En una macrooperación contra la piratería de partidos de fútbol en bares, la Policía ha inspeccionado más de 2.000 establecimientos de hostelería en una investigación que se inició hace un mes ante la denuncia de LaLiga.
Los agentes comprobaron que aproximadamente un 60% de los establecimientos inspeccionados no pagaban los derechos sobre la difusión de estos contenidos deportivos, según informó este jueves la Policía.
Entre las diferentes modalidades empleadas para piratear los partidos, la más común era usar un decodificador conocido como “vitaminado”, al que ilegalmente se le había alterado el firmware para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado.
La investigación se inició a finales de noviembre de 2018, cuando representantes legales de LaLiga denunciaron a los titulares de diversos establecimientos públicos de diferentes puntos de España por un presunto delito contra la propiedad intelectual.
Perjuicio económico
Los responsables de los comercios presuntamente ponían a disposición de sus clientes contenido protegido por la normativa de propiedad intelectual sin autorización, «con lo que ocasionaban importantes perjuicios económicos a los titulares legítimos».
Además, esta actividad ilícita no sólo afectaría negativamente a LaLiga, sus clubes y los teleoperadores, sino también a los dueños de otros bares que sí pagan las correspondientes tarifas por emitir esos partidos.
Cuando LaLiga tuvo conocimiento de esta actividad ilícita, «y con el objetivo de comprobar su veracidad», realizó las correspondientes verificaciones en los establecimientos infractores. Una vez confirmada, se produjo la denuncia.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia coordinó el operativo nacional para realizar las inspecciones necesarias durante la emisión de los partidos con el fin de verificar los hechos denunciados.
En caso positivo, procedían a la desconexión de los dispositivos utilizados y a la intervención del decodificador ilegal. También se citaba al responsable del establecimiento para tomar declaración en dependencia policial.
La investigación se centra ahora en los testimonios de los infractores y en el análisis de los más de 800 dispositivos decodificadores intervenidos.
