La nueva ley introduce importantes cambios que incluyen el reconocimiento de delitos a nivel de la UE como el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la maternidad subrogada para explotación reproductiva.
La nueva legislación europea contra la trata de personas extiende su enfoque más allá de la explotación laboral y sexual
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23/4/2024 14:28
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Actualizado: 23/4/2024 14:28
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El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo hacia la erradicación de la trata de seres humanos al aprobar una revisión exhaustiva de la Directiva 2011/36/UE sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas, extendiendo su enfoque más allá de la explotación laboral y sexual.
En este sentido, la nueva ley introduce importantes cambios que incluyen el reconocimiento de delitos a nivel de la UE como el matrimonio forzoso, la adopción ilegal y la maternidad subrogada para explotación reproductiva.
La cámara ha respaldado la ampliación de medidas para combatir eficazmente esta forma de esclavitud moderna y ofrecer protección mejorada a sus víctimas con 563 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones,
Además, la legislación fortalece la coordinación entre las autoridades antitrata y las de gestión del asilo, asegurando que las víctimas que necesiten protección internacional reciban el apoyo adecuado y su derecho al asilo.
Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la criminalización del uso de servicios proporcionados por víctimas de trata, cuando el usuario es consciente de la explotación.
Con ello se busca reducir la demanda que perpetúa esta explotación.
Asimismo, las empresas encontradas culpables de delitos de trata enfrentarán sanciones severas, como la exclusión de licitaciones públicas y el acceso a fondos estatales.
Además, insta a los Estados miembros a establecer coordinadores nacionales contra la trata y mecanismos de referencia, y a mejorar la cooperación y coordinación a nivel nacional y de la UE para combatir la trata de personas más eficazmente.
Este desarrollo legislativo marca un avance crucial en la lucha contra la trata de personas en Europa, ofreciendo esperanza y protección reforzada a las víctimas mientras se endurecen las medidas contra los perpetradores y aquellos que se benefician de este cruel negocio.
Protección a los más vulnerables
La legislación también protege específicamente a los grupos más vulnerables, ofreciendo apoyo que incluye acceso a refugios y alojamiento seguro. Las personas con discapacidad recibirán atención particular, con la designación de tutores o representantes legales para menores no acompañados.
Además, la difusión de imágenes o videos de contenido sexual por parte de traficantes puede ser considerada como una circunstancia agravante en los juicios.
También incluye la expansión de las disposiciones que permiten a las víctimas no ser procesadas por delitos cometidos como consecuencia directa de haber sido sometidas a la trata.
Las coponentes del texto, Eugenia Rodríguez Palop de España y Malin Björk de Suecia, han subrayado la importancia de esta revisión.
Las ponentes destacan los avances logrados
Rodríguez Palop ha remarcado: «Doce años después de la adopción de la Directiva, el Parlamento Europeo ha tenido que revisar las normas de la UE, ya que la trata se ha vuelto más sofisticada y los recursos a nuestra disposición siguen siendo rudimentarios».
E, igualmente, ha subrayado que «Tenemos que ser capaces de localizar rápido a las víctimas, protegerlas y apoyarlas. La trata es tortura; los responsables deben pagar por lo que han hecho y las víctimas deben recibir reparación por su sufrimiento.»
Por su parte, Björk ha enfatizado los avances logrados en las negociaciones, señalando que «se penalizarán las nuevas formas de explotación y se mejorarán los derechos de las víctimas, incluidas las migrantes».
Y ha remarcado que «Hemos iniciado un cambio, y ahora los Estados miembros deben aprovechar al máximo esta Directiva y garantizar que las mujeres y las niñas no sean compradas y vendidas en Europa.»
Ahora, el Consejo debe aprobar formalmente la directiva, que entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial, y los Estados miembros tendrán dos años para aplicar sus disposiciones.
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