La exconsejera Joana Ortega, el expresidente autonómico catalán y la exconsejera Irene Rigau durante el juicio en el TSJCat por esta consulta ilegal celebrada en 2014. Foto: EP
SCC sitúa a Homs como el cerebro del 9-N y pide que devuelvan todo lo gastado en esa consulta ilegal
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han sumado a su demanda de que la fianza caulelar de 5,2 millones que se fijó para Mas y tres exconsejeros sea definitiva
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11/10/2018 16:42
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Actualizado: 11/10/2018 16:42
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«El 9-N fue un enmascaramiento de la consulta inicial anulada por el Constitucional, y la ilegalidad presupuestaria, su consecuencia necesaria porque se gastaron fondos públicos en un acto de soberanía ajeno a la función pública».
Así lo ha sentenciado hoy el letrado de Sociedad Civil Catalana (SCC) Manuel Zunón en la última sesión del juicio contra el expresidente catalán Artur Mas y varios miembros de su equipo en el Tribunal de Cuentas por los gastos de esa consulta ilegal celebrada en 2014.
El juicio, que arrancó el pasado martes con la declaración de Mas, de la exvicepresidenta catalana Joana Ortega, el exconsejero de presidencia Francesc Homs y de la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau, se ha cerrado este jueves con la lectura de las conclusiones de las partes.
El procedimiento se abrió a raíz de una denuncia presentada por Societat Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución por considerar que, aunque Mas y tres exconsejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta, no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado se han sumado a la petición de la acción pública ejercitada por ambas asociaciones que solicitan que Mas, Rigau, Homs y Ortega sean condenados a reintregrar los 5,2 millones que se fijaron como fianza caulelar.
Por su parte, los abogados que ejercen la defensa de Artur Mas y estos tres exconsejeros han asegurado que todos los expedientes de contratación fueron «impecables», se firmaron dentro de la legalidad, y han pedido que se archiven las actuaciones.
SOCIETAT CIVIL CATALANA PONE EL FOCO EN LA COMPRA DE 7.000 PORTÁTILES
El letrado de SCC Manuel Zunón, que ha comparecido durante una hora, ha ha situado a Homs como «el cerebro logístico del 9-N, el jefe de la consulta».
Además, ha puesto el foco en la compra de cerca de 7.000 portátiles por 2,8 millones de euros que se estrenaron en las mesas de votación y luego se asignaron a colegios, según la exconsellera de Educación, Irene Rigau, porque ese era el fin para el que se adquirieron.
Sin embargo, Zunón ha destacado que «existen razones sólidas y evidentes de la adquisición de estos ordenadores fue expresamente para dar apoyo logístico a la consulta sin perjuicio de que después ese material sobrante se colocara donde se quisiera».
Según ha expuesto, «el número de portátiles que se compró coincide con el número de mesas de votación»; «existe clara conexión de fechas» entre la convocatoria del 9N y la orden de compra; la partida «procedía de dos transferencias de crédito» del dinero habilitado para la primera consulta suspendida; y, además, que «no se acreditó en ningún documento» que hubiera colegios demandando esos ordenadores.
«Son indicios que claman al cielo», ha subrayado el letrado.
Asimismo, ha indicado que «no hubo una malversación de uso, sino que se invirtieron 2.8 millones de euros para comprar algo que no se necesitaba para la función publica, sino para la consulta» y que no basta con llevar los ordenadores a colegios para reparar el daño.
«Si el ente público lo que recibe como indemnización son los bienes adquiridos por el responsable contable, se consolida la arbitraria elección de necesidades que hizo un gestor desleal y eso es inadmisible», añade.
Respecto al resto de expedientes de gasto ha apuntado que «estaban todos ordenaditos», lo que, a su juicio, refleja que «los controles internos que intentan garantizar el acierto y la legalidad de las políticas de gasto fallaron y los funcionarios que intervinieron no supieron, no quisieron o no se atrevieron a impedir que sus jefes malgastasen 5 millones de euros».
LA FISCALÍA Y EL ABOGADO DEL ESTADO PIDEN QUE AFRONTEN LA RESPONSABILIDAD CONTABLE
El Ministerio Fiscal, representado por el fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha dicho que para el 9-N «no existe gasto dirigido a un fin público, sino a una finalidad política fuera de los cauces legales de la Administración», cosa que, en su opinión, «se puso de manifiesto en el interrogatorio» a los cuatro principales demandados por responsabilidad contable.
«El hecho de que se haya pagado a los contratistas los servicios que se solicitaron y se generaron estas obligaciones, aunque son nulas de pleno derecho, es más, inexistentes porque se está actuando por la vía de hecho; no exime a la Administración de exigir las correspondientes responsabilidades a los gestores que han actuado al margen del procedimiento. Es un elemento fundamental que se haya hecho este gasto y lo que permite la exigencia de la responsabilidad contable», ha manifestado.
En ese mismo sentido se ha pronunciado el abogado del Estado, Javier Borrego, que ha afirmado que «el 9-N generó un menoscabo claro a las arcas públicas».
Ha destacado que el 9-N «fue un auténtico referéndum y produjo unas consecuencias de menoscabo a los caudales públicos» que «no admite ya discusión», porque se han utilizado fondos «para un fin absolutamente contrario a todas las normas» y, por tanto, sus promotores han incurrido en una responsabilidad contable que, en su opinión, deben afrontar restituyendo a la Generalitat todo el dinero empleado.
Además, ha ensalzado la labor de Societat Civil Catalana y de la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución por «haber sabido utilizar» el precepto de la ley que regula la responsabilidad contable cuando «los sabios que hicieron 200 páginas no se dieron cuenta», en relación a la sentencia penal por el 9N.
Por último, el abogado del Estado ha celebrado haber estado en el juicio «en ausencia de los servicios jurídicos de la Generalitat», «pidiendo dinero para ellos».
LAS DEFENSAS PIDEN QUE SE ARCHIVEN LAS ACTUACIONES
Por su parte, la defensa de Artur Mas y Joana Ortega, ejercida por el abogado Rafael Entrena, se ha remitido a que este asunto ya fue juzgado vía penal, donde se «analizó y descartó» el delito de malversación, y ha dicho que, a su juicio, «esto a Sociedad Civil le sabe a poco y quiere una condena adicional» pero, además, que ha apreciado que tras la acusación hay un «mensaje político».
Además, ha lamentado que «se sube a ese tren» la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.
También la letrada del exconseller Homs, Montserrat Rosell, ha asegurado que no hubo responsabilidad contable ni menoscabo en las arcas públicas, mientras que la abogada de la exconsejera de Educación, Gracia Llacer Muñoz, no considera razonable que Rigau «pague de su bolsillo» los 2,8 millones que costaron los 7.000 ordenadores cuando están siendo utilizados por los colegios de Cataluña.
Ha alegado que, en todo caso, si se encuentra algún tipo de responsabilidad contable se tome como referencia el coste que supone el uso de esos ordenadores durante los días de votación, no su precio de compra.
El Tribunal de Cuentas ya impuso en septiembre de 2017 una fianza de 5,2 millones de euros a los denunciados, el importe estimado de la posible responsabilidad contable, y les embargó bienes inmuebles para garantizar el pago, incluida una vivienda propiedad de Artur Mas, que podrá perder si finalmente sentencia que no hicieron la gestión debida de los fondos públicos que tenían a su cargo.
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