Piden al Tribunal de Cuentas que abra un procedimiento para que Puigdemont y sus exconsejeros devuelvan el dinero destinado al referéndum, un gasto que consideran "ilícito" puesto el Constitucional había anulado aquel referéndum.
Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución denuncian a Puigdemont ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O
Los cifran en casi 90 millones de euros
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19/12/2018 14:02
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Actualizado: 19/12/2018 20:02
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Las asociaciones Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han denunciado ante el Tribunal de Cuentas al expresidente catalán Carles Puigdemont y a sus 13 exconsejeros por los gastos de la organización del referéndum ilegal del 1-O, que ambas entidades cifran en 1,97 millones de euros de fondos públicos.
Además, en su escrito señalan que el Estado también resultó perjudicado por esta convocatoria ilegal «por los gastos de desplazamiento, manutención y estancia del contingente desplazado de fuerzas y cuerpos de seguridad», que elevan a más de 87 millones de euros.
Estas dos asociaciones también denunciaron al expresidente de Cataluña Artur Mas ante el Tribunal de Cuentas por la consulta ilegal del 9 de noviembre 2014.
El pasado 12 de noviembre, el Tribunal de Cuentas condenó a Mas y a 9 exmiembros de su Govern a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en organizarla y celebrarla.
El resto de condenados son los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
‘FINALIDAD ILÍCITA Y AJENA A LA FUNCIÓN PÚBLICA’
En caso de admitirse a trámite la denuncia contra Puigdemont y sus exconsejeros, el artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece el nombramiento de un instructor entre cuyas obligaciones está la de calcular una «liquidación provisional» del alcance contable y requerir a los presuntos responsables que «depositen o afiancen» ese importe provisional más intereses «bajo apercibimiento de embargo», que se ejecutará si no consignan la cantidad que en esa primera estimación de daños se les reclame.
Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución manifiestan en el escrito que éstos «aplicaron recursos públicos que gestionaban a una finalidad ilícita, ajena a la función pública, extraña a los fines públicos legalmente confiados a la Generalitat de Cataluña, y que ya había sido declarada ilegal en numerosas resoluciones del Tribunal Constitucional y en las actuaciones judiciales seguidas contra los denunciados», como las diligencias abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat).
Resumen la actuación del Gobierno de Puigdemont los meses anteriores a la celebración del referéndum, enumeran las leyes y decretos aprobados en contra de las resoluciones del Constitucional, y concluyen que la investigación penal que se ha llevado a cabo, tanto en el Tribunal Supremo como en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona «ha permitido averiguar y descubrir parte de los gastos públicos realizados o comprometidos».
Subraya que el auto de procesamiento del juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, cifraba provisionalmente estos gastos en algo más de 1,6 millones y los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de cara al juicio, en 1.971.601 euros.
Además de repasar los gastos previstos por la Generalitat para la celebración de la consulta ilegal, tal y como ha reflejado la investigación del Supremo, incluyen en su denuncia el despliegue que tuvo que llevar a cabo el Gobierno cuando «se vio en la necesidad de desplazar a Catalunya un dispositivo de 6.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sin perjuicio de que se organizaron relevos».
Recuerdan una comparecencia del exministro del Interior Juan Ignacio Zoido en el Senado en la que afirmó que el Ejecutivo habían destinado 87.103.355 euros a «sufragar el coste total del amplísimo despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña».
Según desglosó entonces el ministro, el mayor gasto correspondió a las dietas de los agentes, que ascendieron a 43,3 millones, otros 26,5 millones se destinaron a fletar y mantener el servicio de los tres ferrys atracados en los puertos de Barcelona y Tarragona donde se alojaron los policías desplazados», y «queda aún por averiguar el gasto en el traslado de los agentes y los complementos de productividad».
Indican que es «obvio» que el desplazamiento del contingente obedeció a una decisión adoptada por el Gobierno y que los gastos de desplazamiento, manutención y estancia asociados fueron financiados con fondos públicos de la Administración del Estado, y no del ente público que gestionaban los denunciados.
Y añaden que «también lo es que el despliegue del dispositivo de seguridad y el gasto público asociado que soportó el Estado, por lo que a ellos debe imputarse la responsabilidad del daño ocasionado a las arcas públicas estatales».
Hacen hincapié en que Puigdemont y los demás miembros de su gobierno eran «plenamente conscientes de la ilegalidad del referéndum que organizaron y financiaron, y actuaron con pleno conocimiento de que la finalidad de los gastos que se ordenaban o autorizaban con la convocatoria era contraria al orden jurídico, constituyendo por tanto una actuación dolosa generadora de responsabilidad contable».
Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución solicitan al Tribunal de Cuentas que requiera a la Generalitat toda la documentación contractual y financiera utilizada para la convocatoria del referéndum, así como la certificación de los gastos y pagos que se realizaron en cada departamento.
Entre las diligencias que proponen, está que se reclame a la Secretaría de Estado de Hacienda para que remita toda la documentación que la Generalitat fue emitiendo a petición del Ministerio sobre sus gastos cuando el Gobierno impuso el control de las cuentas.
A Interior le pide que certifique la cuantía de los gastos sufragados por el despliegue policial, y al Supremo y al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona los sumarios de la investigación del ‘procés’.
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