que estas en los organismos públicos, pueden implicar un aumento del clientelismo, dada la discrecionalidad y la opacidad de su gestión.
Las retribuciones variables sirven en la práctica para complementar las retribuciones fijas, que se encuentran por debajo de las que tienen otras instituciones de control como el Tribunal de Cuentas.
Aunque se trata de una práctica habitual en el sector público, en la práctica se desvirtúa la naturaleza de la retribución variable y aunque no se ha detectado en el caso de la AIRef, puede permitir que la distribución de la retribución variable responda a criterios distintos a la productividad efectiva de cada empleado.
La AIReF tiene una plantilla infradimensionada, es decir, por debajo de las recomendaciones que el FMI realizó en el momento de su creación.
Rafael Rivera, Jaime Castellano, que fue el ultimo en intervenir, Elisa de la Nuez y Toni Roldán. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Regeneración institucional
Rivera apuntó a la preocupación por la regeneración institucional y por la tendencia negativa de la evolución de indicadores relevantes que afectan al Estado de Derecho, la eficacia del Gobierno, la calidad regulatoria o la lucha contra la corrupción.
La AIReF era un organismo adecuado para realizar el proyecto piloto dado que es de creación muy reciente (entra en funcionamiento en 2014), tiene un tamaño pequeño y su objeto es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico lo que hace que su buen funcionamiento sea especialmente crítico.
Recientemente, se encomendó a la AIReF la revisión integral del gasto en subvenciones del conjunto de las administraciones públicas («Spending Review») con el fin de detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre Administraciones Públicas.
Y además el equipo directivo ha mostrado gran sensibilidad por la necesidad de someterse a evaluaciones externas, habiendo encargado una evaluación a la OCDE.
De ahí que la puntuación de 80,5 sobre 100 haya sido tan alta. ¿Un ejemplo a seguir?
Sin duda alguna.
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