El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el caso Neymar en España con una sentencia absolutoria que va más allá del fichaje del astro brasileño por el FC Barcelona en 2013.
La resolución —la número 280/2026, fechada el 16 de abril y con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet— contiene un pronunciamiento de notable calado para el mundo del deporte profesional: los sistemas de compliance implantados obligatoriamente por la Liga de Fútbol Profesional desde la temporada 2018-2019 constituyen «un modelo eficaz que evita la comisión de todo tipo de irregularidades, penales o no, ad intra y ad extra».
Un dicho de paso con valor de doctrina
La Sala desestimó los recursos de casación interpuestos tanto por la acusación particular —la empresa brasileña DIS, titular de derechos económicos sobre Neymar— como por el propio jugador y su padre, confirmando la absolución dictada en diciembre de 2022 por la Audiencia Provincial de Barcelona.
Los magistrados concluyeron que los contratos suscritos en 2011 entre el FC Barcelona y el entorno del jugador no constituyeron ni corrupción entre particulares del artículo 286 bis del Código Penal ni estafa impropia por simulación contractual.
La operación respondió, según los hechos probados, a un interés deportivo legítimo: asegurar el fichaje de un jugador que podía ser captado por otros clubes antes de que expirara su contrato con el Santos.
Pero es en los párrafos finales de la resolución donde la Sala siembra la reflexión que trasciende al caso concreto. El Supremo señala expresamente que existe en el fútbol español «un modelo de prevención desde la temporada 2018-2019, implantado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP) que exige que los equipos de fútbol cuenten con un eficaz sistema de Compliance implementado que actúe como modelo de prevención por medio de compliance officer».
Un sistema, añade la sentencia, que «evita situaciones pretéritas para asegurar un modelo basado en la autoprotección interna (ad intra) y la protección externa (ad extra) en orden a evitar que directivos y empleados de los clubes de fútbol cometan prácticas irregulares y que puedan, a su vez, ser víctimas de terceros».
La resolución zanja un proceso que se prolongó más de una década y lo hace con un mensaje claro al sector: El Compliance no es burocracia ornamental. Es, según el Tribunal Supremo, el mejor antídoto disponible frente a la corrupción en el deporte profesional.
La filosofía de la ética corporativa como escudo
El razonamiento del Supremo conecta directamente con la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo en el artículo 31 bis la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y con la doctrina consolidada de la propia Sala en materia de Compliance.
La sentencia cita hasta diez resoluciones previas —entre ellas las SSTS 316/2018, 365/2018, 35/2020 y 298/2024— para reforzar la idea de que los modelos organizativos del deporte han dado «un salto cualitativo siguiendo la estela del modelo empresarial» en materia de prevención.
La obligatoriedad de implementar el sistema como condición para inscribirse en la competición es, según la Sala, lo que introduce en la cultura corporativa «la filosofía de la ética y el cumplimiento del derecho para operar en las competiciones deportivas, poniendo trabas y limitaciones a posibles irregularidades».
Una cultura que protege también a los propios clubes de quienes, desde dentro o fuera de la organización, pudieran actuar en su perjuicio.
Un fallo que costó caro a la acusación
La sentencia no se limitó a absolver. La Sala confirmó también la imposición de costas a la acusación particular por apreciar temeridad y mala fe.
DIS había mantenido la acusación por el delito del artículo 286 bis del Código Penal pese a que, según el Supremo, «era evidente que la acusación difícilmente podía prosperar».
Los magistrados recordaron además que «la no aceptación de las tesis de la acusación no supone por sí mismo una vulneración de la tutela judicial efectiva» y que quien se considere perjudicado por un incumplimiento contractual debe acudir a la vía civil: «si quien reclama se considera que el contrato primero de DIS con el jugador se incumplió, lo que en este análisis en el marco penal no puede analizarse, sino solo si hubo delito o no».
La resolución zanja así un proceso que se prolongó más de una década y lo hace con un mensaje claro al sector: El Compliance no es burocracia ornamental. Es, según el Tribunal Supremo, el mejor antídoto disponible frente a la corrupción en el deporte profesional.
