La exconsejera Joana Ortega, el expresidente autonómico catalán y la exconsejera Irene Rigau durante el juicio en el TSJCat por esta consulta ilegal celebrada en 2014. Foto: EP
El Tribunal de Cuentas condena a Mas y a 9 exmiembros de su Govern a pagar 4,9 millones de euros por el 9-N
ENTRE los condenados también están Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega
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12/11/2018 13:20
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Actualizado: 13/11/2018 02:23
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El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a 9 exmiembros de su Govern a pagar 4,9 millones de euros por su responsabilidad contable en el desembolso del dinero que gastó la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta ilegal del 9 de noviembre 2014.
Entre los condenados también están también los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. El Tribunal de Cuentas los considera responsables contables, así como a Luis Bertrán Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignaci Genovés, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
Deberán hacer frente al pago de forma conjunta y solidaria.
A Mas se le hace responsable de los 4.946.788,16 euros y al resto se les ha imputando importes en función de su papel en el 9N.
Artur Mas y los exconsejeros Homs, Ortega y Rigau ya han anunciado que «no aceptan en ningún caso» la sentencia, y que la recurrirán. Consideran que esta sentencia es «una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas», según han dicho en un comunicado conjunto.
Este procedimiento se abrió a raíz de una denuncia presentada por ‘Societat Civil Catalana’ y la ‘Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución’ por considerar que, aunque Mas y tres exconsejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta, no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
EL FALLO
El Tribunal de Cuentas otorga a Artur Mas la principal responsabilidad, ya que considera que tendría que responder por todos en caso de que el resto no pudiera hacer frente al reembolso.
El exconsejero de Presidencia Francesc Homs debe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.
Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán.
A Ortega la considera también responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014.
Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la exdirectora de Servicios de Gobernación Josefina Valls.
Para los magistrados, la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios.
Todo ello, por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.
Jordi Vilajoana, que era asesor del expresidente, y el exdirector general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.
El Tribunal de Cuentas sentencia, además, al exdirector del DOGC Jaume Domingo por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta.
LA FISCALÍA Y LA ABOGACÍA DEL ESTADO SE SUMARON A LA ACCIÓN PÚBLICA
El juicio en el Tribunal de Cuentas se celebró el pasado 10 de octubre, un año después de que éste impusiese una fianza total de 5.251.948 euros para garantizar que se reintegre a las arcas públicas el dinero gastado en la consulta.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se sumaron a la petición de la acción pública ejercitada por ‘Societat Civil Catalana’ y la ‘Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución’, que solicitaron que Mas, Rigau, Homs y Ortega fuesen condenados a reintregrar el dinero que se fijó como fianza caulelar.
Por su parte, los abogados que ejercen la defensa de Artur Mas y estos tres exconsejeros aseguraron que todos los expedientes de contratación fueron “impecables”, se firmaron dentro de la legalidad, y pidieron el archivo de las actuaciones.
EL TSJCat DESCARTÓ QUE FUERAN JUZGADOS POR PRESUNTA MALVERSACIÓN
Homs es el único de ellos que ha cumplido la condena por el 9-N, en su caso dictada por el Tribunal Supremo.
Fue sentenciado a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave cometido por autoridad o funcionario público. La Fiscalía pedía 9 años de inhabilitación. El exconseller presentó un recurso de amparo contra la sentencia, que fue admitido a trámite.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó en octubre de 2016 enviar a juicio a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por los presuntos delitos de desobediencia grave y prevaricación, si bien descartó el de malversación, que acarrea penas de cárcel.
El TSJCat condenó a dos años de inhabilitación a Mas por desobedecer al Tribunal Constitucional con esta consulta; y a Ortega y Rigau a un año y nueve de meses de inhabilitación y a un año y seis meses, respectivamente, como colaboradoras necesarias.
Los tres recurrieron al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado. La vista se celebró el pasado 6 de noviembre.
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