El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acaba de anular la decisión del Parlamento Europeo de 8 de abril de 2022 de negar el acceso a ciudadanos a documentos relacionados con un eurodiputado condenado por la Justicia.
Dicha información estaba relacionada con el reembolso de gastos de viaje y las dietas de estancia abonadas por el Parlamento.
El TGUE considera que, en este caso, aunque se vea afectado el interés legítimo en la protección de la intimidad y la integridad de la persona, ha de darse prioridad al derecho de acceso del público a los documentos de las instituciones. El objetivo es contribuir a la transparencia.
No obstante, el Tribunal ha desestimado el recurso en lo que respecta a datos personales relativos al salario porque es de libre acceso público en la web del Parlamento Europeo.
El caso es el asunto T-375/22
Pues bien, según se explica, el origen el caso tiene lugar cuando el 2 de julio de 2019 Ioánnis Lagós asumió sus funciones como diputado europeo tras haber sido elegido en Grecia. Pero un año después, el 7 de octubre de 2020, el Tribunal de Apelación de Atenas le condenó a 13 años y 8 meses de prisión por pertenencia y dirección de una organización criminal.
De modo que el Parlamento Europeo, a petición de las autoridades griegas, suspendió la inmunidad de Lagós el 27 de abril de 2021. Y pese a su condena penal, la suspensión de inmunidad y su encarcelamiento, no dimitió. Su condena no ha conllevado una comunicación por parte de las autoridades griegas al Parlamento que tenga por objeto la anulación de su mandato.
Y fue el 7 de diciembre de 2021 cuando tres ciudadanos, Luisa Izuzquiza, Arne Semsrott y Stefan Wehrmeyer, pidieron al Parlamento los citados documentos.
Pretendían obtener información que les permitiera conocer los importes concretos concedidos por el Parlamento a Lagós y determinar si estas cantidades, incluidas las relativas a sus gastos de asistencia parlamentaria, habían contribuido, directa o indirectamente, a financiar o a perpetuar actividades delictivas o ilegales. Pero se negaron.
El TGUE es la primera instancia
Contra las resoluciones del TGUE puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución.
Hay que recordar que el TGUE tiene competencia para conocer en primera instancia determinados recursos directos impuestos por personas tanto físicas como jurídicas, los recursos de los Estados miembro contra la Comisión, los recursos de los Estados miembro contra el Consejo, el recurso de indemnización por daños, los que estén basados en una cláusula compromisoria, determinados recursos del ámbito de la propiedad intelectual y los litigios de los funcionarios de la Unión contra esta en temas de materia laboral y de Seguridad Social.
