La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha calculado que las sentencias judiciales desfavorables para los intereses del Estado han supuesto un coste medio de 1.000 millones al año en el periodo 2014-2023.
El organismo que dirige Cristina Herrero ha publicado este jueves la ‘Opinión sobre riesgos fiscales’, un análisis pionero en España sobre los riesgos fiscales más relevantes para las finanzas públicas, dada la vulnerabilidad de la economía ante perturbaciones inesperadas como la crisis financiera, la crisis de deuda soberana, la pandemia Covid-19, la crisis energética o los conflictos bélicos.
La AIReF ha advertido en su informe de que el análisis de los riesgos se realiza en España de forma «fragmentada e incompleta», por lo que el organismo ha lanzado una serie de propuestas para tratar de solventar estas debilidades.
En concreto, la AIReF se centra en los riesgos considerados más relevantes: los macroeconómicos, que tienden a ser los más frecuentes y con mayor impacto sobre las cuentas públicas; los ambientales, cuya frecuencia ha aumentado recientemente; y los de acciones legales contra el Estado.
Adicionalmente, el organismo independiente ha analizado el Fondo de Contingencia como principal instrumento para la mitigación de los riesgos fiscales, y ha concluido que el 43% de las partidas financiadas a su cargo no está relacionadas con perturbaciones imprevistas, que es su cometido.
SENTENCIAS CONTRA EL ESTADO: USO INADECUADO DE INSTRUMENTOS LEGALES
En cuanto a las sentencias judiciales contra el Estado, la AIReF ha calculado que en el periodo 2014-2023 habrían supuesto un coste medio de 1.000 millones al año –en términos de indemnizaciones–.
En la última década, numerosas sentencias han sido desfavorables para los intereses del Estado, afectando a figuras tributarias como el Impuesto de Hidrocarburos o el Impuesto de Sociedades.
También se han planteado litigios relacionados con asuntos no tributarios, como la financiación del bono social eléctrico y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor.
La AIReF detecta errores recurrentes, que son responsables de la materialización de estos riesgos, como el uso «inadecuado» de instrumentos legales, especialmente el Real Decreto-ley, que ha derivado en varias sentencias de inconstitucionalidad, como el caso del Impuesto de Sociedades y la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor.
Asimismo, el organismo ha advertido de que la «extralimitación normativa» respecto a lo regulado en la ley ha dado origen a dos importantes sentencias, como la del canon hidráulico o la sentencia favorable a Endesa por la retribución de energía.
La AIReF ha alertado de que, aparte de los cálculos para el periodo 2014-2022, se han dictado recientemente otras sentencias desfavorables para las Administraciones Públicas, cuyo efecto se extenderá previsiblemente al ejercicio 2024 y años posteriores.
La devolución del IRPF a mutualistas jubilados
Entre ellas, destaca la devolución del IRPF a mutualistas jubilados –con un coste estimado de 1.700 millones–; el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (6.500 millones) o la reforma del Impuesto de Sociedades (1.200 millones).
Asimismo, la AIReF ha recordado que existen ahora mismo litigios en marcha que pueden resultar a favor o en contra del Estado, que podrían agravar el déficit de los próximos ejercicios.
Todo esto, según el organismo independiente, ilustra la necesidad de que el Gobierno implemente políticas fiscales «prudentes» y adopte estrategias que minimicen la exposición a estos litigios.
En concreto, para prevenir conflictos legales, la AIReF ha propuesto al Ministerio de Hacienda o a la administración competente reforzar la evaluación del posible impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos y consultar con organismos europeos o internacionales.
Además, para mitigar el impacto de las sentencias, la AIReF propone adoptar una estrategia judicial proactiva, actuando con rapidez para evitar la prolongación de litigios y el incremento de gastos.
Y para mejorar la transparencia, la AIReF propone a Hacienda crear una base de datos centralizada que integre toda la información.
