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114 webs “piratas” han sido bloqueadas en los últimos 7 años por la llamada “Comisión Sinde”

En España se tardan 120 días para el cierre de una web pirata.
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Desde que fuera creada por la exministra  Ángeles González Sinde, en diciembre del 2011 , a través de la Ley de Economía Sostenible (LES) -conocida como “ley antidescargas”-,  la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, más conocida como “Comisión Sinde”, ha logrado el cese de la actividad de 114 webs piratas.

Sólo en 2018, ha tramitado 152 procedimientos de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, cuatro veces más procedimientos que en todo el año 2017.

Con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se ultima en el Senado podrá cerrar webs reincidentes en infracciones sin autorización judicial

El Real Decreto que regula dicha Ley establecía  la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano que amplía sus funciones respecto a lo establecido en la LES, aprobada en marzo del 2011  y en la que se incluye en la “Ley Sinde”.

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La Comisión se formó por dos secciones.

La primera, de mediación y arbitraje, busca la resolución extrajudicial de controversias.

En el aspecto de mediación afectará a todas las materias directamente relacionadas con la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Y en el de arbitraje a los conflictos entre distintas entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, y entre éstas y las entidades de radiodifusión.

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Esta primera sección esta constituida  por tres miembros nombrados por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, por un período de tres años renovable por una sola vez.

Serán expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual, precisa el texto.

La segunda está ejerciendo  las nuevas funciones de salvaguardia de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información, mediante un procedimiento mixto, administrativo y judicial, que incluye la intervención del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo.

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Se trata de un procedimiento que no se dirige contra los usuarios, sino contra los prestadores de servicios de la Sociedad de la Información que vulneren los derechos de propiedad intelectual, ya sea ofreciendo contenidos ilegales, ya sea prestando servicios de intermediación.

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120 días para el cierre de una web pirata

De las 618 solicitudes totales que han sido presentadas por los titulares de derechos (53 de ellas desde el 1 de enero de 2018), la Sección Segunda ha tramitado, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, 152 procedimientos, lo que supone una reducción en tiempos de tramitación (plazos dedicados a la identificación del titular de las webs presuntamente vulneradoras y plazos de instrucción de los procedimientos tramitados) de más del 70% con respecto a 2017. En este sentido, la Sección Segunda cuenta con una media de 120 días en tiempos de tramitación.

Desde la Coalición de Creadores, entidad que agrupa a la industria de contenidos, las voces de su directora general, Carlota Navarrete, y de José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) , valoran la mejora del trabajo realizado por esta Comisión Sinde aunque han pedido más medios humanos y técnicos para acortar ese periodo de cierre.

“Todavía esos 120 días de media para cerrar o bloquear esa web es aún elevado”, comentaban a Confilegal recientemente. 

El delito se está persiguiendo pero, a juicio de este movimiento asociativo, “son necesarias medidas cautelares que frenen dicha actividad.

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“Por vía administrativa es lo que está siendo más eficaz. La justicia española sigue siendo lenta, dos años en el ámbito civil y cuatro o cinco años en el ámbito penal”, explicaba el propio  Tourné.

El presidente de la FAP recordaba que en países como Italia se bloquean las webs piratas en quince días o en apenas en una semana en Portugal.

En España, la media que se tarda es elevada ha pasado de 400 días a 120. Pero aún así sigue siendo una medida ejecutiva porque impide el acceso a ese contenido ilícito. Sin embargo, 120 días después una película no tiene interés.

Polémica abierta con la nueva LPI

Esta Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual ha vuelto a la actualidad con la reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) .

Tras su paso por el Senado, la alianza PP, PSOE y Ciudadanos ha permitido aprobar una enmienda en la redacción del nuevo articulo 195 de la citada norma que autoriza el cierre de webs que ya sean infractoras reincidentes sin autorización judicial.

Esta situación ha generado una protesta masiva de entidades como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEP), la Asociación de Internautas, Facua-Consumidores en Acción, Adigital, la Federación de Sindicatos de Periodistas y la Asociación Española de Startups.

Todas ellas han mostrado su  oposición sobre esta reforma firmando un manifiesto.

Entienden que “se trata de una reforma contraria a lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución que exige una orden judicial para el secuestro de publicaciones” y denuncian “que esta reforma tiene un impacto grave, desproporcionado e injustificable sobre las libertades en Internet, en particular, la libertad de expresión e información, y también sobre el desarrollo económico de las empresas digitales”.

De los más de 150 procedimientos tramitados en 2018 por la citada Comisión Sinde, 12 han sido objeto de solicitud de autorización judicial para ejecutar el bloqueo del dominio web infractor, consiguiéndose 9 autorizaciones judiciales para dicho bloqueo, afectando finalmente a más de 25 páginas web infractoras.

A este dato, se deben sumar las 22 resoluciones judiciales dictadas por la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 54 nombres de dominio objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI.

Por otra parte, del total de procedimientos tramitados en 2018, 60 han dado lugar al archivo de actuaciones (bien por retirada de contenidos previos al inicio del expediente, bien por retirada de contenidos una vez que la Sección Segunda notifica el inicio del procedimiento de restablecimiento de la legalidad).

4 de cada 10 webs infractoras retiran los contenidos voluntariamente

Este dato supone que en el 39,47% de los casos, los responsables de web infractoras retiran los contenidos voluntariamente al saber que están siendo investigados por la Sección Segunda.

Desde la creación de la Sección Segunda, el número global de webs afectadas por las acciones de la CPI asciende a 466, y de esas 466 webs afectadas/requeridas, todas menos 32 han retirado los contenidos ilícitos tras la resolución definitiva; esto supone que el 93,13% de las webs requeridas han retirado los contenidos infractores.

Dentro de estas cifras se incluyen 114 casos de ceses completos de actividad desde 2011.

Para la Coalición de Creadores otro dato a destacar es que la labor de Sección Segunda ha permitido reducir en este último año en España la audiencia de páginas pirata: en 2017 había 19 webs pirata entre las 250 más visitadas de nuestro país, y en 2018 son sólo 13 páginas pirata en esa lista.

En 2018, el Ministerio de Cultura y Deporte imponía la primera sanción económica a una web pirata por infringir la Ley de Propiedad Intelectual (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), una sanción que ha conllevado el pago de una multa de 375.000 euros y el cierre por un año de la web infractora.

Hay que recordar que el propio José Guirao en su toma de posesión como titular de esta cartera dejó claro “la tolerancia cero que vamos a tener con la piratería digital, así como la defensa de los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de mejorar la retribución de los autores”.

Los avances que España está logrando en el terreno de la defensa de los derechos de propiedad intelectual en Internet son cada vez reconocidos en todo el mundo.

Dos ejemplos: el Informe Anual Special 301 Report del Departamento de Comercio estadounidense, dado a conocer el pasado 28 de abril de 2018, o el informe The roots of innovation de la US Chamber of Commerce, destacan la política española en materia de propiedad intelectual.