El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) entregó este miércoles el ‘Premio cermi.es 2018’ al Ministerio de Hacienda en la categoría Institucional, por la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
La ley se aprobó en noviembre de 2017 y entró en vigor en marzo de 2018 para trasponer la directiva europea de 2014 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios.
Inclusión social
Según recoge el fallo del jurado, este «renovado» instrumento legal, «ha reforzado vigorosamente la dimensión social, inclusiva y de accesibilidad en la contratación pública, abriendo un potencial enorme para la generación de condiciones favorables a la inclusión social de las personas con discapacidad y al robustecimiento de la sociedad civil y el tercer sector”.
De igual modo, el fallo subraya como “mérito concurrente de especial relieve el proceso dialogado y participado que presidió toda la gestación, preparación, tramitación y adopción final de la Ley, ejemplo de diálogo civil genuino, que desembocó en un amplísimo respaldo político y social”.
Durante el evento, celebrado en la sede del CERMI Estatal, ubicada en la madrileña calle de Recoletos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recogió el premio de manos del presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno. Además, el acto contó con la asistencia del expresidente del Gobierno y patrono de la Fundación CERMI Mujeres, José Luis Rodríguez Zapatero; la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Montero expresó su satisfacción por el hecho de que la cartera de Hacienda reciba un premio “relativo a un tema tan importante como es la inclusión social, ya que se trata de un ministerio garante de la igualdad de oportunidades y de la redistribución de las mismas para que todos tengamos acceso a servicios públicos”, al tiempo que resaltó que el Ministerio de Hacienda representa “la pieza clave que permite que el resto de políticas se puedan aplicar para que cada ciudadano pueda recibir en función de sus necesidades”.
Premio compartido con Montoro
Además, la ministra compartió el premio con Montoro, al que reconoció “el compromiso y el mérito del trabajo bien hecho de un equipo que se empapó del espíritu de utilizar todos los recursos que se utilizan en la contratación de este país, para convertirlo en una palanca que permitirá poner el foco en aquellas cuestiones importantes, como el hecho de que la igualdad de oportunidades sea una realidad”.
En este punto, Montero mostró el compromiso del gobierno de recoger el testigo y también “de incorporar a ese impulso político la guía de cláusulas sociales y medioambientales que permita utilizar parte de nuestra capacidad de contratación para derogar algunos de los impactos más lesivos de las políticas de recorte y promulgar la igualdad de oportunidades e integración”.
Una Ley moderna y progresista
Por su parte, el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó la importancia de esta ley que, a su juicio, “es una de las más avanzadas, más modernas, más progresistas, y de las que mejor interpretan el papel del Estado, que no es otro que el de la cohesión de la integridad y la solidaridad social”.
“Se trata de una ley que se ha de convertir en una herramienta poderosa para la cohesión y para que el objetivo social del empleo sea una realidad para todas las personas, incluso a las que más dificultades tienen”, aseveró Zapatero.
Por último, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, recordó la labor de incidencia del tercer sector y del CERMI en el planteamiento de propuestas en el proceso de construcción de esta ley.
“Esta norma se inscribe en la estela de innovación política y ha entendido con buen criterio que la contratación pública no puede ser la mera gestión eficiente de los bienes productos y servicios, sino que debe también incluir bienes sociales como un elemento paralelo, asumiendo que el bienestar social ha de ir en línea con cualquier política que se ponga en marcha”.
Pérez Bueno manifestó también el “gran valor simbólico” que supone el hecho de que las diferentes administraciones coincidan en finalidades y propósitos compartidos y la satisfacción de que “el tercer sector haya sido el pegamento de todas estas cuestiones”. Además, ha expresado el compromiso de que seguir trabajando “para hacer que las administraciones sean más sociales”.
