El Juzgado de Primera Instancia 41 de Barcelona, del que es titular el magistrado Jesús Arangüena, ha declarado que no hay «prueba alguna» que permita afirmar que Societat Civil Catalana (SCC) exalta el franquismo o el nazismo en una sentencia en la que condena a cinco organizaciones y a un particular por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la entidad.
En una sentencia, el juez condena a las entidades Comissió de la Dignitat, Amical de Mauthausen, SOS Racisme de Catalunya, Fundació Privada Congrés de Cultura Catalana, Fundació Catalunya y Marcus Pucnik a indemnizar con 15.000 euros a SCC y a publicar a su costa en ‘La Vanguardia’ el encabezamiento y fallo de la sentencia.
SCC les demandó por un manifiesto del 30 de octubre de 2015 en el que expresaban su «preocupación por las pruebas y investigaciones que vinculan SSC con organizaciones de extrema derecha, y por las informaciones publicadas en los medios de comunicación que relacionan SCC y su expresidente Josep Ramon Bosch con el franquismo y el nazismo».
En el documento, también solicitaban al jurado del Parlamento Europeo que anulara el Premio Ciudadano Europeo 2014 concedido a SCC considerando que «la apología del franquismo, del nazismo son incompatibles con valores de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea».
El juez señala que esta solicitud, así como que las entidades demandadas indicaran en el manifiesto que no se pueden defender los crímenes del nazismo y el franquismo, ni exaltar estos regímenes, «suponen un ataque injustificado que vulnera el derecho al honor» de SCC al vincularla a tales conductas.
Determina que no se aprecia «prueba alguna que permita afirmar que SCC defiende los crímenes contra la humanidad del nazismo y el franquismo; o que hace exaltación del nazismo y del franquismo; o apología del nazismo y el franquismo».
SCC también demandó a los entonces eurodiputados y firmantes del manifiesto Josep Maria Terricabras, Ernest Maragall, Ramon Tremosa, Jordi Sebastià, Josu Juaristi y Lidia Senra, pero el Juzgado les excluyó del caso en base a su inmunidad parlamentaria. EP.
