Amenazas, exigencias de informaciones complejas, y silencio administrativo serían algunas de las prácticas de Hacienda denunciadas. Foto: Confilegal
Estas son las conclusiones del bufete británico que demandará a Hacienda: infracciones, ignorancia y falta de transparencia
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07/5/2025 05:36
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Actualizado: 07/5/2025 00:02
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El bufete de abogados británico Amsterdam & Partners LLP hacía público el informe «Hacienda contra el pueblo: España y la Ley Beckham». Un documento, elaborado por el fundador de la firma, Robert Amsterdam, y el experto fiscal británico Christopher Wales, en el que se pone de manifiesto el aparente «abuso» y «clima de miedo» creado por la Agencia Tributaria. No sólo contra los ciudadanos extranjeros que quieren aplicar la Ley Beckham, sino también hacia los propios ciudadanos españoles.
«El 9 de abril de 2025, la AEAT abofeteó en la cara a todos los contribuyentes de España, y firmó un nuevo programa de incentivos para su personal por valor de 125 millones de euros. Para lograr la bonificación completa, los empelados debían recaudar todavía más rentas personales e IVA».
Un «incentivo económico», según el informe presentado, que provoca que los inspectores no duden en «inventarse o crear casos contra los contribuyentes».
«Voz de alarma» ante la que el bufete británico no dudaba en examinar la conducta de la Agencia Tributaria. Especialmente, en lo que se refiere a los «impatriados». Aquellos extranjeros que podían incorporarse a los beneficios de la «Ley Beckham» y así, tributar a través de una cuota fija en el IRPF español.
Trabajadores que, tal y como critica el informe, «han descubierto de repente que, igual que un escorpión de gran tamaño, su estancia en España tiene un aguijón en la cola, con veneno desarrollado y dispensado por al AEAT».
Así son las prácticas contra los «impatriados», según el informe
Un «aguijón» de Hacienda que, según el informe, actúa de diferentes modos contra los «impatriados». Todas ellas, enfocadas a «un solo objetivo: el dinero».
«La AEAT asalta inesperadamente a contribuyentes que han puesto fin a su estancia en España, han presentado todas las declaraciones requeridas, y nunca han sido puestas en entredicho, sometiéndolas a investigaciones vengativas», asegura el informe.
Del mismo modo, aseguran los expertos que Hacienda lleva a cabo «expediciones de pesca». E decir: «una búsqueda de información sobre activos extranjeros que están exentos según la Ley Beckham». También exigen a los contribuyentes «información histórica compleja con 10 días de preaviso, y no respetan los plazos legales».
También la AEAT procede a «exigir la presencia de los contribuyentes en múltiples reuniones en España, incluso si han sido trasladados otra vez a su país de origen».
Amenazas de procesos penales, silencio ante solicitudes de información de estos impatriados, o intentos de dañar la imagen de estos contribuyentes «insinuando a las instituciones financieras que ha estado evadiendo impuestos» son otras de las supuestas prácticas que, según el informe, lleva a cabo Hacienda en su afán recaudatorio.
Las conclusiones del informe ante la actividad de Hacienda
Prácticas ante las que el bufete ha asegurado que tomará medidas. No sólo con la publicación de este polémico informe, sino también llevando a la Hacienda española ante los tribunales. E, incluso, ante las entidades europeas.
«Son infracciones sistemáticas, graves y recurrentes del Estado de Derecho por parte de la AEAT, que la mayoría juzgaría incompatibles con las normas y los valores de la Unión Europea», aseguran desde el informe.
Una conducta que, para los británicos, puede catalogarse de «extraordinaria y vergonzosa».
«Nuestra labor nos ha llevado a creer que la forma en que funciona la AEAT, tal como lo demuestra su tratamiento de los impatriados, socava el Estado de Derecho. Esto debería ser motivo de preocupación, para los ciudadanos de España, y también para los demás Estados miembros y para la Comisión Europea», aseguran.
Una preocupación para España que no sólo se debe a la reputación, sino también a un interés económico. Y es que estas supuestas prácticas de Hacienda «dañan la reputación de España en el extranjero». Y pueden conllevar «un efecto negativo sobre la inversión».
«Los inversores, ahora, no se dirigirán a España. Invertirán en otros países y enviarán a sus mejores empleados a otros lugares. La economía española se verá afectada y seguirá registrando un rendimiento inferior al de sus vecinos y al de su propio potencial. El PIB per cápita quedará por detrás del de muchos de los competidores naturales de España. Estos son resultados reales. Las personas y las empresas siguen teniendo la posibilidad de elegir y optarán por entornos más favorables, donde se respete la legalidad y el Estado de derecho sea más seguro», vaticina el informe.
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